El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, anunció este jueves la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Los funcionarios adscritos a esta instancia en Caracas deben abandonar el país en 72 horas.
Texto: VTV y Alba Ciudad
A través de un comunicado oficial, el Gobierno nacional destacó: “Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
El pasado 13 de febrero, esta instancia de la ONU afirmó públicamente que la abogada Rocío San Miguel, detenida por cuerpos de seguridad al estar presuntamente involucrada en los hechos conspirativos conocidos como “Brazalete Blanco”, tenía un paradero “desconocido”, lo que podría calificar su detención (según ellos) como “desaparición forzada”, por lo que instaban “a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.
Al respecto, Gil señaló que la Oficina Técnica de Asesoría adopta una posición alineada a la extrema derecha venezolana y a personas que han pretendido generar violencia generalizada en Venezuela; igualmente, resaltó que la oficina del ACNUDH, “no puede ampararse en opiniones personales y subjetivas sobre hechos, que pongan en tela de juicio el correcto accionar de las instituciones”.
A continuación, el comunicado completo:
Venezuela anuncia suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH en Caracas
La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días, razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país.
Desde la firma de la referida Carta de Entendimiento, la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad.
Frente a este impropio actuar, las instituciones venezolanas han procedido con paciencia y por la vía del diálogo, procurando una y otra vez reconducir el accionar de la Oficina del Alto Comisionado hacia el respeto a la verdad, la legalidad internacional y las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.
Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino, en un contexto de total impunidad favorecido por la inacción de esta burocracia internacional, que sin condenar estos hechos ni solicitar un alto al fuego inmediato, se mantiene pávida e inerte ante el asesinato de más de 10.000 niños palestinos.
En cambio, esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones.
Con este desempeño, propio de las fórmulas de colonialismo judicial, la Oficina del Alto Comisionado no solo vulnera la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sino, además, incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela y en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU, según las cuales el Alto Comisionado tiene el deber de «respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados».
Venezuela hace un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos.
Caracas, 15 de febrero de 2024