Foto: AVN (Archivo)
El presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab, denunció este martes “graves amenazas” a su integridad personal, la de su familia y a las dos instituciones que preside (la Defensoría del Pueblo y el Consejo Moral Republicano), hechas durante todo el mes de abril pero que se intensificaron este martes desde la Asamblea Nacional en plenaria. El Parlamento le dio un ultimátum de tres días para tramitar la declaración de falta grave contra los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (un requisito necesario para su destitución), o sino lo investigarían por estar involucrados en el supuesto golpe de Estado o autogolpe que, según ellos, fue dado por el Presidente Nicolás Maduro el 28 de marzo.
Texto: Alba Ciudad (LBR)
Así lo expresó desde su cuenta en Twitter, @TarekWiliamSaab, en varios tuits:
“Ante las graves amenazas a mi integridad personal, a la de mi familia y a 2 instituciones que presido (la Defensoría del Pueblo y el Poder Ciudadano), proferidas pública y comunicacionalmente durante todo este mes de abril y que hoy (martes) fue decretada de facto por un sector de la Asamblea Nacional en plenaria”.
“Ante la opinión pública nacional e internacional, responsabilizo a los actores políticos que emitieron dichas ordenes de atentar contra nosotros, y las criminales acciones que dichas amenazas y el ultimátum tengan en mi contra, buscando repetir el atentado contra nuestra vida del 12 de abril de 2002“, dijo Saab recordando el momento en el que, siendo diputado de la Asamblea Nacional, fue arrestado ilegalmente por quienes realizaban el golpe de Estado en 2002.
“De forma gallarda respondo una vez más a ante las criminales amenazas: Ya el Consejo Moral Republicano declaró en su sesión del 6 de abril, improcedente enjuiciar a magistrados”.
Señaló que, “luego de un mes de asedio, acoso, guerra sucia contra nosotros y contra la Defensoría del Pueblo, queda al descubierto que el propósito no era manifestar con las garantías que establece la Constitución de 1999, sino atacar al Poder Ciudadano para ejecutar un golpe institucional contra la democracia“.
“Como ha sido mi costumbre durante 41 años de lucha cívica y popular, le digo a esa dirigencia inquisidora que enfrentare con calma y valentía todas y cada una de las amenazas y ultimátum vertidas de forma repugnante y cobarde contra mí, mi familia y la Defensoría del Pueblo”.
Este miércoles, por octava vez en el mes, los sectores más extremistas de la oposición intentaran marchar de nuevo a la sede de la Defensoría del Pueblo, en la plaza Morelos de Caracas, partiendo desde 26 puntos sin contar con autorización para ello. Su supuesto fin es entregarle a Saab una carta exigiéndole la declaratoria de “falta grave” contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.
Asamblea Nacional contra el Defensor
Este martes, la Asamblea Nacional aprobó iniciar una “investigación” sobre la conducta del Defensor del Pueblo por la supuesta falta de acción del defensor ante algunos hechos.
También le dio a Saab un ultimátum de tres días para que inicie la tramitación de las solicitudes de calificación de falta grave de los integrantes de la Sala Constitucional. Si en los tres días siguientes a la publicación del acuerdo no hay respuesta, la Asamblea amenazó con investigar la vinculación del Defensor en el supuesto golpe de Estado o autogolpe que, según el Parlamento, ocurrió desde el 28 de marzo
Según los diputados opositores que son mayoría en la Asamblea Nacional, las sentencias 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 28 y 29 de marzo constituyen un golpe de Estado o “autogolpe”, a pesar de que puntos controversiales de las mismas fueron corregidos o eliminados tras un Consejo de Estado convocado por el Presidente Nicolás Maduro. Los opositores exigen que el Poder Ciudadano declare que los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ cometieron una “falta grave”, un requisito necesario para poder destituirlos.
La mayoría opositora presente en el Parlamento aprobó la medida. Juan Miguel Matheus, William Barrientos, Luis Silva, Armando Armas y José Luis Pirela formarán la comisión.
Desde que la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, ha dirigido ataques al Poder Ejecutivo y se ha negado a acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia del país, situación que conllevó al desacato.