Venezuela reiteró en La Haya su rechazo a mecanismos distintos al Acuerdo de Ginebra para resolver el diferendo sobre el Esequibo

Este miércoles 6 de mayo, la República Bolivariana de Venezuela defendió su soberanía sobre la Guayana Esequiba ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, en Países Bajos, dejando claro que no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna Corte o tribunal arbitral.

Texto: Diario VEA / Fotos: Cancillería

Samuel Moncada, agente de Venezuela ante la CIJ resaltó los diversos mecanismos de voluntad soberana y ciudadana, aplicados para definir y proteger los derechos territoriales del país.

Samuel Moncada sobre la Guayana Esequiba en la Corte Internacional de Justicia en la Haya

Reiteró la posición venezolana sobre los procesos internacionales promovidos por Guyana «para intentar resolver la controversia territorial y redefinir, de forma unilateral, el alcance de los compromisos que vinculan a ambas naciones en el Acuerdo de Ginebra».

De manera pedagógica Moncada expuso que los mecanismos de resolución de controversias para defender la integridad territorial de Venezuela, y «proteger sus intereses más esenciales, no pueden ser aplicados por terceros».

De acuerdo con una reseña publicada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Venezuela reafirmó este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, su postura histórica e inquebrantable: No reconoce la jurisdicción del tribunal para dirimir la controversia por la Guayana Esequiba.

El embajador Samuel Moncada, denunció que Guyana busca redefinir unilateralmente la disputa y evadir el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido para una solución dialogada.

Argumentó que “Guyana no es víctima, sino beneficiaria de ese fraude”, rechazando cualquier intento de imponer una solución judicial que genere ganadores y perdedores.

Moncada recordó que los derechos territoriales de Venezuela se remontan al Imperio Español y destacó que el laudo arbitral de 1899 fue un “acto criminal” del imperio británico, para justificar el despojo colonial.

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