Este jueves 1° de julio iniciará el proceso de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) correspondientes a los funcionarios de alto nivel y de confianza, anunció el contralor general de la República, Elvis Amoroso, durante una rueda de prensa realizada este miércoles.
Texto: Prensa CGR
Resaltó que este proceso se extenderá hasta el 30 de julio, tiempo en el que los funcionarios de alto nivel y de confianza están en la obligación de realizar su declaración ante la sede de la Contraloría General de la República.
Amoroso informó que un total de 145.368 funcionarios están obligados a actualizar su DJP, dentro del lapso establecido.
El Contralor General de la República señaló: “Los representantes de los poderes públicos, vicepresidencia, magistrados, rectores, ministros, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, presidentes de institutos autónomos y demás entes de la Administración Pública Nacional, deben realizar su DJP”, sin excepciones.
Recalcó que la DJP es una herramienta que tiene el Estado venezolano para evitar los hechos de corrupción en la Administración Pública, y explicó que esta “se actualiza una vez al año o al finalizar sus funciones competentes al cargo de alto nivel o de confianza, a través la nuestra página web www.cgr.gob.ve o acudiendo a la Contraloría General de la República para ofrecer las respectivas orientaciones”.
El titular del órgano contralor indicó que la Ley establece sanciones severas para quienes no cumplan con su obligación e hizo un exhorto a los funcionarios: “Todos a declarar, eviten sanciones”.
La máxima autoridad enfatizó que los funcionarios que no cumplan con la DJP, serán sancionados en cumplimiento de la ley y, no podrán ejercer cargos públicos.
Aseguró que los funcionarios de elección popular que aspiran a alguna candidatura, también deben cumplir y actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio, por lo que se estará revisando que así sea.
“Quienes violen la ley o se nieguen a declarar no podrán ser candidatos en las venideras elecciones”, finalizó el Contralor General de la República.