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Gustavo Malavé, Juan Carrillo, Héctor Roque Ramírez, César Varela, Adolfo Torres Vargas, Herny Sánchez Mora, José Manuel Marín y Juan Barreto Ramos fueron privados de libertad por su presunta vinculación con hechos de corrupción que afectaron la producción de la empresa mixta Petrozamora, constituida entre Venezuela y Rusia y que opera en la Costa Oriental del Lago.
Texto: AVN
Los detenidos, que ejercían cargos directivos en la compañía, serán recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digcim), pues el caso será radicado en Caracas, informó este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
En rueda de prensa, indicó que también fue dictada orden de aprehensión contra Reinaldo Atencio. Asimismo, detalló que en la investigación detectaron incumplimiento de acuerdos, acciones de sabotaje, irregularidades en la seguridad interna y retrasos premeditados en labores de mantenimiento.
Por otro lado, anunció la reapertura de las investigaciones sobre supuestos hechos de corrupción cometidos en Venezuela vinculados con la empresa Odebrecht, luego de que el caso fuera silenciado -señaló- durante la gestión de Luisa Ortega Díaz.
Doble moral de EEUU
El fiscal rechazó las declaraciones de la representante estadounidense ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, quien calificó de “burla” la intervención del canciller venezolano Jorge Arreaza en la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de esta organización, pautada para el próximo lunes, en Ginebra, Suiza.
“El país que menos convenios ha firmado en el planeta en materia de derechos humanos es Estados Unidos. Los tratados adoptados por Venezuela superan en más del 60 % a los firmados por Estados Unidos en esta materia. Venezuela no invade países, no amenaza con bombardear y ocupar territorios, como lo ha hecho Estados Unidos con Siria, con Afganistán, Libia, como lo hizo en Panamá”, expresó Saab.
La vocera estadounidense consideró que la participación de Venezuela en esta sesión representa una “burla a la institución” en vista de las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno nacional del país caribeño, como lo proyecta la narrativa mediática internacional orientada a generar una crisis en el país.
“Venezuela tiene el pleno derecho de asistir a cualquier foro internacional a presentar sus opiniones, avances, autocríticas, en materia de derechos humanos, sin que se lo impida una potencia extranjera que amenaza con destruir naciones para robarle sus recursos naturales”, precisó el fiscal general.