Este miércoles se publicó en la Gaceta Oficial de la República N.º 41.274 de fecha 8 de noviembre del año en curso, la providencia del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), donde se declara “Bien de Interés Cultural al Sistema Normativo del Pueblo Wayúu de Venezuela aplicado por el Putchipü’u (Portador de la Palabra), según informó el presidente de esa instancia, Omar Vielma.
Texto: Prensa IPC
Durante su participación en el programa Nuestra Charanda, transmitido por RNV, Vielma destacó que esta declaratoria obedece al alto valor cultural en las formas de vida tangible e intangible; así como por el gran aporte que estos ofrecen al sistema de justicia dentro de las jurisdicciones indígenas venezolanas, para la resolución de conflictos mediante la adopción de mecanismos consensuados de diálogo.
La providencia establece es su artículo 2, que se protege dentro del Sistema Normativo del Pueblo Wayúu, la concepción de justicia criminal basa en los siguientes principios: 1. Kasaichiki: conflicto producido por un acto de naturaleza criminal, el cual ocurre cuando se transgreden los principios del Wayuuwaa; 2. Asuruu: persona que ha sido objeto de un daño material (víctima); 3. Maünna: entrega de una indemnización dentro de un principio de compensación; 4.- Pütchi (la palabra) y Putchipü’u, persona encargada de ser intermediario entre las partes en conflicto.
Vielma ratificó que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable para los venezolanos y que es deber del Estado fomentar y garantizar la protección y salvaguarda de los mismos, así como la memoria histórica de la nación, por lo que con esta publicación se crea el Consejo de Salvaguardia del Sistema Normativo del Pueblo Wayúu de Venezuela por el Putchipü’u, que con la participación de las comunidades indígenas, autoridades legítimas, organizaciones, movimientos sociales, culturales y políticas, de cultores y maestros de tradición garanticen la transmisión y sustentabilidad de ese bien de interés cultural.
Finalmente, con esta declaratoria quedan obligados todos los ciudadanos y autoridades públicas y privadas, a una participación activa, en pro de la defensa y conservación de los saberes y conocimientos tradicionales indígenas de este sistema normativo.