Luisa Ortega Díaz (Foto: AVN, Ricardo Herdenez)
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, entregó este viernes 24 de marzo el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad (CJV), el cual concluyó que en Venezuela se violaron los derechos humanos y hubo delitos de lesa humanidad entre los años 1958 y 1998. La presentación tuvo lugar en el Teatro Principal, en el centro de Caracas, donde Ortega Díaz ofreció una exposición pormenorizada del trabajo científico y metodológico que llevó adelante dicha comisión y los fiscales del Ministerio Público.
Texto: Prensa Ministerio Público
Fotos: AVN (Ricardo Herdenez)
Explicó que gracias a la labor de los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales se identificaron a los represores materiales, así como también a las líneas de mando bajo las cuales se presume que actuaron. “Contra ellos se ejercieron las acciones penales correspondientes”, aseveró la máxima autoridad del Ministerio Público.
También se pudo determinar que en esas décadas, los cuerpos de seguridad del Estado se caracterizaron por su discrecionalidad, no solo por el atropello a los ciudadanos sino también por las detenciones arbitrarias y allanamientos sin una orden judicial.
“Las personas permanecían privadas de libertad sin fórmula de juicio. Era delito preguntar por los familiares. Si detenían a una persona y un familiar iba a preguntar por ella, también lo dejaban detenido”, añadió.
A través de las investigaciones se detectó que en esa época aplicaban métodos de tortura durante los interrogatorios, además simulaban enfrentamientos armados (falsos positivos) y sembraban evidencias para el procesamiento penal contra aquellas personas, “cuyo único crimen era presentar resistencia a las políticas represivas del Estado”.
La CJV logró precisar el uso de la figura del enemigo interno, con lo que se justificaba la represión política y la sistemática violación de los derechos humanos.
Teatro de Operaciones
Por medio del trabajo de campo y científico, igualmente, se comprobó la instalación de seis Teatros de Operaciones (TO) y más de 20 campamentos técnicos, donde aplicaban interrogatorios con equipos especializados en prácticas de tortura que incluían al personal médico. “Casi la totalidad de estos recintos, fueron objetos de inspección por parte del personal de la comisión”, sostuvo la Fiscal General.
Con fundamento en esas visitas técnicas, los expertos del Ministerio Público concluyeron que en los TO, además de torturas e interrogatorios, también eran utilizados para desaparecer a personas.
“Fue usual, en aquella época, la suspensión de la garantías constitucionales, así como la ilegalización de partidos políticos de izquierda, y en diversas ocasiones se materializaron allanamientos a la inmunidad parlamentaria; incluso, hubo diputados detenidos, como es el caso de David Nieves, Salom Meza Espinoza, entre otros”, refirió Ortega Díaz.
Detalló que fue común “la perversa práctica” de procesar a civiles en tribunales militares en juicios sumarios. Para esos años, las personas eran presentadas ante estas instancias, y luego, eran privados de libertad sin juicio y sin respeto por el debido proceso”.
Acotó que se comprobó que fueron ejecutados y desaparecidos un número importante de venezolanos por reclamar sus derechos y respeto a sus ideas.
Balance
Durante los cuatro años de trabajo, la CVJ determinó que 10 mil 071 personas fueron víctimas de torturas, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas durante ese período. Dicha comisión recibió mil 387 denuncias, en muchas de las cuales se reportaron la desaparición o muerte de varias personas y también, examinó un total de 16 mil 630 expedientes, que fueron investigados en los archivos policiales y militares.
Por medio del trabajo de investigación, se comprobó que fueron asesinadas mil 425 personas y 459 desapariciones forzadas. “Se logró la ubicación y exhumación de 19 restos de personas desaparecidos; 14 de ellas fueron entregadas en actos públicos a sus familiares”.
Ortega Díaz precisó que hay algunos restos que continúan en la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales en trabajos de identificación e individualización, para luego entregarlos a sus parientes.
Informó que el trabajo de la comisión culminó el 27 de febrero de este año, por lo que, en consecuencia, recomendó difundir nacional e internacionalmente el informe, con el fin de que se conozca la verdad histórica, como garantía de justicia.
En este sentido, el estudio se hará llegar al cuerpo diplomático de los países que tienen representación en Venezuela, a las organizaciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales.
“Igualmente, se debe preservar toda la documentación derivada de las investigaciones y promover la formación de derechos humanos en los programas académicos de las instituciones educativas en los que se incluya este material. El objetivo es concienciar a las nuevas generaciones sobre aquellos lamentables acontecimientos y de esta forma, evitar su repetición”, expresó.
La Fiscal General consideró necesario generar espacios de memoria en todo el país como forma de reparación y homenaje a las víctimas, y orientar los esfuerzos hacia la reivindicación moral de aquellos que fueron calificados de delincuentes por los gobiernos de la denominada Cuarta República.
Tareas pendientes
Recomendó constituir una o varias instancias para hacer seguimiento al trabajo pendiente que aún faltó por realizar en esta materia, por lo que se debe incorporar a los más amplios sectores del país, a las distintas organizaciones de derechos humanos, hombres y mujeres, intelectuales, pensadores, que estén sensibilizados con el tema.
Entre los puntos pendientes, también manifestó la creación del Museo de la Memoria Histórica, el cual lo establece la ley, que especifica que “se creará un museo de la memoria histórica de las luchas populares del pueblo venezolano en el período histórico al cual se refiere la presente ley, el mismo tendrá su sede en el Cuartel San Carlos de la ciudad de Caracas”.
En cuanto a las investigaciones, detalló que aún falta gente por procesar por desapariciones forzadas y personas por identificar; incluso, órdenes de captura que no han sido materializadas.
Nueva fiscalía
Advirtió que en el ámbito de sus competencias, el Ministerio Público decidió crear este viernes 24 de marzo la fiscalía 94º nacional de protección de derechos fundamentales, con el fin de que priorice el trabajo en atención a los casos que quedaron pendientes de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
“En ella vamos a elaborar un cronograma para cumplir con la labor de reparación que incluye la justicia, la verdad, la dignificación de las víctimas y la garantía de no repetición”, explicó Ortega Díaz.
Acotó que también se hace necesario continuar con los actos de reparación a las víctimas en lo relativo a las indemnizaciones socioeconómicas, y que el Estado reconozca a todos los que se encuentran en el informe para que puedan recibir sus pagos.
La Fiscal General elogió las labores de cada uno de los miembros que integran la comisión y agradeció el trabajo que realizaron en conjunto con los directores, fiscales del Ministerio Público y los expertos de la referida Unidad Criminalística.
En reconocimiento a las víctimas, entregó una copia del informe final a David Nieves, Fernando Soto Rojas, Rosa Millán, Margarita Canelón, Luis Machado, Dimas Petit, Juan Carlos Garrido, entre otras víctimas de aquellos años de represión política.
Al evento asistieron la vicefiscal general de la República, Alis Boscán, directores generales y de línea; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el defensor del pueblo, Tareck William Saab; los diputados a la Asamblea Nacional Germán Ferrer, Earle Herrera, Tania Díaz, además de representantes del cuerpo diplomático y otras personalidades del acontecer nacional.
Apoyo a la Fiscal General
En representación de las víctimas, habló Esther Macías Añez, quien narró las persecuciones sufridas durante esa época. Por ello, resaltó la labor emprendida por la Fiscal General de la República, a quien le ofreció su respaldo para que se haga justicia en estos casos.
“En homenaje a este trabajo que se ha hecho, al esfuerzo que ha hecho todo el equipo de la comisión, y el planteamiento concreto de tener una segunda parte, hay un ejército organizado para respaldar a la Fiscal General. Ese ejército está dispuesto a seguir adelante y ayudar a quien se tenga que ayudar”, indicó.
Por otro lado, como miembro de la CJV tomó la palabra el padre Numa Molina, quien manifestó que la labor realizada forma parte de una misma lucha, que es la reivindicación de los pobres y luchadores sociales.
El clérigo se comprometió a seguir defendiendo los derechos humanos de aquellos que reclaman justicia. “Es el sentimiento que nos unió como comisión durante estos cuatro años, en una búsqueda constante y sin pausa para sacar a la luz lo que había permanecido en el oscurantismo, de una etapa nefasta de nuestra historia nacional”, exclamó Molina.
Por su parte, el diputado Earle Herrera leyó una carta del periodista José Vicente Rangel, quien no pudo asistir a la entrega de este informe por razones de salud. En la misiva, resaltó el trabajo de la CJV y exaltó la labor de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
