La súbita declaración emitida a finales de noviembre y principios de diciembre de 1998 para cerrar decenas de casos de los que se seguía “una investigación” por torturas, desapariciones y asesinatos, fue suprimida con el nacimiento de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en 1999, destacó este miércoles Víctor Ramón Soto Armas, cuyo padre -Víctor Soto Rojas- fue lanzado vivo desde un helicóptero durante el gobierno de Raúl Leoni, en 1964 sin que sus restos hayan aún sido localizados. En el acto también estuvo presente el hermano de Alberto Rudas Mezones, quien con tan sólo 16 años fue asesinado en la plaza O’Leary, en noviembre de 1961.
Texto y fotos: AVN
“La Constitución rescató el valor de los desaparecidos, torturados y asesinados por la política represora que reinó en la IV República, y gracias a ella se crea la Comisión para la Justicia y la Verdad, que tiene como tarea principal develar la verdad que nos trataron de ocultar”, dijo.
Sus consideraciones tuvieron como escenario la Biblioteca Nacional, Caracas, sitio en el que se rindió homenaje a Soto Rojas y a los también luchadores Trino Barrios y Heriberto Cartagena con motivo de los 50 años de la desaparición forzada de los tres.
Durante su intervención, Soto Armas añadió que se debe trabajar para “más que dar con la verdad, debemos estar dirigidos a lograr la justicia y mantener nuestra historia reciente bien presente, para que nunca más volvamos a pasar por lo que pasamos en esa época”, agregó.
“Fue muy doloroso”
En el acto también estuvo presente Gregorio Rudas Mezones, hermano de Alberto, quien con tan sólo 16 años fue asesinado en la plaza O’Leary, en noviembre de 1961, y cuyo caso también se mantuvo en silencio como otros abominables crímenes ocurridos en Venezuela entre 1958 y 1998.
Gregorio recordó que Alberto Rudas Mezones participaba junto a una decena de jóvenes en un acto de solidaridad con la República de Cuba ante la ruptura diplomática del gobierno de Venezuela con esa nación, jornada que fue dispersada a disparos por una comisión de la extinta Dirección General de Policía (Digepol). Una de esas balas alcanzó el estómago de Alberto, ocasionándole la muerte.
Acto seguido al asesinato del adolescente de 16 años, la regla fue: “Sin cuerpo no hay delito ni enfado popular”. El cadáver de Alberto fue secuestrado en la funeraria La Coromoto, ubicada al oeste de Caracas y, posteriormente, enterrado sin consentimiento de la familia en el Cementerio de Sur.
“Fue muy doloroso lo que pasó con Alberto. Tan sólo era un muchacho del liceo, que lo único que hacía era manifestarse ante lo que en ese momento ocurría. Pero no les bastó con matarlo sino que además nos robaron su cadáver y no supimos más nada de él, hasta el año pasado”, mencionó.
La tumba en la que fue enterrado por el Gobierno de entonces fue encontrada a principios de 2013 y luego, en junio de ese mismo año, se practicó la exhumación en el Cementerio General del Sur y se confirmó efectivamente que era de Alberto. Tras haber pasado 53 años del asesinato y posterior desaparición del joven, sus restos fueron entregados a sus familiares este 22 de mayo.
En ese sentido, Gregorio Rudas Mezones celebró la creación de la Comisión para la Justicia y la Verdad y pidió “nunca olvidar”.
Investigan 40 mil expedientes de la DIM
La Comisión para la Justicia y la Verdad fue creada en 2013 para recabar e investigar información sobre los crímenes, torturas, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, represión que dejó más de 3.000 personas asesinadas y decenas de miles afectadas.
Los principios y atribuciones de la Comisión para la Justicia y la Verdad están establecidos en la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998, promulgada en 2011.
La normativa dice que el equipo de investigación “podrá acceder a cualquier archivo o registro de cualquier órgano del Estado donde reposen libros, documentos de contenido confidencial o secreto, documentos reproducidos por medios electrónicos, informáticos, ópticos o telemáticos, expedientes o actas contentivas de información sobre los hechos que se investigan”.
Aldemario Barrios, miembros de esta comisión, destacó que actualmente más de 40.000 expedientes de la extinta Dirección de Inteligencia Militar (DIM) son investigados actualmente por la instancia, así como a los archivos y registros de los órganos gubernamentales sobre las personas que fueron detenidas y juzgadas, información que es sistematizada y que permiten actualizar los datos existentes.
Para este 9 de agosto se tiene previsto un acto en el que se le rendirá tributo a los luchadores sociales de los años 60, 70 y 80, quienes recibirán la condecoración Víctor Soto Rojas. El acto se realizará en la casa natal de este guerrillero ubicada en Altagracia de Orituco, en el estado Guárico.
