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El asesinato de Geraldine Moreno ha sido uno de los más usados por la oposición para aupar las manifestaciones antigubernamentales
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló este lunes 5 de mayo en el programa “Con el Mazo Dando” de VTV que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) señalados de ser los presuntos culpables del asesinato de la joven Geraldine Moreno fueron puestos este mismo lunes a la orden del Ministerio Público, por instrucciones del Mayor General Justo Noguera Pietri, comandante de la GNB.
Texto: AVN y Alba Ciudad
Durante una entrevista para el citado programa, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, Ortega Díaz manifestó que los avances en el esclarecimiento de los hechos en los que se han visto presuntamente implicados funcionarios públicos evidencian el interés que tiene el Estado venezolano en que se imparta justicia.
Moreno, estudiante del quinto semestre de Citotecnología en la Universidad Arturo Michelena, de 23 años de edad, recibió un disparo de perdigones a muy corta distancia en el rostro el pasado 19 de febrero en el sector Tazajal del municipio Naguanagua, estado Carabobo, cuando la Guardia Nacional Bolivariana intentaba controlar desórdenes causados por miembros de la oposición. Tras tres días de agonía, la joven falleció el 22 de febrero en un centro asistencial.
Dos efectivos privados de libertad
Posteriormente, el MInisterio Público emitió una nota de prensa informando que logró privativa de libertad para los sargentos segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Franklin Armando García López y Paola Marlene Barroso Ortiz, por su presunta vinculación con la muerte de Geraldine Moreno. En la audiencia de presentación, los fiscales nacionales y auxiliares 39° y 44º, Juan Carlos Tabares, Humberto Ordaz, y Héctor Alvarado; Rubén Pérez y Yolanda Carrero, respectivamente, junto con la 28° de Carabobo, Karoly Montero, imputaron a ambos efectivos castrenses.
Indica la nota de prensa que “a García López se le imputó por la presunta comisión de los delitos de autor material en el homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. En cuanto a Barroso Ortiz se le imputó por la presunta comisión de los delitos de cómplice no necesario en homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones”.
“Una vez que fueron analizados los elementos de convicción presentados por la representación del Ministerio Público, el Tribunal 6º de Control del estado Carabobo, dictò medida privativa de libertad contra ambos militares”, señalael comunicado.
MP avanza en investigaciones de hechos violentos propiciados por la derecha
“Presentamos 24 sobreseimientos para 64 personas, incluso se han acusado a individuos por la muerte del joven Bassil Da Costa (asesinado el 12 de febrero en las cercanías de la Fiscalía en Caracas) y de otros seis fallecidos. Estamos trabajando para que haya justicia, no solamente para los casos de derechos fundamentales, sino de toda la ciudadanía”, añadió la Fiscal General.
Precisó que algunas de las 142 investigaciones iniciadas por violación de derechos fundamentales “ya concluyeron e incluso se formularon algunas acusaciones”. Especificó que en total se han presentado 98 acusaciones, en las cuales han resultado implicadas 294 personas.
Entrevista completa
Asimismo, recordó que por la violencia de grupos de extrema derecha en el país se registraron 41 fallecimientos, entre ellos ocho funcionarios públicos, la mayoría pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un fiscal de la institución que representa. También mencionó que la cifra de heridos se eleva a 758 individuos, 275 funcionarios públicos y 510 civiles, a los que se les suma los lesionados durante el incendio de un vehículo de la GNB en Chacao, estado Miranda, y el incendio de la biblioteca de la Universidad Fermín Toro en el estado Lara, ocurridos este lunes y no cuantificados al momento de la entrevista.
La fiscal indicó que todas las instalaciones atacadas desde el pasado 12 de febrero se tratan de instituciones que brindan servicios a los sectores más humildes del pueblo venezolano, y aquellas que sirven a la educación y las luces. Precisó que hasta la fecha, 197 personas se encuentran detenidas, de las cuales solo 14 han demostrado ser estudiantes, cifra que significa solo el 7% del total de privados de libertad.
“El Estado ha mostrado transparencia, no quiere ocultar nada y quiere demostrarle la verdad al país y al mundo”, sobre los acontecimientos que “no fueron manifestaciones pacíficas, sino en los que se escenificó la violencia y lo demuestra la incautación de más de 2.000 armas, objetos incendiarios y explosivos”, apuntó.
Nexos de J.J Rendón y el narcotráfico
La fiscal también informó que el MP investigará los presuntos nexos que J.J Rendón, asesor predilecto de conocidos políticos derechistas de Venezuela, Colombia y Centroamérica, tiene con el narcotráfico.
El pasado sábado, el diario El Espectador publicó documentos que precisan cómo Rendón recibió 12 millones de dólares hace tres años de manos de tres capos para, presuntamente, conseguirles con el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia un acuerdo de rendición a cambio de la no extradición.
“El pueblo puede tener la confianza, la seguridad, certeza de que vamos a hacer justicia, se van a hacer unas investigaciones serias y responsables. El imputado puede tener la seguridad de que vamos a actuar apegados a la Constitución y a la ley con objetividad, con imparcialidad, con transparencia”, dijo.
También refirió que Rendón está solicitado por presunto abuso sexual, delito previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, por lo cual la justicia venezolana instó, el pasado 9 de enero, a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) a que lo incorporara en el código rojo, con el que podía ser capturado en cualquier puerto o aeropuerto internacional por el que pretendiera desplazarse.
Sin embargo, el 19 de febrero Interpol lo sacó del código rojo alegando que los delitos imputados al individuo “son relativos a crímenes de derecho común”.
Juan, tu comentario es de los mas despreciables e ignorantes del mundo, sabiendo que toda persona tiene derecho a protestar, y se supone los cuerpos de seguridad deben resguardar, no asesinar. Precisamente fue el Ex presidente Chavez quien dijo muchas veces: “maldito el soldado que mata a su pueblo”.