El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, informó este domingo que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Seguros Sociales (INSS) revocó la resolución 1/317 para facilitar el diálogo sobre el tema de la seguridad social. Aseguró que “todos en Nicaragua estamos claros que hay que buscarle una solución al tema de la seguridad social, permitiendo la sostenibilidad de las empresas para garantizar el empleo, como también un aporte igualmente sostenible de los trabajadores tomando en cuenta que los salarios en el país son bajos”. Manifestó que en estas resoluciones sobre la seguridad social el Estado ya tiene comprometidos recursos.
Texto: El 19 Digital y RT
“Esta resolución que estoy dando a conocer en estos momentos que acaba de aprobarla el Consejo Directivo de la Seguridad Social lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación de protesta”, explicó.
Rechaza acontecimientos irracionales
Ortega refirió que las protestas son normales en todos los países cuando se toman medidas de este tipo, pero no salen a destruir ni armados a matar, sino al contrario marchan de manera pacífica.
El mandatario calificó los últimos acontecimientos como irracionales. “No tienen explicación”, aseguró. Hizo el llamado al pueblo y a todos los sectores, independientemente de su pensamiento político, ideología, credo religioso o condiciones económicas, “a que nos unamos todos en una gran lucha por la paz, que se restablezca la paz, que hemos venido gozando los nicaragüenses, esta paz que nos ha hecho sentir tan orgullosos y tan reconocidos por la comunidad internacional”.
“Hemos visto millones de ciudadanos en Europa marchando en contra de medidas que no les parecen, pero no hemos visto que se lancen a saquear a las empresas, que se lancen a saquear centros comerciales. Eso no lo hemos visto, que se lancen a destruir e incendiar las instituciones, los edificios de las instituciones, del Estado, e incluso también de particulares”. Dijo que desgraciadamente en Nicaragua sí se ha visto eso.
La reforma
Tras varias etapas de negociación durante 2017, el Gobierno de Nicaragua había aprobado el 16 de abril la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que supone nuevas tasas de aportes al seguro social.
Los ajustes promovidos por el INSS estipulan un aumento del 6,25 % al 7 % de las deducciones jubilatorias de los salarios de los trabajadores. Por su parte, los empleadores pasaran de pagar del 19 % al 22,5% de los salarios de sus trabajadores al seguro social. Asimismo, la reforma prevé una reducción del 5 % en las pensiones, monto con que los jubilados ahora tendrán que contribuir al seguro social.
De esta manera, el Gobierno pretende garantizar los derechos a una seguridad social para la población menos favorecida mediante la distribución de responsabilidades entre las empresas y los trabajadores.
El presidente del INSS, Roberto López, subrayó que la medida fue tomada para “garantizar la sustentabilidad financiera” de la institución por un período de 10 años y el crecimiento continuo de atenciones y beneficios para los trabajadores y pensionados de este país.
¿Quiénes se opusieron al cambio?
Estudiantes y jubilados salieron a las calles para mostrar su rechazo al aumento del monto de las cotizaciones para los trabajadores, así como a los aportes que tendrán que realizar los jubilados al seguro social.
Entre los que más se oponen a la nueva reforma están las empresas privadas. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, aseveró que las medidas no garantizan la sustentabilidad futura del INSS y suponen más desempleo y menos consumo y competitividad. Según los cálculos de Aguerri para 2019, la reforma sacará de la economía 7.500 millones de córdobas (240 millones de dólares), que equivalen al 1,5 por ciento del PIB de Nicaragua, reporta La Prensa.
Víctimas y consecuencias de las protestas
Las protestas empezaron el pasado miércoles tras convocatorias a través de las redes sociales. Las manifestaciones opositoras se volvieron violentas a medida que se encontraron con los que están de acuerdo con las modificaciones.
La Cruz Roja de Nicaragua informó que constató 6 fallecidos durante las protestas por impactos de armas de fuego, si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló que había contabilizado al menos 10 muertos en todo el país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ha informado sobre 26 muertes, según medios locales. Al menos dos de los fallecidos eran policías.
Una de las víctimas de las protestas es el periodista nicaragüense del Canal 6 Ángel Gahona, quien murió el sábado tras ser alcanzado en la cabeza por un disparo mientras cubría en vivo las protestas por la reforma de pensiones en Bluefields.
Mientras que los protestantes denuncian una brutal represión por las fuerzas del orden público contra ellos, los simpatizantes del Gobierno se quejan de la quema de vehículos, saqueos y destrucción de edificios públicos por parte de grupos vandálicos, con el fin de infundir temor en el país.