Un importante grupo de comunicadores de Caracas rechazaron este miércoles el proyecto de Ley de Amnistía, sancionada por la derecha en la Asamblea Nacional. El encuentro, que reunió a periodistas y comunicadores populares, contó con las intervenciones de Maripili Hernández, Larissa Costas y Francisco Solórzano, además de Edgar Márquez de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002 (Asovic). Por su parte, el ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, aseguró que “no vamos a permitir que esa intención de dejar en la impunidad esos crímenes proceda. No vamos a permitir que eso avance”.
Texto: CiudadCCS, Correo del Orinoco y AVN
Asimismo, aseguró que hay comunicadores que “deberían ser sometidos a la justicia por los daños que generaron en las Guarimbas”.
Por otro lado, el periodista Ernesto Villegas, afirmó que “esa amnistía por tramposa y engañosa no va”. De igual manera, recordó que “ya venimos de una amnistía que el Comandante Chávez les dio desde su corazón humilde y cómo le pagaron ellos: llamando a La Salida en 2014”.
También recalcó que el proyecto de ley “no busca la reconciliación del pueblo. Solo busca el autoperdón de los delincuentes”.
Hay comunicadores que deberían estar presos por “estimular la ejecución de delitos” durante guarimbas
El ministro Marcano aseguró este miércoles que los periodistas que incitaron y participaron durante los hechos violentos del 2014, deberían ser sometidos a la justicia, ya que ellos “estimularon la ejecución de delitos”.
“Hay incluso comunicadores de muchos medios de comunicación que están involucrados y deberían pagar, deberían ser sometidos a la justicia por los daños que causaron durante ese periodo, donde se prestaron para exponer ante la opinión pública, estimular la ejecución de los delitos y fueron parte de esos delitos”, aseguró el ministro.
Recordó que dichos periodistas se mantenían junto a los “terroristas”, incitando, de cierta forma, a la continuidad de estos actos delictivos. “Había un conjunto de comunicadores que permanentemente acompañaban a los terroristas, era habitual ver en los campamentos que se desplegaron en algunos municipios, que no solo estaban los guarimberos sino que tenían un conjunto de periodistas trabajando para ejecutar los crímenes que realizaron”, enfatizó.
“Era habitual ver en los campamentos que se desplegaron en muy pocos municipios de nuestro país que no solamente estaban los guarimberos, tenían a su cargo unos para la logística, el tema de los explosivos, sino que también tenían un conjunto de periodistas trabajando para poder ejecutar los crímenes que ejecutaron”, agregó el ministro.
El instrumento legal que promueve la derecha pretende dejar impune a los responsables de los hechos ocurridos en 2014, acción terrorista que dejó un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos, a los responsables de la violencia postelectoral vivida luego de los comicios del 14 de abril de 2013, a los autores de los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el sabotaje petrolero de 2002-2003 y otras situaciones que quebrantaron la paz en Venezuela.
Al respecto, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional a la defensa de los derechos humanos de todas las víctimas de los hechos violentos, promovidos por la derecha nacional desde la llegada de la Revolución Bolivariana, hace 17 años, así como de evitar que este proyecto de ley sea llevado a cabo.
“Nosotros muy claramente lo decimos, lo plantea el presidente Nicolás Maduro, la Revolución: Nosotros lo patriotas, que somos mucho más que un conjunto de militantes de un partido, de una organización (…) no vamos a permitir que esa intención de dejar en la impunidad esos crímenes, proceda. No vamos a permitir que eso avance”, enfatizó.
Por otra parte, rechazó los constantes ataques de corporaciones mediáticas internacionales, que pretenden desprestigiar los avances alcanzados por el poder popular durante 17 años. “Hay diarios, medios de comunicación en el mundo, en los cuales la línea editorial expresa claramente: Cualquier noticia negativa sobre Venezuela es noticia para estos medios de comunicación y es el mismo formato que han venido aplicando en contra del presidente Nicolás Maduro, es el mismo formato que han aplicado en esta fase de la Revolución Bolivariana”, recalcó.
ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ES ESTAR AL LADO DEL PUEBLO
Asimismo, aseguró que el rol actual de los medios de comunicación es estar al lado de la verdad y del pueblo, sin caer en los chantajes que “históricamente han pretendido imponernos” y criticó la postura de aquellos comunicadores que callan ante la cantidad de crímenes que pretenden ser perdonados por la Ley de Amnistía, planteada por la Asamblea Nacional.
Por último, instó a los medios de comunicación del Estado a explicar con claridad y detenimiento al pueblo venezolano todo el contenido de dicha ley, lo cual es fundamental para la estabilidad política del país. “Aquí estamos los comunicadores dando un paso al frente ante la intención de un parlamento adeco que hoy nos plantea el olvido, la impunidad y la posibilidad de llevar a nuestro país a escenarios de confrontación mayor”.
La periodista Yndira López, periodista del diario Ciudad CCS, leyó el comunicado aprobado por los comunicadores.
A continuación el texto íntegro:
Nosotros, comunicadoras y comunicadores venezolanos, aferrados al proyecto de país contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, instrumento modelo en la promoción y protección de los DDHH, conscientes de nuestro deber de defender los derechos allí contemplados, entre ellos el derecho de nuestro pueblo a una información veraz, oportuna y sin censura, decidimos pronunciarnos fehacientemente en contra del engañoso proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que lejos de abrir espacios para la paz y el reconocimiento entre los venezolanos, y para la superación de los problemas concretos que afronta nuestro pueblo, especialmente en el campo de la economía, viene a conspirar contra la convivencia nacional, a incentivar la indeseable repetición de actos de terrorismo y violencia política en el territorio nacional, a estimular la desobediencia de las leyes y la comisión impune de hechos criminales contra la ciudadanía, así como a perturbar los esfuerzos del Gobierno Bolivariano junto con la clase trabajadores, el Poder Popular y sectores conscientes del empresariado venezolano para salir de la emergencia económica y garantizar los derechos económicos y sociales de los venezolanos.
Denunciamos este proyecto como una “ley de guerra” que, en caso de entrar en vigor, traería gravísimas consecuencias para todas las venezolanas y venezolanos, independientemente de su inclinación política, credo religioso o condición social. Sería una ley para favorecer el terrorismo y la delincuencia.
Al igual que el pueblo generoso al que pertenecemos, y al que nos debemos en nuestro corazón no abrigamos el más mínimo sentimiento de odio o afán de venganza. En tal sentido recordamos como, finalizando el año 2007, el Comandante Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de sus prerrogativas constitucionales, dicto un Decreto-Ley de Amnistía que benefició a decenas de ciudadanos incursos en todo un catálogo de delitos cometidos con el propósito de desestabilizar y derrocar a su Gobierno y derogar la Constitución Bolivariana. Entre los beneficiarios de aquella amnistía figuran personajes como María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski y Enrique Mendoza, que en lugar de reconocer la magnanimidad del líder revolucionario, la malinterpretaron como un signo de debilidad e insistieron en prácticas conspirativas y llamados a la violencia, que han enlutado a incontables familias venezolanas, causando daños a la propiedad pública y privada, pánico y zozobra en la población.
Retumba entonces la voz de nuestro Padre Libertador, Simón Bolívar, quien en el Manifiesto de Cartagena de 1812 advirtió sobre la “clemencia criminal” que tantas perturbaciones trajo a la Patria en su lucha por la Independencia: “A cada conspiración sucedía un perdón, y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar”.
Llamamos la atención sobre los delitos grotescos que el proyecto de marras pretende apañar (corrupción administrativa, tráfico de drogas entre otros), y que, por el escándalo que causó el primer proyecto de ley, tras ser conocido públicamente, fueron maquillados en el proyecto finalmente aprobado en segunda discusión por la mayoría antichavista de la Asamblea Nacional. Maquillaje este que no logra ocultar la abyecta intencionalidad del proyecto ni sus nefastas consecuencias, aun con las modificaciones de forma introducidas, que igual benefician a los reos por aquellos delitos grotescos.
Advertimos que todos los potenciales beneficiarios de la engañosa amnistía pertenecen a un mismo sector político del país, sin excepción, lo cual encuadra al proyecto en la categoría de las “Leyes de Auto-Amnistía” que han sido repudiadas por el sistema internacional de Derechos Humanos, por considerar que obedecen al interés de los victimarios por autoperdonarse sus crímenes, con desprecio absoluto por las víctimas y el resto de la sociedad.
Por todo lo anteriormente expuesto exhortamos respetuosamente al presidente Nicolás Maduro y al Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de la Constitución y las leyes, a que hagan todo lo necesario para que le ahorren al país los traumas que se propone infringirle el inconstitucional proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que no reconcilia a nadie con nadie y más bien ahonda los conflictos entre los venezolanos.
Asimismo, hacemos nuestra la propuesta, formulada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su discurso de enero pasado ante la Asamblea Nacional, en el sentido de construir una Comisión paritaria de Alto Nivel que investigue los hechos de violencia política cometidos en los últimos tiempos y establezca bases firmes para un proceso que garantice la Paz y la Justicia, poniendo por delante siempre a las víctimas. Estimamos que esta comisión, constituida de forma paritaria, sería especialmente útil para la clasificación de hechos históricos que han marcado la vida de los venezolanos y también para blindar el trabajo de periodistas y demás comunicadores genuinamente interesados en la investigación de la verdad.
Por último, manifestamos que si alguien merece, sin duda, una “amnistía, es el pueblo venezolano, sometido a una despiadada y cruel guerra psicológica, mediante perversos mecanismos económicos, hamponiles y comunicacionales, que en otros tiempos y lugares han dado pie a otras guerras de carácter no convencional. La paz que queremos pasa por el fin de esta guerra absurda y el abandono de atajos de poder político y económico, sumisos ante los centros imperiales de dominación global e inclementes con la soberanía y la paz de Venezuela.
