Los migrantes venezolanos pasan la roncha pareja en Colombia

El gobierno colombiano adelanta su estrategia de seguir impulsando la salida de venezolanos. Foto: DW

Durante décadas el territorio venezolano fue receptor de migrantes de diversos países del mundo. Españoles, italianos, portugueses, rusos, chinos, árabes, chilenos, haitianos, peruanos, bolivianos, dominicanos, ecuatorianos y colombianos, entre  otros, llegaron huyendo de crisis económicas y conflictos en sus naciones, y en búsqueda de oportunidades que Venezuela les ofrecía por su bonanza económica.

Texto: Últimas Noticias

“Venezuela fue por poco tiempo, pero de un modo inolvidable en mi vida, el país más libre del mundo. Y yo fui un hombre feliz, tal vez porque nunca más desde entonces me volvieron a ocurrir tantas cosas definitivas por primera vez en un solo año (1958): me casé para siempre, viví una revolución de carne y hueso, tuve una dirección fija, me quedé tres horas encerrado en un ascensor con una mujer bella, definí para siempre mi concepción de la literatura y sus relaciones secretas con el periodismo, manejé el primer automóvil y sufrí un accidente dos minutos después, y adquirí una claridad política… ”, decía Gabriel García Márquez, en su texto La Infeliz Caracas. Vivió en la capital en 1958, feliz e indocumentado trabajando como periodista en las revistas Venezuela Gráfica y Élite.

Y es que desde los años 50 arribaron al país alrededor de 5 millones de colombianos, huyendo del prolongado conflicto bélico que afronta esa nación, que ha dejado cerca de 260.000 muertos y millones de desplazados. Ahora, el flujo migratorio cambió y desde 2016 cientos de miles de venezolanos han salido del país, debido a la crisis económica que afecta a Venezuela, profundizada por las sanciones de Estados Unidos. La diáspora se ha asentado en países vecinos: Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Brasil, entre otros.

Y de esos países, la nación neogranadina, con la que Venezuela comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros, ha sido uno de los principales destinos de los migrantes venezolanos. De acuerdo con Migración Colombia, para finales de 2020, en su territorio había 1.717.352 venezolanos, de los cuales 947.106 estaban en condición irregular.

Colombia es considerado un país de ingreso medio, con una significativa desigualdad social, con altos índices de informalidad laboral, con una inexperiencia en la inclusión de migrantes (por lo general ellos no son receptores sino emisores de migrantes) y grupos delincuenciales que propician un historial de violencia muy por encima de la media mundial.

Territorio comanche

En lo que va de 2021, se han producido en Colombia 68 masacres (con 247 víctimas), 194 homicidios de jóvenes entre 12 y 17 años, 112 líderes sociales y defensores de   derechos humanos asesinados o desaparecidos, 34 ex combatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) -firmantes del acuerdo de paz- y 320 mujeres asesinadas.

Las cifras son del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que se dedica a la defensa de los derechos humanos en Colombia.

La radiografía de la criminalidad en el vecino país durante 2021 es abrumadora, lo que dispara las alarmas en Venezuela, pues en esa dantesca cifra aparecen venezolanos. Buena parte de los migrantes criollos, muchos de ellos hijos de padres colombianos o ciudadanos neogranadinos que retornan a su patria, se han visto envueltos en esta espiral de violencia que afecta a Colombia.

Hasta el pasado mes, en el vecino país han sido asesinados 362 venezolanos, según el informe Graves violaciones de derechos humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia (2019 -2020), publicado por la ONG colombiana Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), datos preocupantes que arrojan señales sobre la violación de los derechos humanos a los migrantes.

En el informe se señala que 88,1% de las víctimas son hombres menores de 29 años, mientras 11,9% son mujeres, y el arma de fuego es el mecanismo de muerte más empleado.

Esta ONG, con 30 años de trabajo, al hacer un análisis comparado entre las cifras oficiales de la Policía Nacional, Medicina Legal, la Fiscalía General y los datos del Sistema de Información de Codhes, destaca que entre 2015 y 2020 hubo 1.933 homicidios de migrantes y refugiados venezolanos.

Resalta que los homicidios han aumentado de manera sostenida desde 2015 y que los delitos sexuales en la población venezolana persisten como un fenómeno de especial riesgo para las mujeres.

Entre enero de 2019 y agosto de 2020, las zonas donde más casos de este tipo se presentaron son: Norte de Santander (181), Bogotá (147), Santander (127), Valle del Cauca (110). Y para el primer semestre de 2021, el Valle del Cauca (31), Antioquia (26), Santander (22), Norte de Santander (15) y Atlántico con (13), son los territorios donde hay mayor agresión sexual.

Es tan alarmante la situación, que en 2020 una mujer venezolana en Colombia tenía el doble de probabilidad de morir de forma violenta que una mujer colombiana, según  Medicina Legal Colombia. Y el riesgo es 39% mayor de sufrir violencia en pareja; y un 28% de ser sometida a violencia sexual.

Y la situación de riesgo aplica para los dos géneros. Para ambos sexos, la probabilidad de sufrir cualquier tipo de violencia era de 21% más para venezolanos que para colombianos; los hombres de Venezuela tenían 14% más posibilidades de morir en homicidio que sus pares colombianos.

De acuerdo con la Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela, R4V, realizada en febrero 2020, orientada a medir el grado y las formas de vulnerabilidad entre migrantes venezolanos, particularmente aquellos con problemas para disponer de una vivienda estable, apunta a que uno de cada cuatro habría sufrido algún tipo de agresión desde que dejó Venezuela. La más frecuente de las agresiones es, paradójicamente, aquella de la que tanto se les acusa: el robo.

Todo ello agravado desde el pasado año por la pandemia del covid-19, que ha causado estrago en el vecino país por el mal manejo de la emergencia sanitaria. Hasta ahora van casi  5 millones de contagiados y más de 125.000 muertos.

Para Marcos Romero, director de Codhes Colombia, “el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos a los venezolanos residentes en el territorio nacional”.

“Cuando existe una situación de migración en condiciones forzadas, el Estado debe dar cumplimiento a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes; en ese sentido, Colombia tiene la responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos de la población migrante”, señala el informe de la ONG.

No obstante, resulta cuesta arriba que el Gobierno de Colombia garantice la protección de los migrantes venezolanos si las cifras demuestran que ni siquiera a buena parte de sus ciudadanos se les ofrece.

Xenofobia en pasta

Como si lo antes descrito no fuese suficiente, la mayoría de los migrantes venezolanos hoy día son víctimas de xenofobia, que se expresa en sus distintas formas: racismo, misoginia, homofobia y hasta el odio a los pobres.

“Este es un ultimátum para los venezolanos. Tienen dos semanas para retirarse. Daremos muerte a cada uno de los que se encuentren en Subachoque, trabajen o no, roben o no. No los queremos más, fuera de aquí”, señalaba un audio que se difundió en las redes sociales y que se habría generado en Subachoque, Cundinamarca.

Este tipo de amenazas también ha tenido ecos en Cúcuta y en Arauca, donde residen venezolanos. Desde 2017, circulan panfletos en los que se amenazan con la muerte a los venezolanos que estén delinquiendo. Los grupos que estarían detrás de los mensajes serían el ELN, el Grupo de Limpieza Social Araucano y la banda criminal Los Urabeños.

La xenofobia también ha mutado en las redes sociales

En un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) sobre lo que hablan los colombianos en las redes sociales respecto a los venezolanos, se detectó muchos mensajes de odio, rechazo y temor hacia los extranjeros.

En el estudio, en el que se analizaron más de 14.000 conceptos, Acnur encontró que los colombianos asocian la llegada de extranjeros con el aumento en el desempleo, la criminalidad, la prostitución y la venta de estupefacientes.

Mientras, la plataforma Barómetro de Xenofobia reportó que en agosto pasado se dio un aumento de 731% en discursos de odio en Colombia y en los mensajes hubo incitación a la violencia contra la población migrante. Acota que entre el 11 y 12 de dicho mes, más de 2 millones de usuarios comentaron en contra de los migrantes y las palabras más empleadas fueron “plaga”, “criminales” o “repugnante”.

Para algunos analistas, lo que ocurre en Colombia y en otros países en torno a los migrantes venezolanos tiene que ver mucho con el tema de la aporofobia, es decir, el rechazo que se expresa hacia los pobres. De allí que destaquen que lo que molesta realmente no es el extranjero sino el extranjero pobre que pide e incomoda.

La prensa y los organismos internacionales han alertado contra este mal que afecta a los migrantes venezolanos. Y en la nación neogranadina se da cuenta de repetidas acciones en este sentido, que van desde negarse a alquilar vivienda hasta lanzarles bombas molotov o amenazarlos de muerte. Visto que los casos no son aislados, ya se han adelantado campañas, impulsadas por organismos internacionales,  para evitar este tipo de rechazo y, por ende, hechos de violencia.

No ayudan

En esta animadversión, que no solo es generada por una parte de la población de ese país, la posición de autoridades colombianas no es distinta. Aunque luego rectificó, el anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de que no incluiría a los migrantes venezolanos en situación irregular en el esquema de vacunación masiva contra covid-19, le echó más leña al fuego. Duque acotó que, sin esas condiciones, el Gobierno estaría “casi que (haciendo) un llamado a la estampida; a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”.

Duque luego intentó recoger el agua derramada y lanzó lo que llamó El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que es considerado por algunos como una discriminación velada.

A juicio de Lucía Ramírez, miembro de la ONG colombiana De Justicia, el estatuto -que busca regularizar e integrar a los migrantes- presenta aspectos que son preocupantes: Solicitar los datos biométricos como identificación de la población migrante no es eficaz, ni eficiente, ni segura porque supone un tratamiento diferenciado de otros grupos poblacionales, y la presunción de inocencia es violada al no permitir a personas con investigaciones judiciales y administrativas en curso recibir el permiso.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido inclemente con sus ataques a los migrantes venezolanos. A mediados de agosto anunció la creación de un comando de operaciones conjunta para combatir delincuencia de “criminales de población migrante”.

Desde la ONG Temblores recordaron a López que la estigmatización de extranjeros tiene efectos materiales “sobre la integridad y la vida de quienes han migrado a nuestro país”.

Lamentablemente los datos los demuestran así y hoy la mayoría de los migrantes venezolanos que viven en Colombia están indocumentados pero no felices, como sí lo fue El Gabo cuando pasó por Caracas.

Radiografia

• Integración. Los gobiernos de América Latina deben pasar de la respuesta humanitaria a políticas de integración a largo plazo de los refugiados y migrantes venezolanos, que incluyan la regularización, señala la Organización Internacional para las Migraciones.
• Desempleo. En Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, las tasas de desempleo son más altas para los venezolanos.
• Informalidad. Pese a su alto nivel educativo, muchos venezolanos solo han podido acceder a trabajos informales.
• Bajos salarios. En Colombia, Ecuador y Perú, por la pandemia, los venezolanos dijeron que sus ingresos habían descendido más de 50%.
• Salud. En Colombia y Perú, la atención médica no es universal y muy pocos tienen seguro médico.
• Deportación. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la violación de tratados internacionales de protección a migrantes y refugiados, ante las deportaciones masivas de venezolanos, por parte de Chile, país que después de Colombia y Perú, es la tercera nación con el mayor número de migrantes criollos.

En cifras

• 1.717.352  migrantes: Según Migración Colombia, para finales de 2020, en esa nación había 1.717.352 ciudadanos de nacionalidad venezolana, de los cuales 947.106 estaban en condición irregular.
• 1,3 millardos de euros: En la llamada I Conferencia Internacional de Donantes, celebrada el pasado mes de junio, se recaudaron 800 millones de euros, más otros 500 en préstamos, para los migrantes criollos.
• $113.076.033 donados: Colombia ha recibido 113 millones de dólares para atender a los migrantes venezolanos y debe gestionar otros 669 millones más. Iván Duque pide muy seguido donaciones.
• 1.993 criollos asesinados: Entre 2015 y 2020,  se han registrado 1.933 casos de homicidio de venezolanos, siendo los hombres jóvenes y menores de 29 años los mayormente victimizados.
• En 2021: 362  homicidios. En lo que va de año, han sido asesinados 362 venezolanos, 88,1% hombres y 11,9% mujeres, en Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia, entre otros.
• 33 ñiños reclutados: Entre 2017 y 2020, 33 niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos fueron reclutados forzosamente por parte de varios grupos armados de Colombia.
• 1.650 desplazados: Entre 2017 y 2020, se dieron estos desplazamientos. El Norte de Santander es el departamento que presenta el número más alto de víctimas con 1.097, seguido de Cauca con 440.
• 2.319 violaciones: Entre enero de 2015 y agosto de 2020, 2.300 venezolanos fueron víctimas de violencia sexual, 88,3% mujeres y 71% de los vulnerados han sido menores de 18 años.
• 836 desaparecidos: Desde enero de 2015 hasta agosto de 2020, 836 connacionales fueron reportados como desaparecidos. Bogotá es la ciudad donde se registra el mayor número de casos con 311 registrados.
• 5 casos de trata: Durante el primer semestre de 2021, la Policía Nacional de Colombia registró 5 casos de trata de personas, de los cuales 4 fueron relacionados con mujeres.