La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este martes una “oferta condicionada” para el pago de bonos de las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Electricidad de Caracas, con el fin de garantizar que los inversores no resulten afectados por las sanciones estadounidenses que, desde el año 2017, han impedido la reestructuración de la deuda venezolana.
Texto: Actualidad RT
De acuerdo con Rodríguez, la propuesta solo tendrá efecto si los tenedores de bonos que representen más del 75 % del monto de capital aprueban la oferta, envían una carta de aceptación, y acuerdan suspender los reclamos pendientes que hayan avanzado hacia procedimientos judiciales contra el país.
La vicepresidenta recalcó que los tenedores de bonos pueden requerir una licencia o aprobación regulatoria para aceptar la oferta, por lo que el país colaborará con los inversionistas en sus esfuerzos para alcanzar dicho consentimiento.
La autoridad venezolana resaltó que los inversionistas tendrán hasta la medianoche del 13 de octubre del 2020 para decidir si aceptan o no la oferta. “Las aceptaciones recibidas con posterioridad a esa fecha y hora serán rechazadas”, enfatizó.
Rodríguez invitó a los involucrados a “revisar detalladamente” la propuesta. “Es una nueva muestra de actuación de buena fe y espíritu de cooperación, con el objeto de continuar avanzando en un proceso de reestructuración que permita salvaguardar los derechos de los acreedores, sin afectar el proceso de crecimiento y recuperación económica de Venezuela”.
La vicepresidenta recordó que Venezuela se ha caracterizado por dar “fiel cumplimiento” a sus obligaciones de pago por los servicios de deuda externa, “a pesar de la criminal agresión multiforme” contra el país.
En noviembre del 2017, el presidente Nicolás Maduro, convocó a los inversores a poner en marcha la reestructuración de la deuda (vea también). Sin embargo, el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe hacer negocios con las nuevas emisiones de deuda y acciones de Venezuela o de su empresa petrolera estatal PDVSA, así como con algunos bonos ya existentes.
En aquella oportunidad, el Departamento del Tesoro estadounidense, también advirtió a los tenedores de bonos que negociar con los nombres que están en sus listas de sancionados sería “problemático“, acarrearía penas de hasta 30 años de cárcel y multas millonarias.