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La presidenta de Perú, Dina Boluarte. Foto: Martin Mejia / AP
A la mandataria y a varios miembros de su gabinete también se les investigará por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, que contabilizan 45 muertos.
Texto: Actualidad RT
Este martes, la Fiscalía de Perú dispuso iniciar una investigación preliminar contra la presidenta, Dina Boluarte, por delitos de genocidio, homicidio y heridas graves en las protestas que sacudieron el país tras la destitución de Pedro Castillo como jefe del Estado.
Al mismo tiempo, miembros de su gabinete, como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, también serán investigados. Además, el órgano dispuso el inicio de investigación contra Pedro Ángulo como expresidente del Consejo de Ministros y César Cervantes como exministro del Interior.
La medida se aplicará en relación con “los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Desde el inicio de las protestas nacionales en diciembre pasado, que exigen su renuncia, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la liberación del depuesto mandatario Pedro Castillo, el número de muertos ha superado los 40.
Cabe destacar que este lunes Boluarte, por su parte, aseguró que no entiende los motivos de las protestas en el departamento de Puno, en las que hasta el momento al menos 18 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “¿En protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo […] Es un pretexto para seguir generando caos en las ciudades”, afirmó.
Puno lamenta la masacre
Cientos de habitantes de la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno, salieron a las calles este martes tras la masacre ocurrida el día anterior, en la que al menos 18 personas fallecieron y 112 resultaron heridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La comunidad de Juliaca lamentó los 18 muertos y el centenar de heridos en medio de las denuncias de la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad. En este contexto, la Asociación de Funerarias de la ciudad donaron ataúdes para los fallecidos en la masacre.
“Nos solidarizamos con los hermanos caídos en la lucha por la libertad y la renuncia de Dina Boluarte”, comentó a medios locales un integrante de la referida asociación.
Durante la mañana de este miércoles, 19 ataúdes fueron colocados al exterior del Hospital Carlos Monge Medrano, que es el principal centro médico al que trasladaron a las personas lesionadas por las protestas en las inmediaciones del Aeropuerto Inca Manco Capac. De momento, las autoridades solo han confirmado 18 muertes.
Al menos 34 personas permanecen internadas en el Hospital Carlos Monge Medrano, según confirmó este martes la Red de Salud San Román.
En medio de la indignación por las 18 víctimas fatales —y el saldo total de 45 muertos desde el inicio de las protestas nacionales en diciembre pasado—, el Gobierno de la presidenta Boluarte anunció este martes el toque de queda en la ciudad de Puno por el plazo de tres días, desde las 20:00 a las 04:00 horas.