Foto: Agencias
El proceso para la exhumación de los restos del ex presidente chileno Salvador Allende comenzó este lunes, luego de casi 30 años, para determinar las circunstancias de su muerte durante el golpe militar de 1973. El féretro fue abierto para fotografiar el cuerpo y, posteriormente, fue enviado al Servicio Médico Legal (SML).
Texto: Telesur, Ciudad CCS
El juez Mario Carroza, que encabezó las investigaciones de las ejecuciones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet, señaló que el proceso de la exhumación se inició temprano en el Cementerio General de Santiago de Chile, la capital del país austral. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Legal, con el fin de determinar el motivo de su deceso durante el 11 de septiembre de 1973.
El procedimiento estuvo custodiado por los Carabineros (policía chilena), y sólo hicieron acto de presencia en la apertura del mausoleo los familiares y la prensa. La exhumación no irá acompañada de una nueva autopsia al cadáver del ex mandatario, sino que será sometido a otros peritajes para tratar de dilucidar las causas de su muerte.
Aunque la versión oficial señaló en su momento que el ex mandatario se “suicidó” el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe militar, algunas versiones desmienten dicha información. Es por eso que la justicia chilena ordenó el pasado 27 de enero investigar tanto la muerte de Allende, como las de sus colaboradores que fallecieron durante el ataque al Palacio de La Moneda (sede del gobierno).
Ese bombardeo fue liderado por Pinochet, con el apoyo de miembros de la Agencia Central de Información de Estados Unidos (CIA).
MÁS DE 700 CASOS
La decisión judicial forma parte de un esfuerzo de la Corte Suprema por investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas en la dictadura del hoy ya desaparecido Pinochet. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y partidos de izquierda han abogado porque se determine si el fallecimiento de Allende fue suicidio u homicidio.
El caso del ex presidente Allende, líder de la Unidad Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos que fueron presentadas en enero pasado por la fiscal Beatriz Pedrals ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial.