El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la designación dos fiscales especializados para tramitar orden de aprehensión contra el presidente de Argentina, Javier Milei, Karina Milei (secretaria general de la presidencia de Argentina) y Patricia Burlich (Ministra de Seguridad), por el caso del robo del avión de Emtrasur, conforme a la jurisdicción universal contemplada en Derecho Internacional.
Texto: Últimas Noticias
Así lo precisó el máximo representante de la acción penal durante una rueda de prensa ofrecida a representantes de medios de comunicación.
Considera Saab que se podría estar en presencia de los delitos de robo agravado, inutilización de aeronave, privación ilegítima de libertad y simulación de hecho punible y la solicitud se realiza ante un tribunal competente en Venezuela.
El caso de lo que fue denunciado como un robo del avión Boeing 747-300M propiedad de la empresa venezolana Emtrasur se concretó el 12 de febrero de 2024 , cuando partió de la ciudad de Buenos Aires rumbo a Estados Unidos, luego de haber permanecido dos años detenido en el aeropuerto y pese a las numerosas acciones ejercidas por la embajada venezolana fue enviado con las anuencia de las autoridades argentinas a Estados Unidos.
Milei y los Derechos Humanos
Por otra parte, Saab también designó otro fiscal especialista en protección de derechos humanos para que investigue las violaciones que habría cometido el presidente argentino en especial a los jubilados y pensionados. La investigación también incluye a la ministra de Seguridad de Milei quien apoyaría los atropellos.
El fiscal especializado en materia de derechos humanos iniciará una investigación conforme a las disposiciones internacionales, explicó Saab. “Milei reivindica lo más feroz de las dictaduras de los años 80 y 90 y constituye un peligro para la región”, expresó Saab.
Saab señaló que el presidente argentino está aliado con el sionismo internacional, y ha entregado la soberanía al ejército de Estados Unidos “y por eso no tiene moral para atacar las instituciones democráticas de Venezuela”.
Agregó que la justicia argentina se ha lavado la manos frente a las situaciones que se han presentado.
Venezuela aplica su jurisdicción
Saab precisó que en base a lo que establece la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada en su artículo 15, la posibilidad de que el Estado parte (en este caso Venezuela), para ejercer su jurisdicción no sólo como forma de defensa, sino también para establecer responsabilidades penales de los tipos penales en las que incurran.
En el caso del avión de Emtrasur, Saab señaló que se presume la comisión de lo delitos de : robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave, asociación para delinquir.
Indicó que en cuanto a los delitos de genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura ,las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, son tan graves que constituyen delitos contra el conjunto de la humanidad.
“Por lo tanto todos los Estados tienen la obligación de procesar a los responsables ” expresó , al tiempo que explicó que en el caso de los Derechos Humanos, “la jurisdicción para ejercer acción penal está basada en la naturaleza del crimen, con independencia del territorio donde se haya cometido el delito o de la nacionalidad del autor. Un Estado puede ejercer la acción universal, respecto a un crimen cometido por un extranjero fuera de su territorio”.
Por eso procedió a designar un fiscal especializado para que investigue las graves violaciones cometidas por agentes argentinos que reivindican el genocidio y ejecutan políticas de represión en contra de las manifestaciones sociales y de adultos mayores.
“Esta conducta constituyen crímenes de lesa humanidad (…) cusan terribles sufrimientos en contra de la población civil vulnerable de argentina”, afirmó.
En consecuencia, basándose en lo contemplado en el Estatuto de Roma, el fiscal especializado en materia de protección de Derechos Humanos procede a abrir la averiguación contra Javier Milei.