El empleo de niños y adolescentes en acciones de corte sedicioso, el fomento crímenes de odio, el registro de daños graves al ecosistema y el asesinato de personas en barricadas en los últimos cuatro meses, serán investigados por el Ministerio Público (MP), informó este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Texto: AVN y Alba Ciudad
En rueda de prensa ofrecida este viernes junto a la vicefiscal, Katherine Haringhton, Saab indicó que fueron detectadas irregularidades en el abordaje de las denuncias sobre la espiral de violencia activada en abril pasado, con el saldo de más de 100 fallecidos y más de mil heridos.
Ante ese escenario, el MP no ejecutó “ni una sola acción penal” en cuanto al empleo de niñas, niños y adolescentes en acciones vandálicas “a pesar de su notoria la utilización”, que movió a instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a manifestar su preocupación por este hecho a través de un comunicado.
Además, “hemos decidido revisar causas abiertas por crímenes de odio, realizados por hordas en agavillamiento, en actuación al margen de la ley y con predeterminación de hacer daño”, expresó Saab, quien agregó que uo de los casos a abordar es el ataque contra Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE).
También se emprenderán acciones por crímenes ambientales, como tala de árboles para obstruir vías públicas, y el asesinato de personas en puntos de obstrucción de las calles, llamados barricadas, que implican también la presencia de grupos violentos para amedrentar a los transeúntes.
Al iniciar las investigaciones sobre estos casos, “hemos hecho esfuerzos para ir poco a poco tomando el control de esta institución, que hemos llamado a trasformar de manera positiva y colocarla al servicio del pueblo”, agregó el Fiscal General.
Crean comisión de reestructuración
Por otro lado, Saab también anunció que la Fiscalía General de la República creará a lo interno una comisión de reestructuración. “Los hallazgos encontrados en este Ministerio Público (MP), en relación al trabajo y a la estructura: yo diría que ha habido grandes deficiencias. Hemos encontrado el burocratismo y la apatía como signos que descalifican a esta institución. Nuestro principal objetivo es transformar eso”, aseveró, en transmisión de Venezolana de Televisión.
El fiscal general indicó que se tienen indicios de una red de corrupción que cobraba sobornos en dólares para llevar a cabo o no la imputación o el sobreseimiento de una causa.
“Es insólito ir enterándose progresivamente que aquí se daban casos en los que se tasaba en dólares, no solamente si imputas o no a un ciudadano culpable o inocente, sino tasar en dólares el sobreseimiento, o no, de la causa. Bajo un esquema como este es imposible administrar justicia. Quienes estaban haciendo esto que pongan su cargo a la orden”, instó.
Entre las tareas fundamentales de reestructuración, la nueva directiva del MP se plantea acelerar las acciones destinadas a revertir el retardo procesal, que obstruye la oportuna aplicación de justicia.
“Esto se trata de un problema de enormes magnitudes que debe analizar todo el sistema de justicia. Nos hemos puesto como objetivo saldar esta deuda histórica que tiene décadas en la justicia venezolana. No puede ser que un privado de libertad que puede tener años detenido, al momento de ir a una audiencia, esta se cae porque el fiscal no asistió, o el propio tribunal tuvo una falla. Y mientras tanto ese privado de libertad continúa años y años depositado en lugares de reclusión”, detalló el fiscal.
Crean oficina receptora de denuncias por extorsión de funcionarios
Al respecto, el MP creará una oficina de recepción donde se podrá denunciar a redes de extorsión promovidas por funcionarios de este organismo, informó este viernes el fiscal general. “Vamos a crear una oficina que sea receptora de denuncias. Vamos a pasar del indicio a la plena prueba y aquí no vamos a tener complicidad con quienes hayan cometido esa aberración”, dijo.
Lamentó que en todo el país exista el fenómeno “donde funcionarios activos del Ministerio Público, propiciaron una red mafiosa de chantaje y extorsión, de tráfico perverso, donde se usaba el miedo que pudiese tener un ciudadano, en algunos casos inocente”.
Por otra parte, Saab manifestó sus expectativas de que mediante la Comisión por la Justicia y la Paz, se le otorgue la debida atención “a casos que merezcan justicia en función de delitos cometidos y que han causado graves daños a la sociedad venezolana y han vulnerado la paz”
“Bajo nuestra gestión vamos a hacer todo el esfuerzo para restablecer la paz vulnerada en este país, ya que las actuaciones de la gestión anterior sólo “contribuyeron a exacerbar los niveles de violencia y eso no puede ser, el Ministerio Público no puede ser instrumento para la guerra y violencia, todo lo contrario” aseveró.
En función de dar celeridad a la aplicación de la debida justicia, el MP se reunirá con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno, para abordar diversos temas.
Solicitarán declinar procesamientos de civiles por tribunales militares
Saab también adelantó que la Fiscalía General de la República adelanta un proceso de revisión de un grupo de casos de civiles procesados por la jurisdicción militar, para solicitar ante las instancias correspondientes la declinatoria de ese fuero para llevar los casos a la jurisdicción penal ordinaria.
“Es necesario obtener una repuesta rápida. En cada caso de civiles que hayan sido presentados ante tribunales militares y acusados de un delito de naturaleza militar, podrá solicitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia que dirima si realmente concierne a esta jurisdicción la imputación de estos ciudadanos. La lista preliminar de casos que podrían generar este conflicto de competencias es de 72 causas”, detalló.
Saab indicó que la anterior administración del Ministerio Público utilizó esta situación como bandera política; sin embargo, no tomó las medidas correspondientes, a través de los canales oficiales, para solventarla. “Aquí haremos que cada declaración que se haga esté acompañada de una acción práctica concreta”, aseveró el Fiscal General.
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