El viernes 19 de julio culminó la Consulta Pública del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura, que se debatió por todo el país y en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), que sirvió de escenario para la novena y última jornada de discusión que reunió a las y los cultores, creadores, artesanos, trabajadores y artistas del Distrito Capital, Miranda y Vargas en la etapa final. Sólo falta completar la sistematización e incorporación de las propuestas realizadas por el Poder Popular en todo el país, para que esta nueva legislación se lleve a la segunda discusión en la Asamblea Nacional previa discusión en el seno de la Comisión permanente de Cultura y Recreación del parlamento.
Texto: MPPC (Cristina Salazar)
Con la jornada de la Unearte culminaron las discusiones en mesas técnicas -amenizados por la agrupación tradicional de tambores de la parroquia Montesano del estado Vargas- y se continuaron recibiendo propuestas vía Internet hasta el pasado lunes 22 de julio. Se estima que, hasta la fecha han participado más de 5 mil artesanos y artesanas de todo el país.
La presidenta de la comisión permanente de Cultura y Recreación de la AN, Gladys Requena, manifestó que los parlamentarios de oposición han asumido las jornadas de consulta sin obstaculizarlas: “ellos como interlocutores de una parte del país han venido respaldando el debate, han actuado con respeto a la institucionalidad de la Comisión de Cultura y Recreación”.
Se estima que esta Ley será discutida en el seno de la Comisión el 6 de agosto y luego entrará en el segundo período legislativo del 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2013. De aprobarse, sería la primera Ley Orgánica de Cultura del país basada en los artículos 98 al 101 de la Constitución Bolivariana y, se ha definido como una normativa macro que abrirá el abanico para la adecuación a la Carta Magna y las leyes en materia cultural.
En la consulta pública se discutieron 44 artículos que conforman el proyecto de Ley y que tocan desde disposiciones generales, temas como el patrimonio cultural, la política cultural pública, el fomento de la economía social de la cultura, hasta la seguridad social de los trabajadores culturales y las zonas de interés cultural.
Además plantea la defensa, fomento y promoción de la artesanía y culturas populares constitutivas de la venezolanidad; sanciones morales, administrativas, civiles y penales a personas naturales o jurídicas que ocasionen daño al patrimonio tangible o intangible de la Nación.