Venezuela, un país asediado por el imperio (+Cronología)

Venezuela es un país víctima de la política injerencista que ha caracterizado al gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), una actitud que se ha acrecentado desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en el año 1999.

Tras la victoria de Nicolás Maduro, en el año 2012, la política imperial ha enfilado sus lanzas en contra de la Revolución Bolivariana. A continuación te invitamos a conocer la cronología del acecho del gobierno estadounidense en contra de Venezuela.

Febrero: El jefe de Estado Nicolás Maduro, denunció que oficiales de la Aviación del Ejército recibían financiamiento por parte de funcionarios del gobierno de los EE.UU. para llevar a cabo un Golpe de Estado en Venezuela, que se desarrollaría por etapas.

Marzo: El presidente estadounidense Barack Obama anunció la ejecución de nuevas sanciones contra Venezuela, por supuestas violaciones de derechos humanos.

Posteriormente, Obama declaró un escenario de “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone la situación de Venezuela para la seguridad de EE.UU.

Abril: El gobierno venezolano envió una carta al Gerente País de la compañía estadounidense Exxon Mobil, Jeff Simon, reiterando su rechazo a las intenciones de esta empresa para quebrantar el cumplimiento de obligaciones bilaterales suscritas entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela.

Junio: El Jefe del Comando Sur de EE.UU., John Kelly, cuestionó la voluntad del Gobierno venezolano para combatir el tráfico de drogas.

Agosto: El funcionario del departamento de Estado de EE.UU., Mark C. Toner, se refirió a la política electoral de Venezuela. Solicitó levantar el veto impuesto a varios opositores para participar en las elecciones parlamentarias. Instó al gobierno venezolano a permitir una observación electoral.

Septiembre: El Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, criticó la actuación de la justicia venezolana en el caso del dirigente político de derecha, Leopoldo López, interfiriendo –una vez más- en los asuntos internos del país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publica un informe en el que “denunció” la presunta crisis humanitaria y violación de derechos de los colombianos deportados por las autoridades venezolanas.

Octubre: John Kerry, Secretario de Estado de EE.UU., afirmó que la democracia de Venezuela es “imperfecta”.

Noviembre: Venezuela denunció violación de su espacio aéreo por parte de un avión de inteligencia de Estados Unidos que despegó desde la base aérea de Curazao.

Marzo: El presidente Obama extendió por un año la orden ejecutiva que considera a Venezuela una “amenaza inusual y extraodinaria”.

Mayo: El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó la activación del procedimiento para aplicar la Carta Democrática del organismo contra Venezuela, para lo cual presentó un informe de 132 páginas, para “atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático” en Venezuela.

Junio: Se realizó la reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que expresaron su apoyo al diálogo acompañado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) entre el Gobierno y oposición en Venezuela.

Posteriormente el Gobierno venezolano denunció que la oposición venezolana -con quien Luis Almagro se ha reunido públicamente- quiere ejecutar un “golpe suave” con operaciones y ataques promovidos desde el extranjero, mediante la manipulación informativa, la movilización y la infiltración la violencia.

Enero: Se renovó el Decreto que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad interna de EE.UU.

Febrero: El Departamento del Tesoro de EE.UU. emite una sanción al vicepresidente Ejecutivo venezolano, Tareck El Aissami, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En esta misma línea, el Senado de EE.UU. emite una resolución de apoyó al secretario general la OEA, Luis Almagro, para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.

Marzo: El subsecretario de narcotráfico de Estados Unidos, William Brownfield, publicó un informe atacando las políticas antidrogas de Venezuela. Al siguiente día, el Departamento de Estado desconoció los avances del país suramericano en términos de garantía de los derechos humanos en su informe de DDHH 2016.

Abril: Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de EE.UU., declaró que la situación en Venezuela “podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”, hecho que fue denunciado por el Gobierno venezolano como una “acción injerencista”.

Junio: La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, pidió “acciones” en Venezuela, tras argumentar que el pueblo del país suramericano “está padeciendo hambre, mientras su gobierno pisotea la democracia”.

Julio: El Gobierno estadounidense sancionó a 13 funcionarios, exfuncionarios y militares venezolanos, en un intento por intervenir en la política local e impedir la elección de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, procedieron a sancionar al presidente Nicolás Maduro.

Agosto: Donald Trump, presidente de EE.UU., amenazó de forma directa y publica a Venezuela, al expresar que tenían “muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si es necesario”. Estas declaraciones fueron rechazadas por el Gobierno venezolano y gran parte de la comunidad internacional.

Marzo: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió sus sanciones injerencistas contra Venezuela, al renovar el Decreto que declara a Venezuela “como una amenaza inusual” para su país.

Junio: El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, realiza una gira por Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Panamá, países donde ingresaron marines a principio de año. Entre los temas centrales de la visita del funcionario estadounidense a Suramérica se encuentra, una vez más, Venezuela.

Agosto: Se ejecuta un magnicidio frustrado en contra del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Las investigaciones arrojan financiamiento al terrorismo desde territorio estadounidense.

Septiembre: Estados Unidos anunció la organización de una reunión informal del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación en Venezuela, un formato que ya utilizado el año 2017.

El diario estadounidense New York Times reveló una serie de reuniones mantenidas durante 2017 y 2018, entre funcionarios del Gobierno de EE.UU., y un grupo de militares venezolanos disidentes a Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, cuyo objetivo era negociar una posible ayuda por parte de la administración de Trump para derrocar al presidente de Venezuela.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU), emite medidas coercitivas en contra de la primera combatiente Cilia Flores; la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, entre otros funcionarios.

Noviembre: La Administración Trump emitió una Orden Ejecutiva que amplía las sanciones contra la economía y población venezolanas, confiriendo a los Secretarios de Estado y del Tesoro el derecho a confiscar propiedades a quienes operen en el sector aurífero venezolano.

Enero: El 23 de enero, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó se autoproclamara como presidente encargado de Venezuela, Donald Trump, lo reconoce, asumiendo una vez más una posición injerencista en contra de la soberanía de Venezuela.

Posteriormente, El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, instó al presidente Nicolás Maduro a apartarse del cargo, constituyendo una violación flagrante a la Constitución de la República.

Estados Unidos pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la crisis en Venezuela, donde el Secretario de Estado de la nación norteamericana Mike Pompeo instó a los miembros del organismo multilateral a elegir “un bando”.

Por otra parte, Mediante una acción de bloqueo financiero, el gobierno norteamericano procedió mediante la Casa Blanca en conjunto con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos a cargo de Steven Mnuchin, a congelar los activos de Venezuela e iniciar una acción de arbitraje por parte de las autoridades estadounidenses a favor del “gobierno” del autoproclamado Juan Guaidó.

Estas acciones contra PDVSA constan del congelamiento de unos 7 mil millones de dólares en activos de la petrolera estatal venezolana, en adición a una pérdida estimada por el propio departamento de 11 mil millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.

El Gobierno estadounidense ha revelado a su vez planes para cortar las fuentes de ingresos del Gobierno de Venezuela y dirigirlas a los golpistas. El Departamento del Tesoro norteamericano ha prometido estrechar el bloqueo económico a Caracas para derrocar al Gobierno constitucional, que presidente el Jefe de Estado Nicolás Maduro.