El abogado constitucionalista Julio García aseguró que este jueves no se podrá instalar una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) porque se encuentra en desacato, de acuerdo a una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Texto: VTV
Durante una entrevista en el programa La Pauta de Hoy, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), García destacó que la ilegalidad en la que se encuentra el Parlamento no permitirá que el representante del partido derechista Primero Justicia, Julio Borges asuma la Presidencia del ente legislador.
Explicó que la AN debe, a través de un acto, retirar de manera oficial a los ciudadanos de Amazonas con la aprobación de los diputados, y llegar a un acuerdo para desistir del presunto “juicio político” contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, figura que carece de sustento legal y viola la Constitución Nacional vigente.
El abogado enfatizó que el Poder Legislativo no es un supra poder público, porque Venezuela está bajo un sistema presidencialista donde la mayor preeminencia la tiene el Jefe de Estado, a diferencia de los países de Europa, donde la mayoría de los sistemas son parlamentarios.
La única forma que la junta directiva se pueda instalar es planteando en la sesión de este jueves retirar a los ciudadanos del estado Amazonas y celebrar los días posteriores la instalación del nuevo cuerpo directivo, explicó.
Ley de Amnistía criminal
El constitucionalista señaló que una de las acciones más graves de la Asamblea Nacional, desde el 6 de diciembre de 2015, fue querer aprobar el proyecto de Ley de Amnistía porque perdonaba “los delitos a violadores de derechos humanos que la misma Constitución en su artículo 21 establece que ni violadores de derechos humanos, ni quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad debían perdonarse.”
Dijo que la inmunidad parlamentaria está prevista para proteger al diputado de lo que diga en el hemiciclo y no para que cometa delitos fuera de ese escenario.
El desacato de las autoridades de la AN responde a la inobservancia de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) referida a la desincorporación de los ciudadanos electos en el estado Amazonas en diciembre 2015, por las pruebas encontradas que determinaron la anulación del proceso por vicios electorales.
A pesar de la decisión del máximo tribunal, la Junta Directiva del Poder Legislativo incorporó a ese organismo a los citados ciudadanos, quienes fueron impugnados y están siendo procesados por presuntas irregularidades, razones por las cuales se consideran inválidas sus decisiones legislativas.
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