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La Fiscalía Departamental de La Paz, Bolivia emitió este viernes una orden de aprehensión contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por el caso del golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en 2019, y los hechos violentos relacionados. La comisión que investiga los sucesos divulgó la resolución de detención a los medios locales, donde figuran, además del nombre de la exmandataria de facto, el de sus exministros Arturo Murillo (Gobierno), Yerko Nuñez (Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Presidencia), Luis Fernando López (Defensa), Rodrigo Guzmán (Energía) y Álvaro Coimbra (Justicia).
Texto: Telesur y RT
Guzmán y Coimbra ya fueron detenidos este viernes. Ambos exfuncionarios fueron arrestados en Trinidad, departamento de Beni, en el centro-norte del país, y serán trasladados a La Paz bajo los cargos de “terrorismo y sedición”.
El documento indica que a los implicados se les acusa de cometer “los delitos de terrorismo y sedición y conspiración”. También expresa que las órdenes se emitieron por existir riesgo de fuga de los involucrados, debido a sus altos movimientos migratorios, lo cual “acredita la facilidad que tienen de abandonar el país”.
El dictamen inculpa, además, a integrantes del alto mando militar, como el almirante Palmiro Jarjuri, quien fungía como comandante de la Armada; el excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros; el general excomandante del Ejército, Gonzalo Mendieta y el general Jorge Gonzalo Terceros, de la Fuerza Aérea.
Los otros miembros del Alto Mando de 2019, Williams Kaliman y Flavio Arce, ya tienen orden de aprehensión en su contra y el segundo fue aprehendido. Arce se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército de Bolivia en noviembre de 2019.
La Fiscalía señala que, como autoridad militar, Arce debió haber detenido a Kaliman, el comandante de las Fuerzas Armadas que pidió públicamente la dimisión de Morales. Cabe recordar que en 2019, Evo Morales presentó su dimisión luego que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el entonces comandante general de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón, lo conminaran a renunciar.
Tanto Áñez como algunos de sus colaboradores, para quienes también pesan órdenes de arresto, denunciaron que se trata de una supuesta “persecución política”, llevada adelante por el actual Gobierno democrático del Movimiento al Socialismo (MAS).