Foto: El Estímulo
En rueda de prensa este miércoles, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, brindó información sobre el trabajo del ente que dirige durante la ola de violencia que ha sacudido al país desde comienzos de abril. Señaló que hay 55 personas fallecidas; 52 son civiles y 3 son funcionarios policiales o militares. Hay mil personas lesionadas: 771 y 229 son funcionarios policiales o militares. Dio información sobre el caso Juan Pernalete, señaló que se ha adelantado investigaciones sobre el joven Orlando Figuera al que incineraron en Altamira el sábado pasado, e instó a los actores políticos y a los medios de comunicación a tener responsabilidad.
Texto: Alba Ciudad (LBR)
En total, 346 bienes inmuebles públicos o privados fueron quemados o saqueados durante los hechos de violencia hasta este 24 de mayo.
Señaló que el Ministerio Público (MP) está investigando todos los hechos ocurridos en estos eventos. Se han iniciado 1.475 investigaciones, 1.329 por delitos contra las personas, 150 por daños a la propiedad.
Explicó que, en materia de delitos comunes, se ha imputado a 2.664 personas por presunta comisión de homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, hurtos, robos, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de objetos provenientes del delito, entre otros.
“De estas personas, solamente 284 han sido privadas de libertad”, indicó. Es sólamente un 10,66 por ciento del total de aprehendidos. Al respecto, explicó: “No todas las personas que son aprehendidas son responsables de los hechos que han ocurrido. La liberación de personas que han sido detenidas ilegalmente, constituye un triunfo del estado de derecho, y una demostración de la vocación garantista que pudiera tener el país. Causa alarma cuando se intenta posicionar la tendenciosa matriz de que es impunidad la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos”.
Indicó que hay 19 funcionarios policiales y militares imputados por homicidio, trato cruel, inhumano y degradante; uso impropio de armas orgánicas, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, entre otros. “Tenemos 18 órdenes de captura pendientes de ejecutar”, añadió.
“La muerte de cualquier venezolano nos duele: la muerte de un obrero, de un socorrista, de un estudiante, de un músico, de un funcionario policial o militar. todo son seres humanos venezolanos, con los mismos derechos de vivir en paz y en dignidad. Por ellos, repudiamos la violencia venga por donde venga”, indicó.
Señaló que “no es momento de instrumentalizar la muerte y las agresiones por razones políticas, por la acción de cuerpos delincuenciales o por el uso excesivo de la represión por cuerpos de seguridad del estado. Por eso, quiero exhortar a todos los actores políticos en pugna, para evitar señalar hipótesis sobre los móviles de los delitos que están ocurriendo, sin que el MP o los órganos auxiliares de investigacion, como el Cicpc, lo hagan oficialmente”.
Estado Barinas
Sobre el estado Barinas, indicó que ha bajado un poco el estado de violencia que existía desde el lunes. Indicó que hay 7 personas muertas por los hechos allí ocurridos. Desde el lunes han ocurrido “saqueos, alteración al orden publico, daños a instituciones públicas, el CNE, la caseta de vigilancia del circuito judicial penal, la prefectura de Barinitas, la casa materna del Presidente Hugo Chávez, daños al Comando de la GNB”.
Señaló que, por todos estos hechos, sólo se había aprehendido a ocho personas, y el martes en la noche se aprehendieron otras doce. Indicó que recibió denuncias de habitantes de Barinas sobre supuesta poca presencia y no intervencion policial. “Es importante que los cuerpos policiales se hagan presentes para evitar estos hechos delictivos”, indicó.
Es importante aclarar que dos horas después, el mayor general Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, informó que los detenidos en Barinas llegan a 107 personas, que están siendo pasadas a la Fiscalía y otras jurisdicciones.
Opiniones políticas
Por otro lado, adelantó opiniones políticas señalando que hay un fenómeno de “lucha por el poder que parece haber olvidado los padecimientos de la gente”.
Indicó que hay que identificar las causas de la confrontación de los ciudadanos, que ello no se soluciona privando de libertad a las personas, sino reconociendo que existe el problema. Opinó que “el descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la inseguridad que hay”.
Rechazó “elucubraciones” de los medios
Señaló que ha visto muchas “elucubraciones” sobre los eventos ocurridos, al margen de las investigaciones penales. “El MP o los órganos de investigación penal son los que saben lo que está ocurriendo la investigación, son los que tienen los elementos de convicción, son los que recaban los elementos de pruebas y son los que pueden afirmar con certeza y seriedad cómo ocurrió un evento, esto para generar confianza a la ciudadanía”.
Indicó que la polarización política y la instrumentalización de la violencia como arma política “no contribuyen en la construcción de un clima de confianza y tranquilidad en la sociedad”.
La Fiscal General también indicó que el adelantar “hipótesis previas” sobre los casos, que se divulgan como “olas de rumores” o a través de “voceros no competentes”, en su opinión “entorpecen la investigación y crean expectativas en la población para favorecer tal o cual versión, generando además una presión innecesaria e irrespetuosa a la labor de los funcionarios encargados de investigar de forma objetiva los delitos”.
Indicó que los medios de comunicación deben realizar un ejercicio responsable y difundir los hechos como realmente ocurrieron, de la mano de las instancias investigativas en materia penal. “Las puertas del Ministerio Público están abiertas cuando ustedes requieran, para obtener información de primera mano y evitar las olas de rumores que sólo generan más zozobra en la población”.
Caso Juan Pernalete
Sobre el caso de Juan Pernalete, joven asesinado el 26 de abril en Altamira Sur (municipio Chacao del estado Miranda, en el este de Caracas) mientras formaba parte de un grupo de manifestantes violentos, la Fiscal General reiteró que su muerte se produjo por “un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax”.
Foto: Marco Bello, Reuters
Indicó que fue impactado por un objeto cilíndrico. Mostró un cartucho de bomba lacrimógena y dio a entender que este tipo de objetos, disparados por la Guardia Nacional Bolivariana con una escopeta, son el causante de la muerte del joven. Las conclusiones se obtienen ―explicó― tras una serie de experticias realizadas sobre el cadáver, la inspección técnica del cuerpo, levantamientos planimétricos, la versión de cinco testigos, reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene el tórax, la presencia de residuos en la franela, conjuntamente con elementos que componen este instrumento; análisis histológico, análisis químico elemental, toxicológico, autopsia y todas las experticias necesarias.
Leyó en las instrucciones de la lacrimógena que “está prohibido dispararlo directamente a las personas”. Señaló que es un objeto pesado y es capaz de producir la muerte. Que sus expertos llegaron a la conclusión de que, con este objeto, se produjo la muerte de Juan Pernalete.
Indicó que saben cuál grupo de efectivos disparó el objeto, pero aún no se ha individualizado a la persona. “Esperamos en los próximos días determinar exactamente quién fue el que disparó este objeto“.
Indicó a “quienes ejercen funciones policiales de orden público, que los efectos de disparar bombas lacrimógenas con escopetas a las personas directo al cuerpo está prohibido, por sus propias instrucciones y por los estándares nacionales e internacionales. Es letal”.
Funcionarios de seguridad deben medirse
Señaló que hay que exhortar a quienes ostentan responsabilidades de mando en cuerpos de seguridad del Estado, que es imprescindible y urgente implementar el seguimiento y control de los funcionarios en ejercicio de las funciones de orden público, asegurarse que el personal que participe en operativos tengan la preparación adecuada, la competencia y la preparación mental y física para contener eventos violentos, en caso de producirse”.
Indicó que debe evitarse usar la fuerza “si la gente no está ejerciendo violencia”, que los funcionarios deben tener el adecuado entrenamiento, equipamiento y garantizar el debido descanso para evitar violaciones a los derechos fundamentales. “Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales. Eso significa que más de la mitad de las personas han sido lesionadas por el uso de la fuerza en cuerpos de seguridad del Estado”.
Cuando usas la violencia, pierdes el derecho a manifestar
Sin embargo, también acotó: “Las manifestaciones deben ser pacíficas”. Indicó que “el Estado debe garantizar el derecho a manifestar, pero cuando empiezas a manifestar con acciones violentas, perdiste el derecho”.
“La violencia sólo deja daños emocionales irreparables, resentimientos, desconfianza y mucho dolor en la familia venezolana. Una población fracturada, que pierde los vínculos de solidaridad y reconocimiento del otro, así piense distinto, es una sociedad enferma, que no podrá evolucionar ni mejorar”.
No se pronunció ni reclamó el uso de excremento y “puputovs” contra los funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Actores políticos deben tener responsabilidad
Recordó a los actores políticos en disputa tener una gran responsabilidad. “Deben disminuir su arenga al reconocimiento del contrario, y rechazar las expresiones del odio hacia el otro, porque las consecuencias serán una espiral desmedida de violencia política y represión que no disminuirá”.
Prender fuego a persona en Altamira: “Caso dantesco”
Sobre el caso del hombre quemado y apuñadao en Altamira, señala que “es un caso realmente dantesco” y afirmó que es “muy grave” que circulen “videos manipulados en favor de uno de los grupos en pugna”. Indicó que es el Ministerio Público y los cuerpos de investigaciones quien van a decir las circunstancias cómo ocurrieron los hechos, para evitar crear más odio entre las personas.
“Repudio los linchamientos y la violencia”, indicó. Las calificó de prácticas bochornosas y despreciables, y más si son por fanatismo. Que “es preocupante que se estigmatice la apariencia de las personas, y se les acuse de ser de cualquier tendencia política. Y por eso no se puede agredir a las personas, y mucho menos que se les intente asesinar”.
Indicó que, sobre este caso, se tiene la investigación adelantada sobre cómo ocurrieron los hechos, y en los próximos días se estará informando al respecto.
También señaló que hay personas amenazadas y agredidas por oponerse a las guarimbas, y grupos identificados con el gobierno por manifestar su descontento.
Grupos de civiles armados
Habló de un caso de liceístas en La Pastora que se manifestaban de forma pacífica, “y llegaron grupos civiles a amenazarlos con pistolas”. Manifestó que es necesario el desarme de la población.
Hay 16 investigaciones abiertas contra civiles armados al margen de la ley. “Preocupa la proliferación de estos grupos”, indicó. Señala que hay grupos de personas armadas, con actitudes violentas, propiciando que se alteren los ánimos, y que también hay denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando.
Indica que los cuerpos de seguridad del Estado deben evitar confrontaciones entre grupos antagónicos que se encuentran armados, y deben utilizar la fuerza de acuerdo a la ley.
Justicia civil y militar
También indicó que hay casos que corresponden a la justicia ordinaria pero se están procesando por la justicia militar. En particular, se refirió a dos casos en los estados Nueva Esparta y Zulia, e indicó que se presentará un amparo por la negación de un tribunal a pronunciarse.
Se envió una comunicación a la Fiscal General Militar para solicitarles informar al Ministerio Público el número de procesos y detenidos. “Queremos verificar su estado de salud y de detención de estas personas”, según lo que indica la Ley Orgánica del Ministerio Público. “Si tienen un problema de salud, queremos verificarlo”.
Señaló, para terminar, que están trabajando ardua y coordinadamente, “abandonando horas de descanso y descuidando la atención de nuestros hogares para dar respuestas oportunas a la sociedad en este clima de complejidad nacional”, para “hacer justicia y frenar la escalada de violencia que a todos nos afecta y que poco contribuye al normal desenvolvimiento de las actividades productivas necesarias para que el país salga adelante de la grave crisis que nos lesiona”.