El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la sentencia N° 327 del 28 de abril de 2016 emanada de la Sala Constitucional, por solicitud del Presidente de la República Nicolás Maduro, resolvió la solicitud de valoración de la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados que fue sancionada por la Asamblea Nacional, reseñó el portal web de la institución.
Texto: CiudadCCS
Señala la referida decisión que dicha ley cumple los parámetros de constitucionalidad y que su entrada en vigencia está supeditada al cumplimiento, por parte de la Asamblea Nacional, del extremo necesario relativo a la viabilidad económica que permita garantizar el cumplimiento de la finalidad social que involucra tal ley.
La sentencia emitida por la máxima instancia judicial del país consideró que es inherente al Estado Social de Derecho el otorgamiento de beneficios sociales a las poblaciones vulnerables como las personas de la tercera edad y que las políticas de Estado han venido incrementando progresivamente el número de beneficiarios.
Al tratarse la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados de un instrumento que implica la erogación de recursos, requiere de un estudio financiero para presupuestar el dinero necesario y darle cabal cumplimiento. Una vez que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, realice el análisis correspondiente, se determinará la viabilidad de la citada ley.
El pasado 30 de marzo el Poder Legislativo aprobó el referido instrumento legal, presentado por el diputado opositor Miguel Pizarro. En el debate que se realizó sobre esa materia, Víctor Clark, parlamentario del Bloque de la Patria, manifestó que para que esa ley se aprobase debería cumplir con la correspondiente viabilidad constitucional, entre ellas las modalidades de pago para los beneficiarios.
El diputado socialista Francisco Torrealba añadió que “es muy fácil aprobar una ley sin saber de dónde van a salir los fondos para esos beneficios”.