Foto: Correo del Orinoco
El Contralor de la República exige que no se pierda la memoria de los crímenes de la Cuarta República. A los funcionarios responsables que estén vivos, “que se les haga juicio y que paguen por esos delitos que cometieron”, propone. A los muertos, “que se les publique el prontuario. Que se sepa quiénes son y lo que hicieron”
Los ojos de Clodosbaldo Russián se abren de tal manera que parecen aumentar el volumen de su voz, que se torna enérgica para exigir que se aclare el asesinato de Fabricio Ojeda. “Todavía tienen que estar vivos algunos de los que participaron en la captura y el encarcelamiento de Fabricio, esas son personas identificables”, asegura.
En su despacho de la Contraloría General de la República, Russián reafirma su convicción de que el hombre que lideró la Junta Patriótica que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez no se suicidó. Entre las muchas razones que tiene Russián para pensar así, apela a su experiencia como compañero de lucha y prisión de Ojeda, lo que le permitió comprobar que se trataba de un hombre con mucho coraje y gran entereza de carácter. Sobre todo, afirma, “siempre manejó con gran serenidad las situaciones más difíciles. Nunca se mostró ansioso ni indeciso”.
Han pasado 44 años desde el 21 de junio de 1966, día en que la prensa anunció el hecho. Pero ahora hay un gobierno revolucionario, así que la demanda de Clodosbaldo Russián -no como Contralor General de la República, sino como luchador revolucionario- de que se investigue el caso es más apremiante. “Hace tiempo murió uno de los captores de Fabricio, en una calle aledaña la avenida Presidente Medina. Un delincuente lo apuñaló para robarlo. Lamentablemente nadie lo atendió y se desangró en la acera”, comenta. El revolucionario insiste en su llamado para que se actúe pronto a fin de identificar a los cómplices que aún estén con vida.
-¿Cómo se puede identificar a esas personas?
-Hay nóminas en los organismos de seguridad que tienen que estar en archivo, y con base en esa nómina se puede establecer quiénes estaban destacados ese día. Tiene que haber registros del aparato policial para saber quiénes estaban a cargo de las comisiones que actuaron en su rastreo y captura.
Ante la pregunta de si esas nóminas se pueden revisar, Russián responde con un gesto vehemente; se golpea las rodillas con las palmas de las manos y dispara un reclamo que retumba en el salón donde transcurre la entrevista: “¡Yo me resisto creer que aquí se hayan quemado todos los libros! Eso tiene que estar disponible! Pero es que aquí nunca se ha interrogado a nadie de los cuerpos represivos, chico!”.
-¿Y usted qué piensa de eso? ¿Por qué después de tanto tiempo ni siquiera se ha interrogado a esas personas?
– Porque es que nosotros nos hemos equivocado todo este tiempo al no tener una política de Estado para investigar y esclarecer todos esos casos de asesinatos y la persecución que hubo aquí por razones políticas. No se ha investigado para castigar a quienes cometieron esos delitos, ni se ha divulgado lo que pasó. ¡Es un error que se ha cometido!
Russián hace una tajante diferenciación entre las instituciones militares y de seguridad actuales y las de la Cuarta República, y enfatiza que las acciones del Estado deben recaer sobre personas concretas:
“Los expedientes que armó el aparato policial no los hizo la institución en abstracto; fueron personas de carne y hueso quienes los hicieron. Y aunque varias de esas personas seguramente han muerto, no pocas están vivas, disfrutando de plena libertad en las calles de Venezuela y del resto del mundo”, sentencia.
Algo en la mirada y en el tono de la voz del Contralor hace pensar que este reclamo, del que ha sido vocero por años, comienza a desesperarlo. Sin embargo, se declara “un militante de la esperanza”, y celebra el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, de que promoverá una ley contra la impunidad. Para ello, convocó a las y los familiares de las víctimas de la represión de los gobiernos del Puntofijismo. Ayer, cinco días después de esta entrevista, el dirigente tuvo el primer encuentro con deudos de personas asesinadas en esa época.
-Volviendo al caso de Fabricio Ojeda, ¿usted cree que sea pueda probar que en efecto fue asesinado?
-La información que nosotros obtuvimos fue que lo asfixiaron en el sótano del SIFA (Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) y luego lo subieron al cuarto piso. Ahí fue donde lo mostraron los medios y lo pudimos ver. Yo me imagino que, con los avances tecnológicos de hoy, eso se podrá demostrar.
Russián evoca el momento en que se enteró de la muerte de Fabricio Ojeda, y recuerda que los medios divulgaron la versión del SIFA de que se había suicidado. Entonces revela un dato sobre el que él y sus compañeros fueron advertidos en aquel momento: “Nos llegó información de que en el crimen habían participado un sargento de la misión estadounidense, aunque eso sería mucho más difícil probarlo, porque con seguridad no aparecerá en los expedientes. También nos dijeron que estuvieron presentes los agentes de la Digepol de origen cubano, los batisteros que trabajaban en el aparato policial”.
RAZÓN DE ODIO
La posible presencia de esbirros cubanos en los interrogatorios de Fabricio Ojeda refuerza la tesis de que fue asesinado en los propios calabozos del SIFA, como se desprende de las afirmaciones que en este sentido hace Russián:
“Fabricio Ojeda fue el primer venezolano de alto nivel político que se identificó con la Revolución Cubana, y en reconocimiento a su solidaridad, el comandante Fidel Castro le otorgó la jerarquía de teniente ad honorem de la Revolución. Eso fue motivo suficiente para que la gente de Acción Democrática y Copei hicieran burla de él; comenzaron a llamarlo ‘el teniente Hilton”, señala Russián.
El abierto irrespeto hacia la figura de quien venía de ser presidente de la Junta Patriótica que derrocó a la dictadura de Pérez Jiménez, era “una muestra del odio que esa gente le tenía”, sostiene Russián, quien asevera que “ese mismo odio se lo tenían los cuerpos represores”. Y agrega que esa era una de las razones por las que Fabricio Ojeda “estaba consciente de que lo estaban buscando para su eliminación física”.
-Aunque algunas cosas no se pudieran probar, ¿cree que todavía se puede hacerle justicia a las personas desaparecidas y asesinadas por los gobiernos de AD y Copei?
-Podemos, y ademas de que podemos, estamos en el deber de hacer justicia, más aún porque este es un gobierno revolucionario.
-¿Y qué sería hacer justicia?
-Investigar para dar con los culpables. A los vivos, que se les haga juicio y que paguen por esos delitos que cometieron. A los muertos, que se les publique el prontuario. Que se sepa quiénes son y lo que hicieron. Y los que vayan a juicio tienen que ir a la cárcel independientemente de la edad que tengan, porque estos son crímenes de lesa humanidad, que no prescriben.
– Entonces ¿usted diría que respondieron a una política de Estado?
-Sí, así fue
-La Fiscal General ha dicho lo mismo: que hubo una política dirigida perseguir, torturar y desparecer. ¿Usted diría que se trató de una guerra de exterminio?
-¡Claro! Sí fue una guerra de exterminio, porque si tú caías y no había suficiente gente que viera cuando te atrapaban o cuando te estaban llevando, te desaparecían para torturarte, te mataban. Pero además, aunque hubiera testigos, muchas veces te desaparecían igual. ¡Y en eso a mí nadie me va venir con cuentos, ni a decirme que son especulaciones mías, porque a mí me torturaron!
Indignado, el Contralor asegura que la detención era el primer paso hacia la tortura. Y recurre de nuevo a su propia experiencia:
“A mí no mataron cuando me agarraron después de que me había fugado de la cárcel porque no me reconocieron. Yo era un detenido más de una redada de 3 mil personas. Hasta me habían devuelto el reloj y 50 bolívares que cargaba encima. Pero me crucé con un vecino llamado Guillermo Roquete, que creció conmigo en Prado de María, que era PTJ (agente de la policía científica de entonces). ‘Tú no me has visto, te quedas callado’, le dije. Pero fue y me delató”, relató.
A la detención inmediata de Clodosbaldo Russián le siguieron sesiones de tortura por parte de oficiales y suboficiales de la Guardia Nacional de la época, pues se encontraba en la sede del Servicio Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Sifac), que estaba ubicada en El Paraíso. “¡Los hombres que me torturaron ahí deshonraron la institución a la que servían y el uniforme que llevaban!”, exclama.
– ¿Los que lo torturaron tenían puesto el uniforme militar?
-Sí, tenían uniformes de oficiales, de suboficiales. Por cierto, me iban a llevar a El Dorado. En esa época Ramón Escovar Salom era ministro de Justicia, y él tenía la política de mandarlo a uno para el El Dorado como castigo por fugarse de la cárcel. Pero la jurisdicción militar me reclamó, alegando que yo había cometido el delito de rebelión militar y por lo tanto debía quedar en manos de la justicia militar.
Russián apela a su propio testimonio porque quiere ilustrar de la manera más clara posible la suerte que corrían las y los militantes de izquierda que eran capturados por cualquiera de los cuerpos de seguridad de la época, especialmente durante los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni (Acción Democrática). Y reitera su demanda: “Hay que investigar quiénes actuaron en esos crímenes y castigar a los culpables”.
– Y el punto de partida sería la revisión de las nóminas y los registros de los cuerpos represivos; que se hagan públicos…
– No, yo no digo que se hagan públicos, porque ahí también debe haber personas que no participaron ni tuvieron nada que ver con esos crímenes. Una de la primeras cosas es que hagamos una revisión de todos esos casos de manera oficial; es decir, que los organismos competentes de la administración de justicia en Venezuela precedan en consecuencia. Eso lo planteamos el 23 de enero en la conmemoración de los 53 años de esa fecha. Y lo hicimos sin ánimos de retaliación ni de venganza, en absoluto. Porque quien sea revolucionario, o se precie de serlo, debe tener es la bondad suficiente para no tener ese tipo de desviaciones.
¿Cree que el Estado debe dar alguna indemnización económica o de otro tipo a las familias de las víctimas?
-Yo de eso no quiero opinar. No sé si eso se debe hacer. Pero lo que sí hay que hacer es aplicar justicia y honrar a esa gente que fue desaparecida. Hay que hacerle honor. Lo menos que se puede hacer es poner bustos o placas en los sitios en los que fueron asesinados. En cada ciudad donde mataron a estos hombres y mujeres hay que rendirles homenaje.
– Algo así ha hecho el gobernador Tarek William Saab en Anzoátegui
– Sí, él a una avenida le puso el nombre de Fabricio Ojeda, y ha bautizado otros sitios con nombres de personas asesinadas por los gobiernos de AD y Copei. Pero también hay que divulgar quiénes eran esas personas, especialmente en los pueblos donde nacieron.
-¿Eso también lo debe hacer el Estado?
– Desde luego. Y te digo un cosa: eso tiene que ver con algo de mayor importancia y significación que el propio homenaje. Hay que hacerlo porque los pueblos no pueden enterrar su memoria histórica. Somos bolivarianos, ¿verdad? O decimos que los somos, pues si de algo estuvo claro Bolívar fue de que un pueblo que desconoce su historia va hacia su propia destrucción. Si nosotros no asumimos eso y no rescatamos la memoria, no es que nos van a tumbar, es que nos vamos a caer.
En este punto de la conversación, Clodobaldo Russían habla como quien intenta tragarse un puño de arena. A su memoria viene la imagen del joven Edgar González Márquez, asesinado por funcionarios de los cuerpos de seguridad en Caracas.
“Le pegaron un tiro en la cabeza al lado mío, entre las esquinas de Marcos Parra a Solís. ¡Ahí lo mataron siendo un muchachito! No es casual que al calabozo en el que estábamos en el San Carlos nosotros le hayamos puesto el nombre de Edgar González Márquez. Nosotros le rendíamos honores, igual que a Livia Gouvernieur y a muchos otros. ¡Cómo no les vamos a rendir honores ahora!”, reflexionó.
¿Vecinos en manos de esbirros?
En medio de su exposición, Clodosbaldo Russián advierte que algunos de los responsables de los asesinatos y desapariciones forzosas por razones políticas durante el Puntofijismo trabajan en agencias de vigilancia privada, o son sus dueños.
-¿Usted diría que hoy la gente está poniendo su seguridad en manos de esbirros?
-¡Imaginate tú! Ahora y desde hace tiempo. Te cuento el caso de Montalbán, donde yo vivo desde hace años. En los 90, cuando empezó a sentirse el auge de la inseguridad y las urbanizaciones estaban buscando cómo protegerse, las juntas de condominio y los vecinos contactamos a empresas privadas y se hizo una asamblea para buscar opciones. Cuando terminó la reunión, yo pedí a los representantes de las empresas de seguridad que se identificaran. El último que se identificó lo hizo con la cara hacia abajo y no se le entendió lo que dijo. Yo le insistí, y resultó ser un antiguo compañero mío de la guerrilla. A él lo atraparon antes de ser mayor de edad y lo enviaron a la cárcel Modelo. Después, ingresó al aparato represor.
Esta anécdota trae a la conversación el caso del comisario de la Disip Henry López Sisco, hoy prófugo de la justicia. López Sisco, además de haber servido a Manuel Rosales (quien también huyó del país) como su jefe de seguridad, tenía una empresa que prestaba servicios en la materia. Si en efecto hay más personas como él a la cabeza de ese tipo de negocios, muchas asociaciones de vecinos tendrían razones para pedir que se investigue dónde están los instigadores y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los regímenes de AD y Copei.
T/Carlos Ortíz
F/Luis Franco