La aplicación de medidas unilaterales por parte de la administración de Donald Trump ha ocasionado la aplicación de multas millonarias a los bancos que prestan servicios de corresponsalías e intermediación, lo cual constituye acciones punitivas que generan incertidumbre, limitando las relaciones y aperturas de cuentas, apunta el informe Sanciones y Bloqueo, crimen de lesa humanidad contra Venezuela, elaborado por la Consultoría Jurídica de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Texto: CiudadCCS y AVN
El informe destaca el cierre de la cuenta de la empresa Kabuco, proveedora de torta de soya (materia prima para el alimento balanceado para animales) por parte del banco suizo Hyposwiss Private Bank, la cual tuvo como justificación, que el pago por 15.9 millones de euros para un buque con más de 90 mil toneladas de torta de soya, provenía desde Venezuela.
En su recuento, el documento agrega que, entre los días 24 y 26 de diciembre de 2017, a varios proveedores internacionales les fue impedido por las autoridades colombianas el traslado a Venezuela de más de 1.700 toneladas de pernil para su ingreso y distribución al pueblo venezolano.
Las medidas en contra del suministro de alimentos a Venezuela se unen a la implementación de trabas de carácter legal y administrativo en organismos e Instituciones internacionales, con el fin de retrasar e imposibilitar el pago de las membrecías y no permitir el acceso a créditos.
“Las acciones buscan el desprestigio de la República en el seno de los organismos internacionales, imposición de trabas burocráticas y/o campañas de desprestigio por parte de Instituciones y organismos Multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, CAF”, afirma.
Las sanciones han conducido al bloqueo de activos financieros, capital, filiales y empresas asociadas a Venezuela. “Hemos sido sujeto de bloqueo de activos de empresas estatales como PDVSA y otros bancos e instituciones nacionales“, señala.
Unido al bloqueo de activos se ha aplicado la limitación o negativa de transacciones financieras por parte de banco internacionales a intermediar operaciones desde o hacia Venezuela, en monedas diferentes al dólar estadounidense.
En consecuencia, ahora la banca internacional ha impuesto trabas administrativas y demoras en las operaciones financieras, sin garantías de que finalmente sean ejecutadas.
“En los bancos corresponsales se ha experimentado un incremento de los costos de cumplimiento por encima de los operacionales. Esto impacta las comisiones en los contratos de corresponsalías con nuestras instituciones, que en consecuencia deben costear dichos gastos”, apunta.
Como ejemplos, el informe cita que entre el 15 y 28 de diciembre de 2017 fueron devueltas operaciones desde bancos en Europa por 29.7 millones de dólares hacia diferentes proveedores, cuyo destino el pago de alimentos a través del programa alimentario CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
Otro ejemplo es el banco estadounidense JP Morgan, el cual retrasó aceptar recursos por el orden de USD 28.1 millones que tenían como destino el pago de buques de alimentos para el abastecimiento alimentario de la población venezolana.