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Venezuela calificó como “anacrónica, ilegal y violatoria de los derechos humanos” una orden ejecutiva emitida por Estados Unidos el 14 de marzo, que aplica la Ley del Enemigo Extranjero emitida por ese país hace 227 años, en 1798, para criminalizar a los migrantes venezolanos. La cancillería sostiene que la migración venezolana es “pacífica y trabajadora”, integrada mayoritariamente por “mujeres y hombres dignos y honestos, no terroristas ni criminales”.
Texto: BBC Mundo y Telesur
La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EE.UU. se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
Dicha ley, emitida en 1798, fue empleada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió para permitir el internamiento en campos de detención de 30.000 personas de origen japonés, alemán o italiano. Fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando EE.UU. estaba al borde de la guerra con Francia, y buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.
A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se ha aplicado en tres ocasiones:
- La primera fue en 1812, durante la guerra que EE.UU. mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
- La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945) respectivamente.
- En la I Guerra Mundial, fueron internados más de 6.000 “extranjeros enemigos”, muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates.
Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto este sábado en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU”.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 fue empleada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió para permitir el internamiento en campos de detención de 30.000 personas de origen japonés, alemán o italiano.
Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EE.UU., que tengan al menos 14 años de edad, que supuestamente sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.
El juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico. Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. No obstante, su mandato fue ignorado.
Respuesta de Venezuela
El comunicado de la Cancillería venezolana denunció que la medida “evoca los episodios más oscuros de la historia, desde la esclavitud hasta los campos de concentración nazis”, y responsabilizó a figuras opositoras como María Corina Machado y Leopoldo López de impulsar políticas “que estigmatizan y persiguen” a su población en el exterior.
El documento también rechazó la “expropiación de bienes personales, cuentas bancarias y negocios” de migrantes en EE. UU., así como la “amenaza de secuestro de menores de 14 años” bajo acusaciones de vinculación con grupos terroristas. “Nunca en la historia se había llegado al extremo de calificar a niños como criminales por ser venezolanos”, también condenó la persecución en “lugares de trabajo, colegios, iglesias y hospitales”.
La Cancillería insistió en que la crisis migratoria es consecuencia del “bloqueo criminal a nuestra economía” por parte de Gobiernos occidentales, en un intento de “cambio de régimen”. Sentenció que «esta ley viola la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y constituye un delito de lesa humanidad».
El texto oficial subrayó que esta orden hace parte de un “plan sistemático” de sanciones impulsado desde Washington, iniciado en 2015 con el decreto de Barack Obama que declaró a Venezuela una «amenaza inusual y extraordinaria». Acusó a sectores de la oposición venezolana de operar una «red criminal de coyotes» que explota económicamente a migrantes, y aseguró que existen «pruebas en manos de organismos estadounidenses» para demostrarlo.
El Gobierno bolivariano hizo un llamado urgente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la ONU para “denunciar esta acción aberrante”, advirtiendo que “no es solo un ataque contra Venezuela, sino un precedente peligroso para la región”. Reiteró que el éxodo venezolano es consecuencia del “bloqueo criminal” occidental y exigió el cese de medidas que “segregan y despojan masivamente” a su población.
El Salvador recibe presos venezolanos bajo acuerdo con EE.UU.
Por otro lado, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la llegada de 238 miembros de la organización criminal Tren de Aragua y 23 integrantes de la MS-13, trasladados a cárceles de máxima seguridad en El Salvador bajo un acuerdo con Washington. Bukele destacó que el convenio —que incluye una cuota pagada por EE. UU.— contribuirá a financiar su sistema penitenciario, actualmente con un costo anual de 200 millones de dólares.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro rechaza el nuevo intento de vincular a su población migrante con el crimen organizado, alineado con lo que califica como “persecución ilegítima” impulsada por medidas coercitivas impuestas por EE. UU.
Para Venezuela, este tipo de acuerdos bilaterales —donde detenidos venezolanos son tratados como mercancía carcelaria— reflejaría la misma lógica de reducir a sus connacionales a “criminales por ser venezolanos”, incluso cuando se trata de casos específicos de delincuencia, por lo que reclama un enfoque basado en derechos humanos y critica la “instrumentalización política”.