Más de 200 mil personas se concentraron en las inmediaciones del Congreso de la Nación en Buenos Aires y, bajo la consigna #NiUnaMenos, pidieron la implementación de políticas integrales entre todos los poderes y jurisdicciones del Estado para para decirle basta a los feminicidios y a la violencia de género, una problemática que “atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías”. En una manifestación con mayoría de mujeres pero con gran presencia de hombres, familias, militantes políticos, personalidades de la cultura y del espectáculo, los participantes le pusieron el cuerpo a un reclamo cuyo eje quedó plasmado en un documento que fue leído desde el escenario por el actor Juan Minujín. Las manifestaciones también se replicaron en Uruguay y Chile.
“En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta”, leyó el actor.
“En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de consumo y descarte y no como una persona autónoma”, continuó.
El documento elaborado por las organizadoras de la concentración que según la Policía Federal reunió a más 200 mil personas en la ciudad y se replicó en otras 80 de todo el país, hizo hincapié en la dimensión cultural que tiene la violencia contra las mujeres.
“El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías: Pero la palabra ‘femicidio’ es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos”, afirma la proclama, que asegura que “el feminicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima”.
En esta línea, la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, señaló desde la calle que “lo fundamental es que esta movilización genere una conciencia colectiva que nos ayude como sociedad, porque todos tenemos la gran responsabilidad de desandar los patrones históricos socioculturales machistas”.
En el mismo sentido se expresó el titular de la Red Solidaria, Juan Carr, quien le dijo a Télam que “este es el apoyo del pueblo argentino que abraza a las más de 2.000 víctimas de los femicidios”.
“Yo como varón vengo a pedir perdón porque somos los que matamos a las mujeres. Esto no es una protesta, acá está la gente esperando propuestas para que se termine la violencia de género”, añadió.
Desde el escenario, Minujín señaló que los feminicidios “no deben tratarse como problemas de seguridad”, y destacó que “la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias -nacional, provincial, municipal- pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil”.
Si bien reconoció como un “paso importante en la lucha contra la violencia machista” la sanción en 2009 de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, cuestionó que aún permanecen sin reglamentar algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
“En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales”, destaca el documento, en el que se pide también la creación de un registro oficial de femicidios, ya que “es fundamental contar con estadísticas oficiales”.
“El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas”, leyó el orador, quien lamentó que en muchas jurisdicciones son las propias víctimas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías.
“Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor”, continuó, y criticó que “con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional”.
Entre los “puntos ineludibles” que las organizadoras consensuaron “para recorrer el camino hacia Ni una menos”, figura la instrumentación total y con la asignación de presupuesto acorde de la ley 26.485 ; la recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres; la apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias; y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género.
También exigieron garantías para la protección de las víctimas de violencia y garantías para su acceso a la Justicia, con atención de personal capacitado para recibir las denuncias; patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial; y la creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.
Los cinco reclamos de la convocatoria #NiUnaMenos
Buena parte de la sociedad marchó no sólo en la ciudad de Buenos Aires sino en distintos puntos del país en contra de la violencia de género a partir de la convocatoria #Ni una menos, realizada por un colectivo de periodistas, artistas y activistas. Si bien la adhesión al evento en las redes sociales fue mayoritaria y palpable, no se visibilizó en la misma medida el reclamo político que hubo por detrás de la manifestación.
Además de poner en el ojo público la problemática, la convocatoria tuvo la misión de impulsar cinco puntos que ayudarán a evitar que la violencia sobre las mujeres se siga expandiendo y disminuir la que existe.
- El primero de ellos se trata de la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que forma parte de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Nro. 26.485). El plan tiene como propósito prevenir la violencia contra las mujeres y ofrecer la atención integral de las mujeres víctimas de violencia y su núcleo familiar a cargo, mediante recursos y respuestas interinstitucionales que permitan una rápida y eficaz respuesta al problema de la violencia de género.
Si bien la Ley 26.485 fue sancionada en 2009 y reglamentada en 2010, aún hay disposiciones que no están en vigencia. El reclamo por el Plan Nacional fue una de ellas. Al respecto, Mariana Gras, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres -el organismo que debe encargarse de llevar a cabo esta tarea según la norma-, explicó que la ley está vigente pero todavía requiere de la adhesión y adecuación procedimental por parte de varias provincias. Y aclaró “que aquellos artículos o incisos que no fueron reglamentados, están delimitados por otras normas tanto de fondo (como la Convención de Belem de Do Pará) como procesales”. En 1996 Argentina firmó un tratado con Brasil que para aprobar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley 24.632) que tiene rango constitucional.
- El segundo punto de la convocatoria reclamó que se garantice el acceso a la Justicia de las víctimas; que haya patrocinio jurídico; que no se las revictimice y que las causas que se tramitan en el fuero civil y penal se unan para que sea todo más ágil. Muchas veces, a pesar de existir en el país comisarías específicas para cubrir la temática, las mujeres que son víctimas de violencia de género acuden a ellas y son menospreciadas o los efectivos intentar persuadirlas para que no presenten las demandas pertinentes. Una vez pasada esta etapa, la parte judicial no es mucho mejor. Las órdenes de restricción no se cumplen en muchos casos y las víctimas corren más riesgos. Además, las causas demoran mucho en resolverse y el problema se entiende demasiado en el tiempo.
- Por otro lado, el punto tres de #Niunamenos hizo referencia a una herramienta indispensable para un Estado que quiera atacar el problema: piden la creación de una estadística oficial sobre femicidios en el país.Los especialistas que se dedican al tema cuentan hasta ahora sólo con reportes periodísticos y los números que aporta la Casa del Encuentro, que es una asociación civil. Es indispensable que existan números precisos para implementar políticas públicas.
- En tanto, los organizadores sostienen que el problema tiene una fuerte raíz cultural por lo que es necesario, plantean en su cuarto punto, que se garantice la Educación Sexual Integral en todos los niveles. Si bien en 2006 se creó la Ley 26.150 que cubre ese propósito y ordena que todos “tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”, no se cumple en todas las jurisdicciones. En su artículo segundo, la norma especifica que se enseñe a los alumnos la Ley 23.179, que ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
- Por último, los convocantes exigieron que las víctimas de violencia de género sean protegidas. De alguna manera, este punto está relacionado al número dos. El reclamo es básico: si una mujer denuncia a un hombre y no es protegida y éste tiene acceso a ella las cosas se pueden poner mucho peor de lo que estaban. La Justicia tiene que monitorear que se cumplan las medidas que se disponen en el marco de las causas.
