El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público envió el 30 de abril un tercer informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las actuaciones del Estado venezolano en defensa de los derechos humanos.
Texto: Nota de prensa
Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal en el país consideró que “es importante expresar el trabajo minucioso hecho por la institución y que se ha querido invisibilizar”.
Las cifras reveladas por el alto funcionario destacan que en su gestión de tres años y ocho meses han sido imputados 716 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 civiles como presuntos cómplices”.
“Asimismo, fueron aprehendidos 540 efectivos de distintos organismos y 31 particulares vinculados con estos hechos. Por otro lado, han sido acusados 1.064 funcionarios y 136 civiles. Hasta la presente fecha se obtuvieron 153 condenas contra agentes que han violentado derechos humanos”, precisó el máximo vocero institucional.
En un comunicado oficial, Saab destacó que “no hemos sido correspondidos en el tratamiento formal e institucional de cooperación que transmitimos desde el pasado 4 de noviembre en una reunión personal con la Fiscalía de la CPI”.
Por tanto, el Fiscal General detalló que la República Bolivariana de Venezuela “se ve en la necesidad de solicitar a la CPI una evaluación sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con este nuevo informe”.
De igual modo, Saab recordó que la CPI tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma. “Dicha instancia interviene cuando los posibles casos que puedan entrar dentro de su competencia no han sido investigados por el sistema de justicia de un Estado parte”.
Casos emblemáticos
El Fiscal General se refirió también a casos destacados de violaciones a los derechos humanos que han llamado la atención de la opinión pública nacional y la comunidad internacional.
- Sobre la muerte del concejal Fernando Albán, explicó que “en un principio se imputó a los funcionarios por quebrantamiento de normas de custodia”. El Ministerio Público solicitó la nulidad por “observar violaciones a las garantías constitucionales; motivo por el cual la causa se retrotrajo a la fase de investigación. Posteriormente, los funcionarios implicados fueron imputados por homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido”.
- Con respecto al caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, tras la orden del Tribunal Supremo de Justicia para realizar una nueva investigación sobre los hechos, el 22 de octubre de 2020 se celebró una nueva audiencia de imputación contra los efectivos implicados por la presunta comisión de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura. En noviembre del año pasado fue presentada la acusación correspondiente.
- Sobre la muerte de Juan Pablo Pernalete, ocurrida en Altamira (Caracas) en 2017; el Fiscal General recordó que falleció tras “recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho. Por ello fueron imputados 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”.
- A su vez, hizo mención al ajusticiamiento contra cinco personas ocurrido en el Barrio ‘El Limón’, en estado La Guaira; Saab señaló que fueron imputados y acusados cinco funcionarios por homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido a arma orgánica y simulación de hecho punible.
- Igualmente, rememoró la muerte de dos trabajadores de Guacamaya TV en el estado Zulia; por las que fueron imputados cinco funcionarios policiales por homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionario público, simulación de hecho punible, complicidad, entre otros delitos. Por dicho caso también “resultó acusada una exfiscal del Ministerio Público por encubrimiento y asociación”.
Medidas
Como parte de las acciones llevadas a cabo por el Estado venezolano, el Fiscal General mencionó que “ha sido publicada en Gaceta Oficial la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, que es parte de los compromisos adquiridos por el Estado venezolano (…) y tendrá una duración de seis meses”.
“En el tiempo que hemos estado al frente del Ministerio Público ha quedado claro nuestro compromiso por indagar cada violación de derechos humanos que pueda haber o que haya cometido un funcionario del Estado”, precisó Saab.
Finalmente, el Fiscal General explicó que “tras esta entrega esperamos que con la debida recepción, tengamos las debidas consideraciones”. Y adelantó que en los próximos días de mayo se seguirán haciendo entregas de nuevos alcances logrados por el Ministerio Público y el Estado venezolano.
