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Luego de varios meses de que el gobierno venezolano introdujera a su par italiano la solicitud de aprehención del ex ministro y ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, las autoridades competentes de esa nación europea aprobaron la solicitud de extradición.
Texto: Alba Ciudad y RT
El procurador de Roma, Luigi Giuliano, informó a través de un documento emitido que el Fiscal General de esa Corte, Roberto Cavallone, sentenció a favor de la extradición de Ramírez, una información hecha a través de tuit del ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.
Ramírez, quien fue ministro de Energía y Petróleo, vicepresidente de la Nación y presidente de Petróleos de Venezuela, además de dirigir otras ramas estratégicas durante parte de los gobiernos del recordado Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, según diversas denuncias con pruebas fehacientes es acusado por malversaciones de fondos, estafas, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, nepotismo y hasta de actos por los cuales está señalado de alta traición a la patria.
Al momento de darse a conocer todas estas denuncias, Ramírez se desempeñaba como embajador de Venezuela ante la ONU, por lo que, estando en Estados Unidos, pudo escapar sin problemas a Italia, donde vive en una zona lujosa y exclusiva, según denunció el gobierno venezolano. Habría acaparado una fortuna estimada de más de 4 mil millones de dólares.
Acusaciones
Fue acusado por la Fiscalía venezolana de liderar una trama de corrupción, junto a su primo Diego Salazar, y el empresario Jorge Enrique Luongo, de la que habrían obtenido más de 1.347 millones de euros a través del blanqueo de capitales, entre 2011 y 2012.
Ramírez también está vinculado al caso del “buque fantasma”, propiedad de la empresa inexistente Petro Saudi Saturn, contratada en 2010 para la explotación de gas costa afuera como parte del proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, que habría estado inoperativo el 60 % del tiempo, y por el que el Estado pagó 1.175.300 dólares.
Asimismo, el expresidente de PDVSA también está relacionado con el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, donde presuntamente se manipularon los escaladores AGA y el Factor K, componentes necesarios para la fijación del precio del crudo.
Los “errores de cálculo” en los escaladores AGA pudieron generar pérdidas de hasta 6 dólares por barril (para la determinación de regalías), mientras que la desviación del factor K pudiera superar los 5.000 millones de dólares, entre 2009 y septiembre de 2017.
Entre sus manejos irregulares destaca la condición en que dejó la industria petrolera, colocando a diversos gerentes en empresas filiales y en cargos estratégicos a familiares y conocidos, varios de ellos hoy privados de libertad por delitos de corrupción.
Ramírez ha atacado abiertamente al gobierno de Maduro en los últimos años a través de las redes sociales y de medios de comunicación que se han prestado para golpear comunicacionalmente a las autoridades de la actual administración venezolana.
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