Ley de Infogobierno impone multas, inhabilitaciones e impuestos para quienes se nieguen a usar software libre en el Estado

Colectivos de software libre celebraron la aprobación el pasado jueves de la ley. Foto: Alexis Anteliz

El pasado jueves fue aprobada en segunda discusión la Ley de Infogobierno, instrumento legislativo que busca fortalecer y regular el uso de tecnologías de información en el Estado venezolano, para hacerlo más eficiente, transparente y seguro, darle acceso a la ciudadanía a sus servicios a través de plataformas como Internet, e impulsar la migración del Estado a tecnologías libres, que funcionen en una plataforma propia y bajo su control. El diputado Guido Ochoa y los activistas de software libre Kenny Ossa, Octavio Rossell y Joan Espinoza fueron entrevistados este viernes en el programa “Cópiate esta Radio” de Alba Ciudad 96.3 FM por Damián Fossi y Luigino Bracci sobre esta ley.

Texto: Luigino Bracci, Alba Ciudad

La Ley de Infogobierno reemplazará al Decreto Presidencial 3.390, que el comandante Hugo Chávez firmó en diciembre de 2004 para ordenar que las plataformas informáticas del Poder Ejecutivo Nacional migren a software libre y estándares abiertos, pero que había sido cumplido a medias. La nueva ley mantiene el espíritu del Decreto, pero extiende su alcance a los cinco Poderes Públicos, a nivel nacional, estadal y municipal; sanciona su incumplimiento, e incluye numerosas normas para fomentar la transparencia y el ofrecer servicios a la ciudadanía.

Breve historia

Esta esperada ley fue planteada inicialmente en 2005, encabezando la discusión el diputado Luis Tascón, con el apoyo inicial de  la comunidad de Software Libre. Microsoft se opuso rotundamente al curso dado a la ley, al punto que acudió a la embajada estadounidense en Caracas para mostrar su preocupación, entregando memos privados de Pdvsa con el fin de destacar lo “grave” de las políticas del gobierno bolivariano en materia de software libre (así quedó al descubierto gracias a cables revelados por WikiLeaks en 2011).  Finalmente, las transnacionales lograron cambiar el proyecto de Ley a su favor, causando una fuerte confrontación entre parlamentarios  y comunidades de software libre, lo que causó que el proyecto se engavetara.

A finales de 2012, el Ministerio de Ciencia y Tecnología introdujo un nuevo proyecto a la Asamblea Nacional. El diputado Guido Ochoa y otros parlamentarios de la Comisión de Ciencia y Tecnología hicieron llamados públicos a la discusión, que también recibió aportes de usuarios a través de portales como RedPatria y Colabora. La ley fue introducida en segunda discusión el pasado 1 de agosto, la misma continuó el 8 de agosto y el 15 de agosto la ley fue aprobada, quedando pendiente una lectura final antes de ser enviada al Presidente para dársele el Ejecútese.

Una ley que beneficia a todos

Para Joan Espinoza, miembro del colectivo Pinguino-Ve de Hardware Libre, “tenemos una felicidad compartida que no sólo debería estar en los activistas y usuarios de software libre, sino en todas las y los venezolanos, pues nos beneficia a todos por igual”.

“Es una ley orientada a poder implementar, hacer legal la aplicabilidad jurídica de todo lo necesario para tener gobierno electrónico, es decir, la capacidad del Estado para agilizar, simplificar de la manera más grande posible la prestación de servicios al pueblo. Todo lo que es solicitar trámites, reducir colas y gestiones engorrosas, solicitar permisos, licencias, pagar impuestos… Hacerlo de la manera más sencilla posible para evitar que el ciudadano tenga que ir a 20, 30 o 40 diligencias para obtener una diligencia o un trámite, pues esa información está en manos de las instituciones y si ellas tienen como interoperar entre ellas con software libre y trámites abiertos, esa gestión ya no tendrá que hacerla el ciudadano a ‘patica’ “.

Software libre

Las comunidades de software libre están muy contentas por la ley, pues ésta obliga al Estado a usar software Libre y Estándares Abiertos en su plataforma tecnológica. La ley plantea lo siguiente:

Artículo 34. El desarrollo, adquisición, implementación y uso de las tecnologías de información por el Poder Público, tiene como base el conocimiento libre. En las actuaciones que se realicen con el uso de las tecnologías de información, sólo empleará programas informáticos en software libre y estándares abiertos para garantizar al Poder Público el control sobre las tecnologías de información empleadas y el acceso de las personas a los servicios prestados. Los programas informáticos que se empleen para la gestión de los servicios públicos prestados por el Poder Popular, a través de las tecnologías de información, deben ser en software libre y con estándares abiertos.

A diferencia de programas comerciales tradicionales (como Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Microsoft Office o el sistema SAP que controla la gestión en empresas como PDVSA), el software libre incluye todos sus planos y especificaciones, conocidos como “código fuente”, lo que permite al Estado estudiarlo, adaptarlo a las necesidades venezolanas y asegurarse de que no tiene módulos de espionaje ocultos. Con el software “privativo” (como denominan al software tradicional que viene sin código fuente), estudiar su funcionamiento es casi imposible, y el realizarle modificaciones requiere hacer cuantiosos pagos al fabricante, que aún así podría negarse a hacerlos. El software libre es usado por las Canaimitas, los teléfonos y tabletas Android y buena parte de la infraestructura de Internet y de portales como Google o Amazon.

El artículo 34 de la Ley es una mejora sobre el Decreto 3.390 original, que indicaba que “la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre”. El empleo de la palabra “prioritariamente” servía como excusa para muchos directores de informática de entes públicos para evadir las migraciones, indicando que eran prioritarias, más no obligatorias. La voluntad de migrar una institución del Estado a software libre quedaba a discreción del director de informática, indicó Kenny Ossa, miembro de las comunidades de software libre también entrevistado este viernes. “Si a él no le gustaba el software libre, si no quería, si sólo pensaba en ventanitas (alusión a Microsoft Windows, uno de los softwares privativos más comunes) o no le parecía prioritario, simplemente no lo hacía, y el decreto no tenía un mecanismo de sanción”.

La ley exige que la plataforma tecnológica del Estado esté bajo su control 

La ley destaca, entre otros puntos, que el Estado tiene que tener “una plataforma tecnológica integrada, bajo su control y administración, que permita el efectivo uso de las tecnologías de información en sus relaciones internas”, ello ante páginas de algunos bancos, entes del Estado y medios de comunicación públicos que tienen sus páginas web y bases de datos fuera del país o mantenidas por empresas externas, lo que facilita su sabotaje o decrementa la soberanía del Estado.

Ossa explicó que “esto quedó evidenciado en el año 2002 en Pdvsa, que toda nuestra plataforma tecnológica estaba tercerizada por entes que ni siquiera estaban en nuestro país. Esta ley busca la obligatoriedad de que toda esa plataforma tecnológica no sólo ese en el país, sino que esté controlada por venezolanos y venezolanas; que podamos auditar, que podamos hacer que evolucione, que podamos desarrollar. Y eso es posible sólo con tecnologías libres”.

Octavio Rossell, miembro del Proyecto GNU y organizador de los Congresos Nacionales de Software Libre, explicó que “el articulado cambió de manera sustantiva” a medida que la Ley fue discutida con la participación de las comunidades. “Había algunos errores de concepto, definiciones de lo que son las tecnologías libres, como de algunos errores de quienes sabemos cómo funcionan las cosas de la puerta de la institución hacia adentro. Es una ley muy bonita, en cada no de sus artículos uno respira un poquito más. Hay una gran cantidad de artículos revolucionarios”.

Sanciones e impuestos al software privativo

Otro problema del Decreto 3.390 era que no tenía sanciones ni penalizadores por su incumplimiento, razón por la cual muchos entes públicos lo ignoraban. La nueva ley, en cambio, tiene numerosas sanciones y disuasivos. Ossa destacó que el artículo 80 responsabiliza directamente a los funcionarios públicos que incumplan la ley, y no al ente público:  “todas aquellas personas que ejerzan una función pública, incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa por las infracciones cometidas a la presente ley”, dice el artículo.

Habrá multas de entre 50 a 500 unidades tributarias (entre 4.500 y 45 mil bolívares, según el valor actual), según el artículo 81. Además, habrán inhabilitaciones administrativas, según acota el artículo 83, “cuando (el funcionario) se niegue, obstruya o retrase, de manera injustificada, la prestación de un servicio de información que haya sido ordenado por la autoridad competente conforme a la ley” o “cuando adquiera un software privativo sin haber sido autorizado expresamente por la autoridad competente”.

Destacaron igualmente que la compra de software privativo debe hacerse por vía de excepción, según lo indican los artículos 66 y 41 numeral 12 de la ley; los permisos durarán 3 años e involucrarán el desarrollo de un software libre equivalente. Será el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) el encargado de autorizar la compra de estos paquetes de software. Si un ente público es autorizado a comprar o usar un software privativo, deberá pagar al Fonacit (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) entre el 5% y el 10% del valor del software privativo, según indica el artículo 67, y una contribución similar por su soporte técnico y uso. El artículo 60 también indica que las empresas que importen y vendan software privativo al Estado deberán pagar al CNTI 2,5 por ciento de la utilidad neta de su ejercicio.

Estos fondos adicionales que recibirá el Fonacit y el CNTI permitirán desarrollar más software libre, así como financiar a pequeñas empresas y cooperativas. “El Estado (…) impulsará el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la Industria Nacional de Tecnología de Información Libres, garantizando el ejercicio de la soberanía tecnológica y el desarrollo integral de la nación”, dice el artículo 70, que prevee la creación de una red nacional de soporte técnico en tecnologías libres, programas para captar y formar investigadores e investigadoras y “la conformación de las Comunas de tecnologías Libres, integradas por los usuarios, usuarias, activistas, colectivos y comunidades del software y hardware libres de la República Bolivariana de Venezuela”, un inciso que los colectivos de software libre revolucionarios consideran un logro sin precedentes, según nos explicó José Alexis Anteliz, otro de los miembros de la comunidad que colaboró activamente con la ley.

“Chávez quiso que la Ciencia esté al servicio del pueblo”

El diputado Guido Ochoa (PSUV, Mérida) es ingeniero forestal de la Universidad de Los Andes (ULA) y profesor de pedología (estudio de los suelos) en dicha casa de estudios. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento venezolano. No pudo ocultar su alegría el jueves pasado, cuando la ley fue aprobada en segunda discusión.

Guido Ochoa el pasado jueves

“La ley es de todos, es de un hombre fundamental, que es el Comandante Chávez; es un hombre que consideró que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad, para resolver sus grandes problemas”, dijo Ochoa entrevistado este viernes. “Esta ley de Infogobierno está puesta al servicio del pueblo”. Busca que “la ciencia produzca cada día mucho más conocimiento. Los jóvenes, a través de diferentes colectivos en nuestro país, dieron una demostración clara de lo que tienen, del conocimiento que poseen, y una ley sin ellos no hubiera sido posible en Venezuela. El triunfo es de ellos en función el Comandante Chávez”, sentenció.

El profesor universitario señaló que “la ley nos llevará a dejar atrás el egoísmo. Muchos pueden pensar que los jóvenes, cuando se sientan frente a una máquina, se convierten en hombres egoístas porque no ven más allá de la máquina, pero estos colectivos de software libre tienen un pensamiento que los conduce a desarrollar una conciencia que los lleva a desechar el egoísmo, para plantearse lo colectivo”. Indicó que, cuando se plantean que el código fuente se pueda compartir, estudiar, transformar y saber lo que está allí, permite que se construya el conocimiento.

Diez meses para entrar en vigencia

Destacó que es falso lo que dice la prensa, de que todos los entes públicos tendrán que migrar en 10 meses. Lo que sí es cierto es que la ley entra vigencia 10 meses después de su publicación en Gaceta Oficial, según indica su disposición final única. “Lo que hay, es un período para ponerse al día. En cualquier empresa del Estado venezolano que tenga un software que tenga un carácter de tipo privativo y no consigamos (una alternativa libre) por cualquier razón, entonces, los que trabajan en software en Venezuela puedan decir: ¡vamos a hacerlo!”.

“A partir de que la ley aparezca en Gaceta Oficial, que todo el mundo (dentro del Estado) comiencen a migrar hacia el software libre. Avancemos, de tal manera que podamos decir que un porcentaje muy alto ya se encuentren trabajando con software libre”.  Indicó que grandes empresas y bancos en el mundo usan software libre para incrementar su propia seguridad.

Recordó que, con el software libre, se evitar el uso innecesario de divisas para comprar productos de software hechos en otros países. “Para comprar cualquier patente o licencias en el exterior, se necesitan una enorme cantidad de dólares, pero aquí ponemos a trabajar nuestros cerebros, que son muchísimos en el campo del software, para que le den a la Nación venezolana esa plena libertad”. Instó a los colectivos de software libre a trabajar dando cursos a la gente y ayudando a que el software libre sea cada vez más fácil de usar.

Espera que la ley ayude a que las universidades públicas se pongan al servicio de la Nación, y que todo el inmenso conocimiento que generan esté al servicio del pueblo venezolano. “La universidad no puede encerrarse en una bola de cristal que no le permita mirar más allá de sus paredes. La universidad tiene que mirar hacia el país, y las denominadas universidades autónomas, que reciben recursos del Estado venezolano y tienen que recibir al pueblo venezolano y empinarse por encima de esas paredes (…) ellas tienen un gran talento y tienen que ponerlo al servicio de país”.

“La autonomía no significa encerrarse sino construir en plena libertad, y el software libre es un elemento de plena libertad. Es un instrumento para la construcción permanente”.

Tres entes

La ley plantea la creación del Consejo Nacional para el Uso de la Tecnología de Información, presidido por el Vicepresidente Ejecutivo y que funciona “como máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con las tecnologías de información, contribuyendo en la consolidación de la seguridad, defensa y soberanía nacional”. Señaló Ochoa que “este ente tendrá el suficiente poder (…) para tomar decisiones macro al servicio del país, y se puede reunir 3 o 4 veces al año”

También plantea la creación de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información (Conati), como ente ejecutor y aplicador de políticas. Igualmente, se mantiene en existencia el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI). Otro ente mencionado en esta ley es la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), órgano competente en materia de seguridad informática, responsable del desarrollo, implementación, ejecución y seguimiento al Sistema Nacional de Seguridad Informática. Estos entes pasan a ser “unidades de apoyo”, según el artículo 50 de la ley.

Resaltó Ochoa  que la Ley permitirá el desarrollo de una industria nacional de Software Libre, pues el Estado podrá financiar pequeñas cooperativas y empresas de propiedad social que puedan desarrollar software libre y tecnologías libres según las necesidades del país.

Instó a desarrollar hardware libre

En nuestro país, en opinión de Ochoa, es muy poco el hardware que se desarrolla (entendiéndose hardware por equipos, aparatos, componentes), y eso hay que cambiarlo.

Joan Espinoza, miembro de la comunidad de hardware libre, concordó con el diputado. “Hay un altísimo impacto en el logro de la soberanía tecnológica por medio del hardware”. Indicó que no todo el hardware es electrónico, y no todo el hardware electrónico lleva software. “Una silla, un carro es hardware; nosotros importamos cualquier cantidad de carros, y por ahí se va cualquier cantidad de recursos, y es un carro privativo, porque si quieres comprar un repuesto de un vehículo aquí, no lo consigues; tienes que comprárselo a tal transnacional. Eso es una erogación de recursos enorme, y lo mismo pasa con la línea blanca, línea marrón y lo que traemos de naciones hermanas”.

Destacaron la existencia de la obsolescencia programada (un aparato que viene diseñado de fábrica para funcionar sólo por unos años, pero que podría durar mucho más) y la obsolescencia percibida (un aparato que funciona perfectamente pero que la gente no lo usa porque ‘no está a la moda’). También destacaron la necesidad de transformar la sociedad desde el punto de vista ecológico para evitar que podamos destruir el mundo.

“Cuando tenemos acceso a los planos, esquemas y especificaciones de los equipos que fabricamos, podemos incidir en el tipo de materiales que usamos para construir las cosas, y la resistividad que le damos a esos materiales para que no se dañen, no se rompan antes de tiempo. Con eso eliminamos enormemente un gran problema de desechos y un problema de consumo”. Recordaron el ejemplo plasmado en el documental “Comprar, tirar, comprar: la obsolescencia programada“, dirigido por Cosima Dannoritzer, de cómo los bombillos podrían durar infinitamente, pero son construidos a propósito por sus fabricantes para fundirse a las 1000 horas de uso, o menos.

Para que la ley entre en vigor, aún falta una lectura final que debe hacerse en plenaria para plasmar una modificación solicitada por el diputado William Dávila. En estos momentos hay receso parlamentario, y las sesiones se reiniciarán el 15 de septiembre; será entonces cuando se haga dicha lectura final. “La ley ya está aprobada, queda esa lectura pero ya todo está aprobado”, nos confirmó el diputado Ochoa De allí falta el ejecútese, que debe ser hecho por el Presidente de la República, y luego es publicada en Gaceta Oficial, de donde comenzarán a correr los 10 meses para entrar  vigencia, posiblemente para mayo o junio de 2014. ¡A prepararse!

Al entrar en vigencia la Ley, el Decreto 3.390 será derogado tras haber estado casi 10 años en vigencia, durante los cuales amparó importantes proyectos como Canaima Educativo, con más de 2,5 millones de minilaptops en software libre entregadas a niños y niñas en edad escolar; o el proyecto Canaima GNU/Linux, una distribución de software libre instalada en miles de equipos de la Administración Pública. ¡Y todo esto, por culpa de Chávez! 😉