La medida de cierre de la frontera con Colombia que el 19 de agosto tomó el presidente de la República, Nicolás Maduro, para liberar la zona de contrabando y prácticas de paramilitarismo, fue tema de debate este jueves durante una nueva jornada del Foro Pensamiento y Acción, actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la que participaron el destacado escritor e historiador venezolano Luis Britto García; Martha Lía Grajales, de la Red de Apoyo por la Justicia y la paz; Carlos Tovar, director general del Gabinete Cultural del estado Táchira. Junto a ellos participaron los colombianos Jacobo Alban y Juan Carlos Tanus. Suministramos el audio completo del evento.
Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Oscar Arria)Audio: Alba Ciudad
El evento se realizó en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), ubicado en el área cultural de Parque Central, en Caracas.
Participación de Juan Carlos Tanus
Participación de Martha Lía Grajares
Palabras de Carlos Tovar, del Gabinete Cultural del estado Táchira
Palabras de Jacobo Alban
Participación de Luis Britto García, escritor y ensayista
Preguntas y respuestas
Para iniciar la tertulia, Juan Carlos Tanus, miembro de la asociación Colombianos en Venezuela, señaló que el contrabando y el paramilitarismo encuentran algunas de sus causas en las deficiencias que históricamente han presentado las políticas fronterizas entre Colombia y Venezuela, especialmente en la Resolución 8, aprobada por el Banco Central de Colombia en el año 2000, y la Ley 191 del año 1995. En ese sentido, calificó de poco responsable la actitud del Estado colombiano frente a estas situaciones irregulares.
La segunda intervención estuvo a cargo de Martha Lía Grajales, miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, quien aclaró que hablaría a título personal. Dirigió el debate a dos temas puntuales: la cobertura mediática a la situación del cierre fronterizo y los derechos humanos. Para ello, realizó una breve revisión de los principales portales informativos de Colombia que reseñaban las declaraciones donde el presidente Juan Manuel Santos plantea la posibilidad de denunciar al Gobierno venezolano ante instancias internacionales, bajo la acusación de cometer crímenes de lesa humanidad.
Para argumentar e ilustrar su explicación, Grajales recurrió a los planteamientos del Estatuto de Roma, instrumento legal que sustenta a la Corte Penal Internacional. Ataques generalizados y sistemáticos en contra de poblaciones, agresiones sexuales y desplazamientos a personas que residan legítimamente en un territorio son algunos de los escenarios que deben presentarse para que pueda hablarse de crímenes de lesa humanidad.
Por ello, según explicó, las acusaciones de la dirigencia política colombiana no encuentran un asidero jurídico, debido a que las deportaciones han sido aplicadas a inmigrantes colombianos que se encontraban en el país de forma ilegal. A su vez, comentó que hasta ahora no hay pruebas que demuestren la ocurrencia de agresiones sexuales por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos. “Es una situación que debe investigarse”, aclaró. Finalmente, aseguró que en esta situación no puede hablarse de ataques generalizados y sistematizados, debido a la ausencia de pruebas antes mencionadas y a que las acciones del Gobierno de Venezuela se han llevado a cabo en medio del actual cierre fronterizo.
De igual forma, compartió las cifras aportadas por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, donde afirma que en el territorio nacional residen alrededor de 6 millones de colombianos, a quienes el Estado venezolano ha respetado y dignificado. De hecho, según cifras aportadas por el Defensor, alrededor de 20% de las personas beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela son colombianas. “¿Dónde están los crímenes de lesa humanidad?”, preguntó Martha. Lo que respondió ella misma en pocos segundos: “En las ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual”, que se han derivado del conflicto armado y de las políticas del Estado colombiano.
“De nada sirve seguir atacando al eslabón débil de la cadena”, afirmó para explicar la propuesta que hace al Gobierno venezolano: atacar a las manos poderosas que dirigen las mafias que operan en la frontera.
Más adelante, Carlos Tovar, director general del Gabinete de Cultura del estado Táchira, señaló que el cierre de la frontera no debe considerarse de forma aislada al “golpe sistemático y continuado”, que se ha realizado en contra del Comandante Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro. Las guarimbas, “ese ensayo de insurrección social planificado”, y la incursión paramilitar al territorio venezolano son factores en los cuales la situación fronteriza actual encuentra causas y explicaciones.
En ese sentido, aclaró que el cierre de la frontera es una medida importante, debido a que desde ella se combaten de manera frontal a las mafias paramilitares que han ganado múltiples espacios en diversas regiones del estado Táchira. Asimismo, agregó que se trata de un mecanismo mediante el cual se pueden y se deben reformular las relaciones sociales y políticas en la zona fronteriza.
Jacobo Albán, activista de la organización Colombia no está Sola, se sumó al debate planteando que para comprender y dimensionar el conflicto fronterizo, se debe considerar analizar la historia colombo-venezolana desde el periodo independentista, gestado por Simón Bolívar y Francisco de Miranda, hasta el período de guerra con las FARC.
Del mismo modo, explicó que “no se puede entender la guerra en un solo territorio”, y que debe tenerse presente que el paramilitarismo no es un fenómeno nacido en Colombia, sino que se ha presentado en varios países de América Latina, siendo financiado y auspiciado por la derecha internacional y por Estados Unidos.
El abogado, profesor y escritor Luis Britto García, coincidió con Jacobo cuando afirmó que “no hay conflicto que no se extienda a su frontera”. Al igual que los demás invitados, planteó que la “invasión silenciosa” del paramilitarismo es una asunto delicado al que el Gobierno venezolano debe hacer frente, debido a que es un fenómeno que se apodera de forma discreta y certera de diversos espacios. “Es un poder invisible. No establecido por nadie, pero que dicta sentencias terribles”, dijo.
Britto García aprovechó su derecho de palabra para proponer acciones al Gobierno venezolano. La primera de ellas se refiere a la realización de un estudio demográfico, económico, político, social y cultural de la situación colombiana en la frontera, y de la población colombiana que hace vida en el territorio nacional. Esto para combatir la falta de conocimiento acerca de la realidad de pueblo del país vecino. También propuso la articulación del Gobierno con las organizaciones y movimientos sociales para detectar y combatir el paramilitarismo, así como también la actualización de leyes y políticas de frontera.
Al finalizar, el público presente y los oyentes del foro a través de Alba Ciudad, intervinieron en el debate —los radioescuchas vía Twitter— con reflexiones e interrogantes en torno al tema tratado.
Con los paramilitares está todo mal, en eso estamos de acuerdo. Pero que extraño que no se hace mención a las guerrilas colombianas FARC y ELN. Raro, muy pacial esto.