El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención del ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Víctor Aular, por el desfalco de 4 mil 850 millones de dólares mediante un contrato de préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito suscrito en 2012.
Texto y Foto: Ministerio Público
En este sentido, mencionó que el pasado martes 30 de agosto recibió una denuncia por parte del ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Tarek El Aissami, en la cual aparece vinculado el exministro Rafael Ramírez Carreño.
Al respecto, expuso que Ramírez recibió una comunicación de la Sociedad Mercantil Administradora Atlantic 17107 en la que se le presentó una propuesta de financiamiento de capital de trabajo para Pdvsa, por la cantidad de 17 mil 490 millones de bolívares, por un plazo de 24 meses, siendo aprobado éste el 6 de marzo en asamblea extraordinaria y suscrito en fecha 12 de marzo del año 2012.
Tres días después, el 15 de marzo la Sociedad Mercantil Administradora Atlantic 17107, C.A. cedió el cobro de esta línea de crédito a las empresas Welka Holdings Limited y Violet Advisors, S.A., las cuales lo cobrarían en dólares, y a las cuales se les pagó a través de 28 transferencias bancarias, desde el 20 de marzo de 2012 al 29 de enero de 2013.
Según la denuncia del ministro El Aissami, el dinero de esa línea de crédito en bolívares nunca entró a Pdvsa, y el primer desembolso en dólares se hizo el 20 de marzo, apenas 8 días después de firmado el acuerdo de financiamiento.
Saab manifestó que en vista de la información y las pruebas recibidas, designó a dos fiscales para apertura de esta investigación. Asimismo, indicó que el 30 de agosto se solicitó orden de aprehensión en contra de los ciudadanos Rafael Ramírez Carreño, Juan Andrés Wallis Brandt, Víctor Aular Blanco, Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas, Abraham Ortega Morales y Leopoldo Alejandro Betancourt López.
Además, refirió que se solicitaron nueve órdenes de allanamiento a propiedades y diferentes inmuebles vinculados a los investigados, las cuales fueron acordadas por el Tribunal 4° de Control. Adicionalmente, precisó que se pidieron medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes, bloqueo e Inmovilización de cuentas y demás Instrumentos financieros, así como la incautación de bienes.
Detenido
El Fiscal General explicó que ese mismo día, fue detenido el vicepresidente de Finanzas de Pdvsa para el momento de los hechos, Víctor Aular, y presentado ante el Tribunal 4° de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación.
Expuso que durante varios interrogatorios, el exfuncionario narró que Ramírez, en compañía de Nervis Villalobos, lo citó a su despacho en marzo de 2012 y le dio la instrucción de firmar el financiamiento. Aular explicó que esta operación, aunque en términos financieros y contables se podía justificar, era ilegal, ya que Pdvsa debía solicitar los bolívares que necesitara al Banco Central de Venezuela.
Saab indicó que el exfuncionario reveló que la empresa Atlantlic pertenecía a allegados de Ramírez, lo que demostraría que éste era el autor intelectual y material de esta operación de robo a la estatal venezolana y al país.
De acuerdo con lo expresado por Saab, Aular detalló que pasó una temporada de nueve meses en los Estados Unidos, en la cual se reunió varias veces con el exministro Ramírez cuando ejercía como embajador ante la Organización de Naciones Unidas, ocasión en que le pidió que lo ayudara a recabar material para justificarse en los casos de corrupción investigados por el Ministerio Público.
“En sus declaraciones, Aular reconoce y asume que tuvo responsabilidad en este desfalco que se hizo violando la legislación vigente y que él autorizó con su firma”, aseveró Saab.
El titular de la acción penal añadió que el ex vicepresidente preparó para Ramírez varias carpetas sobre casos de corrupción que estaban siendo judicializados al inicio de su gestión frente al Ministerio Público. Destacó que si el desembolso del desfalco se hubiera hecho en bolívares, se estaría igualmente ante una acción ilegal y lesiva para el patrimonio del país, por cuanto a que la compañía petrolera no podía realizarla, y debió entregar los dólares al BCV y recibir a cambio bolívares.
Adicionalmente, Aular expresó que en la ciudad de New York sostuvo una reunión con Nerbis Villalobos y con el ex alcalde prófugo Jonathan Marín. Una vez en Venezuela se reunió nuevamente con Jonathan Marín y la ciudadana Patricia Mundaraín, quienes requerían de su apoyo técnico para el montaje de una estructura financiera para la empresa Amunza S.A.
El Fiscal General precisó que Jonathan Marín le señaló a Aular que esa empresa era de su propiedad, pero por su condición de funcionario público no estaba a su nombre sino a nombre de la ciudadana Patricia Mundaraín, quien, aclaró, tiene también orden de aprehensión. “La finalidad de esa estructura era poder licitar y obtener la asignación de pozos petroleros en la República de Ecuador, donde tenían varios taladros petroleros operativos trabajando”, reveló Saab.
Puntualizó que las investigaciones por estos hechos están en marcha, debido a que apenas han transcurrido unas horas desde que se recibió la denuncia, “y miren ustedes todo lo que se ha logrado en cuestión de 48 horas”. La máxima autoridad del Ministerio Público resaltó que hasta la fecha se han develado 25 tramas de corrupción en la industria petrolera, en las cuales se han procesado 186 exfuncionarios y se ha condenado a 63 personas por corrupción.
Investigaciones contra Ramírez
El Fiscal General manifestó que Ramírez se encuentra investigado por el Ministerio Público en al menos nueve tramas de corrupción, entre las que se destacan el caso del buque Petro Saudí Saturn, un buque chatarra por el cual se pagó un contrato mil millonario para la explotación de gas costa afuera, aún cuando la mayor parte del tiempo estuvo inactivo.
Igualmente, un caso de malversación de fondos de Pdvsa con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015, en el cual también está investigado el expresidente de esta empresa Eulogio Del Pino.
Además, citó otra investigación por presuntas irregularidades en el Fondo de Pensiones de los Jubilados de Pdvsa, la cual fue abierta en agosto de 2018 por denuncias de los jubilados y pensionados del estado Monagas.
Asimismo, el caso de sobornos y lavado de dinero detectado en Andorra, que lo vincula directamente y lo coloca como el jefe de una organización criminal junto a su primo hermano Diego Salazar Carreño.
“A esta trama se suma el caso de la empresa española INGELEC, que tiene por objeto la fabricación de generadores de energía y habría pagado 2,7 millones de euros en comisiones a la estructura criminal liderada por Rafael Ramírez y su primo Diego Salazar”, continuó la máxima autoridad del Ministerio Público.
También mencionó el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, la cual manipuló dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos venezolanos, “el Factor K y los escaladores AGA, lo que pudo generar pérdidas de 5 mil millones de dólares al Estado venezolano desde el año 2009 hasta septiembre del 2017”, precisó.
En cuanto a los delitos precalificados para Ramírez, especificó se le imputa por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Por último, reiteró el titular de la acción penal que la institución que lidera apenas comienza esta investigación, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni que aparezcan nuevos nombres vinculado a esta trama.