Franco, Pinochet, Bordaberry y Videla
La oposición venezolana argumenta que el objetivo de la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional es garantizar la “paz” y la “unión” del país, la misma razón utilizada por el presidente español, Adolfo Suárez, cuando aprobó en 1977 una ley con las mismas características que perdonó todos los delitos políticos ocurridos durante la cruenta dictadura de Francisco Franco en España, entre 1936 y 1977, periodo en el cual se calcularon más de 114.000 personas desparecidas y el robo de unos 30.000 niños, de acuerdo con cifras de asociaciones de Derechos Humanos.
Texto: AVN (por Génesis Cedeño)
Otra ley de amnistía también fue utilizada por Augusto Pinochet en 1978 para proteger a los autores de los abusos cometidos en Chile durante su dictadura (1973-1990). Estos hechos implicaron el homicidio y desaparición de más de 3.000 personas y la detención arbitraria y tortura a más de 38.000 ciudadanos, refiere Telesur.
Augusto Pinochet
En este sentido, instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han mostrado su preocupación y absoluto rechazo a la aplicación de estas normativas que representan un retroceso en la búsqueda de la justicia y la verdad. Para la ONU, las amnistías deben ser inadmisibles para cualquier Estado que se ciña por los principios del respeto a los Derechos Humanos, pues atentan directamente contra la memoria de millones de personas que fueron víctimas de torturas, asesinatos, desapariciones y maltratos.
De acuerdo con el organismo, estos proyectos legales no sólo impiden el enjuiciamiento de los responsables, sino que, bajo la excusa de ser una medida necesaria para garantizar la paz en las naciones, terminan alentando a los beneficiarios a cometer nuevos crímenes, pues estos tienen el amparo de ser exonerados de sanciones penales.
En el caso de Venezuela, la mayoría de derecha en el Parlamento Nacional aprobó la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional el pasado martes, con la cual pretenden excarcelar a responsables de muertes violentas, conspiraciones y otros daños ocasionados con fines políticos, que fueron investigados, juzgados y condenados por el Poder Judicial de la nación desde 1999.
Entre los hechos punibles que abarca esta ley se incluyen no sólo a las guarimbas y los intentos golpistas en contra del presidente constitucional, Nicolás Maduro, sino también los crímenes en contra del sector campesino, los delitos perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el paro petrolero de ese mismo año, entre otras situaciones que quebrantaron la paz y la estabilidad en Venezuela.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Red Nacional de Derechos Humanos, se estima que con esta aprobación alrededor de unas 5.000 personas podrían ser absueltas de sus responsabilidades en diferentes delitos, entre ellos Leopoldo López, artífice de las protestas violentas en 2014, que provocaron la muerte de 43 personas, entre ellas la del joven Elvis Durán, motorizado, que murió al impactar con una guaya colocada en la avenida Rómulo Gallegos de Caracas, por un grupo de opositores que protestaban siguiendo instrucciones del partido de López.
La ley propuesta por la derecha está acompañada de una feroz campaña mediática nacional e internacional dirigida a criminalizar al gobierno venezolano, mientras que la oposición —ejecutora de los crímenes políticos— es presentada como una fuerza que defiende la democracia y la justicia.
En el mundo las leyes de amnistía han sido utilizadas como instrumentos para promover la impunidad y la injusticia de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de Derechos Humanos. En Uruguay también fue sancionado un estatuto legal conocido como Ley de Caducidad, que tuvo como finalidad proteger a los militares y las fuerzas policiales que cometieron crímenes durante el régimen que se implementó, al mando de Juan María Bordaberry, desde 1973 hasta 1985, fecha en las cuales centenares de uruguayos fueron asesinados.
Juan María Bordaberry
Mientras que en 1979, el gobierno militar de Brasil también usó la indulgencia para dar libertad a los llamados “presos políticos” y dio paso al retorno de muchos exiliados. Además, dejó exentos de investigaciones y de juicios a los militares que tuvieron responsabilidad en los más de 400 asesinatos, durante la dictadura que inició con el golpe de Estado en contra del presidente João Goulart en 1964 y culminó con la elección de Tancredo Neves en 1985.
En Argentina fueron proclamadas las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida en 1986 y 1987, respectivamente, por el entonces mandatario Raúl Alfonsín, las cuales también exoneraron de toda culpa a los militares que reprimieron y asesinaron a gran parte del pueblo argentino en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que no fue más que la dictadura militar más sangrienta y oscura de la historia de esta nación.
El dictador argentino Jorge Rafael Videla
Durante este régimen las torturas, asesinatos, detenciones, desapariciones y el exilio formaron parte del plan de exterminio ejecutado por el gobierno militar, liderado por Jorge Rafael Videla, quien a pesar de haber sido enjuiciado a cadena perpetua, bajo la protección de estas leyes salió en libertad en 1990.
Si bien no existe un número exacto de víctimas, organismos encargados de velar por lo Derechos Humanos han contabilizado a más de 30.000 desaparecidos y miles de personas fallecidas, entre ellas más de 200 niños.