Foto: Redes sociales
El Comité de Usuarios y Usuarios de las Telecomunicaciones introdujo este miércoles un amparo con medidas cautelares ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra Galaxy Entertainment de Venezuela (Directv), por delitos de vulneracion de derechos colectivos y difusos de venezolanos y venezolanos, tras la medida arbitraria de culminar operaciones de televisión por suscripción y el cierre intempestivo de actividades en el país que afecta a más de 6,5 millones de usuarios y usuarios.
Texto: VTV
“La demanda surge por una serie de denuncias recibidas por los Comité de Usuarios quienes presenta un amparo con medidas cautelares por derechos colectivos y difusos para proteger a los suscriptores pero también a todos los que se ven afectados por el cierre intempestivo de actividades que está generando esta empresa transnacional que pretende hacer valer una norma que emite el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), faltando a la normativa nacional”, explicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), María Alejandra Díaz.
En este sentido, expuso que la empresa Directv Venezuela ocupa un 45,32% del mercado de difusión por suscripción en el país por lo que “estamos reclamando la violación a los derechos constitucionales. Esta empresa está abusando de su posición de dominio y de condición oligopólica para dejar sin comunicación a un sector de los venezolanos”.
Copia recibida del Amparo constitucional por vulnetacion de derechos colectivos y difusos de venezolanos y venezolanos por parte de Directv, entregado hoy ante el TSJ en Sala Constitucional . Justicia¡¡¡ pic.twitter.com/lEpkuwfGrf
— María Alejandra Díaz Marín (@MariaesPueblo) May 20, 2020
Díaz aseguró que la empresa transnacional viola la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) y la Ley Orgánica de Telecomunicación. Por ello, “pedimos que se restituyan los derechos de los usuarios que estamos siendo afectados por esta medida unilateral e ilegal por parte de esta empresa, queremos que se haga respetar nuestra soberanía pues violan normas de carácter comercial. Esperamos que se garantice y se restituya el servicio”.
Puntualizó que con esta acción arbitraria e ilegal en medio de una pandemia cercena el derecho y viola el decreto de inamovilidad laboral decretado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la cuarentena social, colectiva y voluntaria por la pandemia de la Covid-19.
“Estas acciones no son responsabilidad del Estado, eso no es casual que quieran dejarnos sin voz y sin comunicación para quebrar la tranquilidad del venezolano que en tiempos de confinamiento se ve afectada” finalizó.
Pretenden imponer una dictadura mediática
Díaz denunció que la empresa ya está mudando sus operaciones a Colombia con la intención de que los venezolanos se informen a través de un tercero en medio de las amenazas a la integridad territorial y demás presiones que ejerce la administración de Donald Trump contra el pueblo e instituciones de Venezuela. “No pueden decir que es una responsabilidad del Estado, es una medida de fuerza asimétrica y lo primero que buscan es tomar las telecomunicaciones, para incidir e imponer una dictadura mediática intempestivamente, cercenando el derecho y acceso a la comunicación”, rechazó.
Subrayó que la operadora Directv “no tiene tres días en el país. Tiene más del 40 % del mercado de difusión, y es ridículo pensar que cambiaron las condiciones”, puntualizó, al tiempo que reiteró que la decisión es ilegal y arbitraria de la casa matriz.
Cinco meses después de las reuniones entre el Departamento de Estado y AT&T (propietaria de la operadora), de acuerdo a un trabajo de investigación revelado por Associated Press (AP), Directv anunció a través de un comunicado que Directv Latinoamérica cierra sus operaciones en el país de manera inmediata y sin participarlo a sus clientes, decisión que deriva de las medidas coercitivas de Estados Unidos, que presionaron a la operadora.
Al respecto, AT&T recibió presiones del gobierno de EEUU para que cooperara con la agresión continuada contra Venezuela e “impedir” que Directv fuera “usada como plataforma de propaganda” por parte de Maduro, “para hacer críticas a los actores de derecha, sin estos poder defenderse”, cita AP.
El medio asentó que la multinacional se encontraba en una disyuntiva entre acatar la legislación venezolana o ceder a las presiones de la administración Trump para cumplir las “sanciones” contra Venezuela, con el eventual riesgo de ser amonestada en cualquiera de los dos países.