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A las 9:35 de la noche del 18 de noviembre de 2004 un fuerte estruendo despertó el pánico en los vecinos de la urbanización Los Chaguaramos, en Caracas. El estrepitoso ruido provenía de la calle Vargas con avenida Las Ciencias, donde un explosivo compuesto por C-4 había hecho estallar un vehículo amarillo. Dentro yacía el blanco de ese plan: el fiscal Danilo Anderson. Este 18 de noviembre se cumplen 11 años de esa acción terrorista contra el fiscal de 38 años, quien investigaba a más de 400 personas que firmaron el decreto del gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, mediante el cual se fraguó un golpe de Estado contra el el gobierno electo democráticamente de Hugo Chávez y contra todos los poderes públicos del país.
Texto: AVN
En la lista de los firmantes del decreto golpista figuran representantes de medios privados, dirigentes de las cúpulas empresariales y eclesiásticas; miembros de partidos de oposición, herederos económicos y políticos de las viejas oligarquías de la IV República.
También estaba al frente de las investigaciones sobre los casos del sabotaje petrolero de 2002 a 2003, por lo que pesaba sobre sus hombros una gran responsabilidad.
El complot homicida se consumó luego de que Anderson saliera de sus clases de postgrado, tras lo cual se dispuso a abordar su camioneta. Una vez dentro de ella, estalló el artefacto colocado debajo del asiento del conductor, que se presume fue activado a través de un teléfono celular. Por el crimen se pagó más de medio millón de dólares a los ejecutores.
Los autores intelectuales del asesinato —de acuerdo a los resultados de las investigaciones— fueron dos ex agentes de las extintas Policía Técnica Judicial (PTJ) y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, quienes fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado. Pagan una condena de 27 años de prisión y nueve meses.
Asimismo, estuvo implicado Juan Bautista Guevara, primo de Otoniel y Rolando Guevara. Se comprobó que fue uno de los autores materiales de la muerte del fiscal Anderson, por lo que recibió la pena máxima de 30 años de presidio.
Las manos de otro de los primos de Otoniel y Rolando, José Guevara, también estuvieron dentro de esta acción fascista. Y, pese a esa realidad, hoy se encuentra radicado en Miami, donde se beneficia de la protección del FBI (con quién conspiró en el caso Montesinos).
De acuerdo con las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público, sobre este caso también pesan órdenes de captura activas y alerta roja en la Policía Internacional contra Johann Peña y Pedro Lander, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de autores materiales, previsto y sancionado en el Código Penal. También existe una orden de captura contra la periodista Patricia Poleo, por su presunta vinculación en este asesinato.
Anderson nació en Caracas y terminó la carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela en 1995. Se especializó en criminología y leyes ambientales. Trabajó para varios bufetes de abogados y fue fiscal tributario entre 1993 y 2000.