La Procuraduría General de la Republica (PGR) junto al consultor jurídico de la Presidencia, Elvis Amoroso, interpuso este viernes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de amparo constitucional contra la directiva de la Asamblea Nacional (AN) por las actuaciones, vías de hecho y amenazas de daño inminente emanadas del presidente, de la junta directiva y de la mayoría de sus diputados.
Texto: Nota de prensa
“La Asamblea Nacional tiene unas atribuciones constitucionales y un mandato del pueblo. En 5 meses la AN sólo ha intentado suplir al resto de los Poderes y cambiar a sus autoridades. Los insultos a magistrados y rectores, la obstaculización al Ejecutivo Nacional y la conducción de una política exterior paralela, no están dentro de sus atribuciones, ni dentro del mandato popular por el que sirven al país. Esta situación de grave inconstitucionalidad debe ser urgentemente corregida.”, informó el procurador general (E) de la Repùblica, Reinaldo Muñoz.
Desde su instalación el 5 de enero de 2016 la AN, con una mayoría opositora circunstancial, no ha puesto en práctica acción alguna para resolver problemas que aquejan al pueblo venezolano, sino que ha dedicado su actuación a forzar, por todos los mecanismos ilegítimos a su alcance, la rendición de los Poderes Públicos a sus designios y, más directamente, la salida del Presidente constitucional de la República.
Con dicha acción se pretende que el Máximo Tribunal de la República dicte aquellos actos que considere necesarios para restablecer la situación jurídica infringida y exhorte al Poder Legislativo Nacional para que cese en la usurpación de funciones del resto de los Poderes Públicos, cese en su intento de desestabilizar al Gobierno Nacional y en sus acciones contra la paz y la constitucionalidad de la República.
“Es un recurso de amparo a fin de que (…) la Sala Constitucional del TSJ, se pueda expresar y verifique la solicitud que se está haciendo para de una vez por todas poder frenar, no sólo aquí en Venezuela, sino también a través de organismos internacionales, esa pretensión del Poder Legislativo nacional de querer inmiscuirse en las funciones constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo”, explicó además Amoroso en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión (VTV).