El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó al Gobierno español de llevar a cabo “la liquidación del autogobierno” de Cataluña y de ignorar la voluntad de los catalanes, llevando a cabo “el peor ataque a la democracia” en Cataluña desde los tiempos del dictador Francisco Franco. “De esta forma el Gobierno español, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, emprende el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco”, ha declarado Puigdemont. Su declaración se produce horas después de que el presidente Mariano Rajoy anunciara este sábado su intención de someter al Senado el cese del Gobierno catalán y la convocatoria de elecciones autonómicas para devolver a Cataluña al orden constitucional.
Texto: Actualidad RT
“Lo que los catalanes decidimos en las urnas, el Gobierno español lo anula en los despachos”
El presidente de la Generalidad acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de despreciar “la voluntad de los catalanes expresada de forma clara y masiva en las elecciones de septiembre de 2015” y también de violentar “a nuestro Parlamento y a las garantías de los parlamentarios, de los diputados y diputadas que han escogido al presidente de la Generalidad y han aprobado el programa del Gobierno”.
“El Gobierno español se proclama de forma ilegítima como representante de la voluntad de los catalanes sin pasar por las urnas, con un apoyo escaso y en contra de la voluntad de la mayoría”, sostuvo. “Lo que los catalanes decidimos en las urnas, el Gobierno español lo anula en los despachos”, declaró.
El presidente del Gobierno catalán criticó el intento de Madrid de “imponer una forma de gobierno no elegida por los ciudadanos”, lo que -dijo- “no es compatible con el estado de derecho”.
“Lo que se está haciendo en Cataluña es un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos”, denunció.
La activación del artículo 155
El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció este sábado las medidas concretas con las que se materializa la aplicación del artículo 155 en respuesta a lo que su ejecutivo considera la “desobediencia rebelde, sistemática y consciente” por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y el “incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado” de sus obligaciones constitucionales”, en referencia al proceso independentista catalán.
En una comparecencia ante los medios de comunicación tras una reunión extraordinaria de su Consejo de Ministros, Rajoy explicó el paquete de medidas con las que pretende, en sus propias palabras, “volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones”.
Estas son las claves de las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy:
- Facultad de disolver el Parlamento de Cataluña: la primera de las medidas anunciadas significa que la potestad para disolver el Parlament pasa ahora al presidente del Gobierno. Además, ha anunciado que se convocarán elecciones autonómicas en un plazo de seis meses como máximo.
- Cese de cargos públicos: El Gobierno pide autorización al Senado para destituir al presidente, al vicepresidente y a los consejeros del gobierno catalán. Los ministerios correspondientes asumirán en el ejercicio de sus funciones mientras dure esta situación excepcional.
- Función y control de la Generalitat: La Generalitat continuará siendo la administración ordinaria de la Comunidad Autónoma y seguirá funcionando como tal, aunque lo hará siguiendo el mandato de los ministerios correspondientes a cada una de sus áreas.
- Control de las competencias del Parlament: El Parlament seguirá cumpliendo su función representativa, pero con limitaciones expresas: la presidencia del Parlament no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni plantear plenos de investidura. A partir de ahora, tampoco podrá llevar a cabo iniciativas contrarias a la Constitución o al Estatuto autonómico catalán. Si lo hace, el Gobierno puede vetar esas iniciativas, para lo que dispondrá de un plazo de 30 días.
- Control de los medios de comunicación públicos: El Gobierno podrá hacerse con el control de TV3 -el canal de televisión auntonómico de Cataluña- para garantizar la emisión de “una información veraz objetiva y equilibrada”.
- Control de los cuerpos y fuerzas de seguridad: Las autoridades designadas por el Gobierno -previsiblemente el Ministerio del Interior- podrán dar órdenes directas y de obligado cumplimiento a los Mossos d’Esquadra, que podríán ser sustituidos por efectivos de las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A pesar de la dureza de estas medidas, Mariano Rajoy ha querido destacar en su comparecencia que “no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo”.
El documento con las medidas aprobadas se remitirá al Senado, para que dé curso a la demanda y remita la documentación pertinente a una comisión encargada de admitir o rechazar las medidas solicitadas por el Gobierno, pudiendo también matizarlas, condicionarlas o limitarlas.
El dictamen de esta comisión pasará al Pleno de la Cámara, para que sea debatido. Es importante saber que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en esa cámara.