Defensor del Pueblo presentó informe tras 2 meses de hechos violentos: Llama a repudiar crímenes de odio (+Video y PDF)

Tarek William Saab. Foto: Juan Carlos La Cruz, AVN

Tras 2 meses de manifestaciones violentas ocurridas en el país, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ofreció un informe elaborado por su institución, denominado “en defensa de la paz y por la verdad”, en el que ofrece un balance y una serie de recomendaciones en torno a los hechos ocurridos. Han contabilizado 52 personas muertas en el contexto de las protestas, y otras 13 en el contexto de saqueos.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Descargue el Informe de la Defensoría del Pueblo – Protestas Abril-Mayo 2017 (PDF) 

El informe, que tiene más de 100 páginas, desglosa todos los casos existentes de personas fallecidas o asesinadas, así como las que han sufrido lesiones y los daños materiales de diferente tipo, y se entregará a todos los poderes públicos nacionales, a la comunidad internacional y organismos multilaterales.

Informó que, en abril y mayo, en el marco de las situaciones de violencia, la Defensoría del Pueblo ha realizando 1.889 acciones defensoriales.

“Hemos contabilizado 52 personas fallecidas en el contexto de las protestas y manifestaciones. Adicionalmente, hemos sumado a 13 ciudadanos que han fallecido en el contexto de saqueos a locales comerciales y actos vandálicos. He querido, de manera muy responsable, hacer este desglose”. Transmitió a familiares y amigos de las víctimas sus condolencias el más sentido pesar y el acompañamiento a todo el pueblo de Venezuela en las funciones que le competen, en pro de la paz y los derechos humanos.

“Nos llama la atención que, de estos eventos mencionados, el 78 por ciento de los sucesos donde han ocurrido muertes se concentran en 5 estados del país: Barinas, Lara, Miranda, Táchira y Carabobo. Nos da una cifra del 78 por ciento de los 52 fallecidos”.

De las personas que han fallecido durante los saqueos, 12 han ocurrido en el municipio Libertador, parroquia El Valle, y uno en Valencia. En El Valle, 9 personas murieron intentando asaltar una panadería y 3 por armas de fuego en el contexto de los actos vandálicos.

35 funcionarios de seguridad detenidos

Señaló que hay 10 personas fallecidas por acciones de funcionarios del Estado. Tres involucran a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, dos a la Policía Nacional Bolivariana, dos a la Policía estadal de Carabobo, uno a la de Táchira, uno a la de Bolívar y uno a la policía municipal de Sucre. En este sentido, hay 35 efectivos detenidos o solicitados.

Sobre el caso lamentable de Juan Pablo Pernalete, realizó “una solicitud integral al Sistema de Justicia Integral, para que culminen de manera oportuna, objetiva, independiente, imparcial, las investigaciones preliminares, y que en base a las experticias y escena del crimen, se determine verazmente quienes fueron los responsables del hecho, finalmente reconocido, y cada uno de ellos imputados o precalificados en función de las experticias”.

Tarek William Saab. Foto: Juan Carlos La Cruz, AVN

Sobre los funcionarios policiales o militares asesinados: 3 fallecidos eran funcionarios de los cuerpos de seguridad. Uno era miembro de la GNB, asesinado en San Antonio de Los Altos, y dos eran miembros de la policía del Estado Carabobo, uno asesinado en el municipio San Joaquín y el otro en el municipio Naguanagua.

Indicó que cinco personas fallecieron en accidentes por obstrucciones en las vías, y dos fueron atacadas con armas de fuego en barricadas. “Ayer se sumó uno más: el juez 48 de control del Área Metropolitana de Caracas, Nelson Moncada Gómez, de 37 años, fue asesinado a balazos intentando cruzar una barricada en el Paraíso. Esto también debe tener investigación sanción y responsables, porque se supone que una barricada implica obstrucción de vías públicas y violenta el derecho a la manifestación pacífica”.

Indicó que hay 3 personas víctimas de disparos desde edificios, en el contexto de manifestaciones públicas: 2 de ellas en el estado Mérida y otra en San Cristóbal, estado Táchira. En el caso de Mérida, “era una concentración pública de empleados de la gobernación del estado Mérida”.

Repudio a los crímenes de odio

En cuanto a crímenes de odio: “para la Defensoría del Pueblo, esto es un asunto que involucra a toda la sociedad en su conjunto, incluyendo al liderazgo político tanto del gobierno como de la oposición”.

Recordó que un crimen de odio “tiene lugar cuando una persona ataca a otra, motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social. Sonconductas violentas motivadas por prejuicios que pueden estar dirigidos hacia las personas por su sexo, raza, etnia, religión, identidad de género, nivel socioeconómico, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad u orientación sexual”.

Explicó que al menos tres personas han sido asesinadas por crímenes de odio en el contexto de las protestas:

• Almelina Carrillo Virgüez, quien falleció por una botella de vidrio con agua congelada lanzada desde un edificio contra una manifestación pro-gobierno en La Candelaria.
• Pedro Josué Carrillo, fue secuestrado y asesinado en el estado Lara. Su cuerpo fue encontrado carbonizado y con un disparo en la oreja derecha en Barquisimeto.
• Danny José Subero, teniente de la Guardia Nacional Bolivariana retirado. Fue linchado y asesinado el 27 de mayo en Valle Hondo.

También señaló que un numeroso grupo de venezolanas y venezolanos han sufrido 17 brutales agresiones por multitudes violentas, agrupadas en espacios públicos, han usado palos, piedras, gasolina, objetos contundentes, puños, patadas, armas blancas e incluso armas de fuego para intentar asesinar a ciudadanos y ciudadanas por portar un uniforme personal o militar, ser confundido con funcionarios públicos o por su tendencia pro-gubernamental, entre otras razones.

Pidió rechazar estos hechos sin excepción. Denunció que hay un público minoritario pero extremadamente violento, que apoya estos linchamientos criminales.

Señaló que, ni de un lado ni del otro se pueden permitir crímenes de odio. Estos deben ser vigilados y sancionados por el Sistema de Justicia con la misma fuerza en la que se han detallado los casos anteriores, a pesar de no tener la debida atención de los medios internacionales o de algunos medios nacionales.

Indicó que hay 4 casos de fallecidos por armas caseras o no convencionales, usando metras, rolineras o esferas metálicas como munición. Mostró su preocupación de que ninguno de estos casos, hasta el momento, tengan detenidos ni haya conclusiones en las investigaciones preliminares.

También señaló que veinte de los 52 fallecidos han sido asesinados por armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, y de esos veinte, sólo dos tienen detenidos.

Al menos 16 fallecidos murieron sin siquiera estar participando en ninguna manifestación, indicó Saab.

Lesionados

Señaló que hay 1.119 personas lesionadas, entre ellos civiles, personas que no manifestaban, 340 heridos y lesionados que son miembros de cuerpos de seguridad del Estado.

Hay 172 funcionarios policiales, de los cuales 164 fueron lesionados con objetos contundentes, hay 6 heridos con armas de fuego y dos con artefactos explosivos.

Hay 146 heridos de la GNB lesionados con objetos contundentes y 22 heridos con armas de fuego.

Justicia civil y militar

Sobre el controversial tema de las personas que están siendo juzgados en tribunales militares, recordó que el Código Orgánico de Justicia Militar, en su artículo 123, establece que la jurisdicción militar comprende las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente.

Recordó que delitos como el ataque al centinela, que aparece en el artículo 501, o el ataque a instalaciones militares ―que incluye los reiterados ataques de la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota; el ataque al cuartel de la unidad de Batería de Morteros en el pueblo La Grita, estado Táchira el 17 de mayo, entre otros―, indicó que “la jurisdicción militar debe limitarse a delitos de naturaleza militar según los artículos mencionados, cometidos por civiles o militares, siempre y cuando no se trate de delitos de derechos humanos o de lesa humanidad, en cuyo caso deben ser juzgados por tribunales ordinarios”.

También recomendó la institución que preside que, en caso de delitos militares cometidos por civiles pero también tipificados en el Código Penal, “en nuestro criterio, cuando ocurre esto, debe prevalecer la jurisdicción penal ordinaria”.

Recomendaciones

Ofreció una serie de recomendaciones ante los hechos, entre ellas “interpelarnos a todos los venezolanos y venezolanas sobre el modo en el que estamos dirimiendo nuestras diferencias y, relacionada con el modelo de sociedad que aspiramos. La confrontación violenta debe ser execrada de todas sus formas como mecanismo de expresión, pues solo trae como saldo el luto, sufrimiento y la degradación social”.

Saludó el anuncio del Poder Electoral de convocar en los próximos seis meses a dos trascendentales eventos electorales (las elecciones de gobernadores y las elecciones de constituyentes).

Instó a toda la población y en especial a los líderes políticos, a condenar de forma categórica los crímenes de odio ocurridos entre abril y mayo, tanto los ocurridos en Venezuela como en el exterior contra ciudadanos venezolanos, producto de la exacerbación de una pugnacidad política que estamos obligados ética y moralmente a detener. Proponemos a las educaciones educativas, la Iglesia y los medios de comunicación social desarrollar una masiva campaña en pro de la tolerancia y el respeto a la diversidad.

“También pidió a la ciudadanía abstenerse de distribuir por redes sociales mensajes que promuevan el odio y la discriminación, evitando en las declaraciones públicas el uso de epítetos y generalizaciones que estigmaticen a personas e instituciones”, señaló.

Instó a los cuerpos de seguridad, policiales y militares para que “cumplan con su deber de proteger los derechos humanos de quienes participen en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, manteniendo estricto apego a los estándares nacionales e internacionales sobre el uso progresivo, proporcional y diferenciado de la fuerza, manteniendo en todo momento una actuación que garantice el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana”.

También llamó a los directores y supervisores de unidades policiales y militares que controlan el orden público, que realicen inspecciones detalladas y de manera regular de los equipos y funcionarios que se seleccionen para intervenir en reuniones públicas y manifestaciones, para asegurar que no porten ni oculten materiales ni equipos que sean prohibidos, y velar que tengan la formación necesaria para aplicar las normas y estándares para aplicar los derechos humanos.

Disparos de metras por funcionarios de Polianzoátegui

Saludó el llamado hecho por el Presidente Nicolás Maduro para prohibir el uso de escopetas con perdigones en alteraciones del orden público en todo el país. Sin embargo, en el estado Anzoátegui ocurrió un suceso donde murió el joven César Pereira. En ese momento, el dispositivo lo tenía la PNB y la GNB, y de manera totalmente ajena, un grupo de 4 funcionarios de PoliAnzoátegui llegan y hacen disparos con una escopeta.

Saab solicitó que el funcionario sea separado de su cargo, esté a la orden de su comando y se hagan las experticias de rigor. “Sabemos que el hecho ocurrió a 68 metros. Hay investigaciones en marcha; nosotros no precalificamos”. Sin embargo, se observó que ocurrió una situación que no debe ocurrir: “Si el dispositivo lo lleva la PNB o la GNB, no deben estar policías estadales o municipales”.

Exigió a los cuerpos de seguridad no usar la fuerza contra las personas que se retiran o caen mientras corren, o no participan en actos violentos, excepto las estrictamente necesarias para efectuar una aprehensión en caso de flagrancia en la comisión de un delito. Insistióen la prohibición de cualquier forma de tortura o tratos crueles yy degradantes.

Gases lacrimógenos

También llamó a que, en el caso de tener que usar gases lacrimógenos, se extremen las precauciones para que su uso sea estrictamente localizado y se evite su difusión y extensión en la cercanía de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias: hospitales, escuelas, liceos, geriátricos, espacios públicos confinados y sitios cerrados.

Exigió abstenerse de propulsar las bombas lacrimógenas en forma directa contra las personas.

Celeridad en la justicia

Hicieron un enérgico llamado al sistema de justicia para acelerar las investigaciones y sanciones, cumplir los trámites y fases del debido proceso judicial, garantizar el derecho a la defensa, prevenir y sancionar torturas y hechos crueles, inhumanos o degradantes y garantizar que las víctimas reciban el trato digno y la atención especializada que merecen.

“Lamentamos que no se hayan adelantado investigaciones ni imputaciones a los responsables de obstaculizar vías y colocar barricadas, aún cuando la colocación de dichos espacios y la vandalización de los espacios públicos se vincula como causa de muerte en al menos una decena de víctimas”, enfatizó. Exigió que a estos casos se les dé la celeridad policial que se merecen.

Tanmbién exigió respeto a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía del país.

La Defensoría de Pueblo también se ofrece para un papel de mediadores y conciliadores entre las partes, y reiteró que no se prestará para una circunstancia de golpe de estado institucional, ni para la pugnacidad de uno u otro factor.