Foto: Diario Público
El Ministerio Público tiene razones para encarcelar al diputado a la Asamblea Nacional (AN) en desacato del ordenamiento jurídico, Juan Guaidó, destacó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Entrevistado por el diario español Público sobre si hay razones para encarcelar al diputado en desacato, el fiscal respondió: “Por supuesto que hay razones y las estamos investigando”.
Texto: AVN y Público
En la entrevista, el fiscal refirió que el parlamentario está siendo investigado por incitar a actos violentos tras ejecutarse el primer atentado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el pasado 7 de marzo, y por su intención de derrocar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de un ataque coordinado con el Gobierno de Estados Unidos.
“Cuando ocurre el primer evento de sabotaje, Guaidó, a las dos horas, vía redes sociales, incitó al saqueo. Decía que, sin hacer apología del delito -pero ya lo estaba haciendo-, la población prácticamente podía violentar la propiedad privada ante las carencias que pasaba. Y eso se dio en varios lugares del país”, recordó.
Al ser consultado si hay razones para encarcelar al dirigente de extrema derecha, contestó: “Por supuesto que hay razones y las estamos investigando, pero no se pueden decir a un periodista las acciones previstas en los términos y tiempos del desarrollo de la investigación”.
Recordó que la Contraloría General de la República inhabilitó a Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años.
Por otra parte, Saab destacó que el acto de autoproclamación como presidente encargado de la República protagonizado por Juan Guaidó el pasado 23 de enero en la plaza Juan Pablo II de Chacao, estado Miranda, ha perdido efecto en la mediática internacional.
“El acto bufo que hizo ya perdió todo tipo de efecto para el aparato transnacional de propaganda, ya ni lo llaman presidente encargado, sino autoproclamado, dirigente opositor o diputado”, indicó, al tiempo que añadió que al diputado solo le quedan las protestas y acciones al margen de la ley, en las que también está fracasando.
“Tampoco están funcionando sus convocatorias a manifestaciones. Lo veo [a Guaidó] como un ánima en pena aunque algunos países le hagan la alfombra roja a su conspiración”, subrayó el fiscal.
“Hay razones para que Guaidó vaya a la cárcel”
Autor: Jairo Vargas para Público
Tarek William Saab (El Tigre, Venezuela. 1962) no es un fiscal general al uso. Es abogado especialista en derechos humanos, poeta con once libros publicados, amigo personal de Hugo Chávez y letrado defensor del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, durante sus años de activismo político, en la década de los 90, cuando estuvieron detenidos por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), el actual SEBIN. También formó parte del grupo de juristas defensores de Chávez tras su intento de golpe de Estado en 1992 para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, por el que estuvo en prisión hasta que fue indultado en 1996 por el presidente Rafael Caldera.
Saab recibe a Público en su despacho del Ministerio Público, en Caracas, casi tres horas después de la cita acordada. Llega en ropa de deporte porque tiene la costumbre de entrenar casi a diario, como prueban sus enormes y musculados brazos sobre los que se desparraman varios tatuajes, algunos hasta el cuello. Asumió el cargo de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela en 2017, cuando lo designó la recién elegida Asamblea Nacional Constituyente, donde sólo hay diputados chavistas al no presentarse a esas elecciones ningún representante de la oposición. Antes de eso, fue Defensor del Pueblo desde 2014, gobernador del Estado Anzoátegui entre 2004 y 2012, diputado chavista en la Asamblea Nacional entre el 2000 y el 2004 y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de la que emanó la Carta Magna que el pueblo venezolano aprobó en referédum por más del 71% de los votos en 1999.
El fiscal general no espera a las preguntas, quiere dejar claro antes de nada que “ha habido una hostilidad abierta contra la democracia venezolana a partir de la Constitución del 99 por parte de los distintos Gobiernos españoles”. Que “la impronta la dejó José María Aznar, que al principio tuvo una relación correcta con Hugo Chávez, pero a la hora del golpe de Estado de 2002 contra el presidente, Aznar y [George] Bush fueron los únicos a escala global que dieron reconocimiento a los dictados de Carmona Estanga [fugaz presidente durante las horas que Chávez estuvo preso tras el intento de golpe]. A partir de ahí, todos los gobiernos de España han sido abiertamente enemigos de la democracia venezolana, desde Rajoy hasta Pedro Sánchez”, insiste Saab, que deja clara su intención de “españolizar un poco la entrevista” y que acusa a España de “no colaborar judicialmente en casos de corrupción en Venezuela” y de “permitir que corruptos delincuentes venezolanos anden libres por España”, como Claudia Patricia Díaz, conocida como la enfermera de Chávez, antigua tesorera de Venezuela y secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden). Ella y su marido, el exmilitar Adrián Velásquez, están solicitados por el Ministerio Público venezolano, investigados por su presunta participación en delitos que equivalen, según el Código Penal español, a malversación de caudales públicos, asociación ilícita y blanqueo. “No han sido entregados a la Justicia venezolana a pesar de las peticiones porque argumentan que pueden verse vulnerados su derechos constitucionales y humanos”, lamenta Saab, que enumera otra larga lista de supuestos prófugos venezolanos que han “robado seguro 1.400 millones de dólares y se calcula que, desde 2006, pueden ser más de 4.200 millones blanqueados”. Se queja el fiscal general de que “estas solicitudes ni siquiera ha sido respondidas aún”. Tras el alegato inicial, que él prefiere denominar “preámbulo”, pueden empezar las preguntas.
¿Cómo avanza la investigación penal sobre los recientes apagones en el país? Se anunciaron seis detenidos.
Hay una investigación del Ministerio Público con tres fiscales designados, pero no hay detenidos. Finalmente, esos seis detenidos de los que hablamos están vinculados al contrabando de oro.
Ha habido dos eventos lamentables. Uno lo podemos calificar como sabotaje por la vía de la “ciberguerra”. El segundo es mucho mas grotesco: con un tiro de arma larga volaron una estación eléctrica.
¿Hay pruebas que apunten claramente al sabotaje?
La revista Forbes reconoce que la versión del sabotaje remoto es posible, a pesar de que enseguida se dijo que era imposible.
Pero eso no es prueba de nada.
No, pero la primera vez que se formuló esa hipótesis se dijo era falsa. Esa línea de investigación cobra fuerza, la de un sabotaje inducido por EEUU. En el segundo caso, según lo recabado en el terreno, un disparo incendió una de las principales estaciones de la central hidroeléctrica de El Guri. Es lamentable que estas situaciones ocurran justo ahora, es muy extraño. Ni siquiera durante la gran sequía se ha dado una situación así, y ocurre justo en este momento, cuando Venezuela vive una situación particular de asedio por parte de EEUU, que reconoce a alguien no electo como presidente.
¿Por qué se investiga a Juan Guaidó por estos “sabotajes”?
Cuando ocurre el primer evento de sabotaje, Guaidó, a las dos horas, vía redes sociales, incitó al saqueo. Decía que, sin hacer apología del delito -pero ya lo estaba haciendo-, la población prácticamente podía violentar la propiedad privada ante las carencias que pasaba. Y eso se dio en varios lugares del país. Se le investiga por eso, además de por su intención de usurpar el poder.
¿Cree que Guaidó debería estar en prisión ahora mismo?
Cuando uno tiene la titularidad de la acción penal no puede hablar de tiempos, sobre todo cuando hay una investigación. La Contraloría General de la República, en base a esas investigaciones, lo ha inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años. Está sub judice. Este es el primer caso mundial en el que alguien no electo se autoproclama presidente en una plaza pública mostrando una hoja de papel, las anteriores veces han ido precedidas de un golpe militar.
En esta ocasión ha sido un intento de derrocar a un Gobierno legítimamente constituido por un sujeto mediante un ataque coordinado con el Gobierno de Donald Trump, que odia al pueblo de Venezuela. El acto bufo que hizo ya perdió todo tipo de efecto para el aparato transnacional de propaganda, ya ni lo llaman presidente encargado, sino autoproclamado, dirigente opositor o diputado.
Esa jugada temeraria no ha tenido efecto en los términos de tiempo que ellos imaginaron. Ese plan ha sido derrotado, sólo les quedan las protestas y acciones al margen de la ley, pero tampoco están funcionando sus convocatorias a manifestaciones. Lo veo [a Guaidó] como un ánima en pena aunque algunos países le hagan la alfombra roja a su conspiración.
Entonces, ¿hay razones para encarcelar a Guaidó?
Por supuesto que hay razones y las estamos investigando, pero no se pueden decir a un periodista las acciones previstas en los términos y tiempos del desarrollo de la esa investigación.
¿Hay presos políticos en Venezuela?
Diría que hay militantes y dirigentes de partidos políticos antigubernamentales privados de libertad por acciones conspirativas, por quema de bienes públicos, algunos por asesinatos que han cometido, casos lamentables en 2014, 2017 incluso de 2002, cuando fue depuesto Chávez por un grupo de policías que participaron en asesinatos previos al golpe de Estado. En Venezuela hay militantes políticos judicializados por haber cometido delitos comunes.
Habla de delitos comunes, pero muchos están presos en cárceles que no son comunes, ¿no cree que eso traslada la sensación de que son presos especiales?
Están en cárceles donde pueden visitarlos sus familiares y sus abogados, en estaciones de policía, algunos en arresto domiciliario. ¿Quiere que vayan a un campo de concentración nazi?
Hablo del Helicoide, la sede de los servicios de inteligencia, donde se han denunciado torturas.
El Helicoide es una estación de policía más donde hay presos, delincuentes comunes, personas que han robado, atracado…
¿Puede entender que se haya extendido esa creencia sobre presos políticos?
Lo que puedo decir es que, entre diciembre de 2017 y abril de 2018, han sido liberados 350 ciudadanos vinculados a manifestaciones violentas de 2014 y 2017. Se ha hecho a través de la Comisión de la Justicia por la Paz, la Verdad y la Reconciliación. Eso tiene que saberse. Personas que lograron esas libertades por el sistema de Justicia de Venezuela con una comisión creada para ello y anunciada por Maduro. Fue una promesa que cumplió. No puede decirse que este Gobierno no ha hecho intentos por pacificar la situación.
En 2017, Venezuela comenzó a legislar contra los delitos de odio, ¿qué ocurrió en ese momento?
La escalada violenta fue terrible entre mayo, junio y julio de 2017. Yo entonces era Defensor del Pueblo y fui quien introdujo en el debate nacional que había casos de persecución de militantes vinculados al partido del Gobierno o a personas acusadas de serlo. Personas que estaban siendo linchadas, quemadas vidas, apedreados y golpeados hasta morir. Hay un caso simbólico, el de Orlando Figuera, pero hay más. En el estado Lara hubo siete casos. Hay un grupo de trabajo en la ONU que tipifica estos crímenes como delitos de odio, cuando se es perseguido o atacado por la condición política, ideológica, la creencia religiosa, la identidad sexual, el color de piel.
Esto es un escándalo y tiene que ser reseñado, porque también han colaborado algunos influencers que, viviendo fuera de Venezuela, llaman a matar a gente vinculada al partido del Gobierno a través de redes sociales. Eso es grave, son rasgos del nazismo, del fascismo. No se puede volver a la etapa de Hitler o Franco, por eso estas personas no serán juzgadas por lesiones u homicidio, sino que hay una agravante de odio.
Hubo más de cien muertos en las últimas ‘guarimbas’ opositoras contra el Gobierno, ¿hay condenas?
Hay imputación y acusación para que terminen en condena definitiva. Tanto de agentes de las fuerzas de seguridad como de civiles armados opositores que dañaron a personas o bienes públicos.
¿Hay cifras concretas de procesados por esto?
Prefiero no dar datos exactos por el momento. Son decenas de detenidos. Casi todos acusados y procesados. La gran mayoría han sido ya acusados por el Ministerio Público. Falta el juicio definitivo para que los tribunales competentes dicten condena definitiva.
¿No son demasiado prolongados estos los tiempos procesales?
Creo que este año tendremos condenas definitivas. No sólo por esas acciones, sino también por algo por lo que no has preguntado, el intento de asesinato con drone contra el presidente de la República. Se dijo que era mentira, pero ya CNN ha dicho que fue real. Los implicados están ya pendientes de condena y muchos ya han declarado y confesado su culpabilidad.
Su llegada al cargo vino precedida de la destitución de Luisa Ortega tras diez años al frente del Ministerio Público, ¿qué opinión tiene de ella?
Yo no recibí un Ministerio Público, recibí un cártel de corrupción, una mafia que ella lideraba con su esposo junto a otros fiscales y auxiliares. Cobraban en dólares cualquier tipo de diligencia de carácter legal que alguien tuviera que realizar. Hoy vive con todos los lujos custodiada por paramilitares colombianos. Con mi gestión hay 42 fiscales privados de libertad por delitos de corrupción, en sólo un año y medio. Parece que no escarmientan porque el dinero les consume.
Llama la atención que, durante su gestión, Ortega gozara de la máxima confianza del Gobierno y ahora esté huida del país.
Ella dijo que iba a levantar la bandera del chavismo y ahora ha dicho que Chávez ha destruido Venezuela. Es alguien sin ética ni moral, llegó allí con el apoyo de Chávez y ahora lo denigra. No quiero hablar más de esta persona porque es una deshonra. Su gestión fue la de sobreseer casos de traficantes de droga, investigar a presuntos corruptos para luego extorsionarlos… En año y medio le hemos dado un buen vuelco al Ministerio Público. Por ejemplo en corrupción, más de cien funcionarios del Estado y 40 empresarios han ido detenidos, eso no se había visto en ninguna época anterior. No lo había hecho ningún fiscal.
Eso quizás hable bien de su gestión, pero bastante mal de las instituciones del Estado en épocas recientes, ¿no cree?
Yo hablo de lo que he hecho. Esta institución estaba al servicio de los ladrones, corruptos y narcotraficantes. Pero no de ahora, sino desde los años 70 y los 80.
La anterior fiscal defendió que la separación de poderes se había acabado en Venezuela con la Asamblea Constituyente. ¿Hay separación de poderes?
Claro que la hay. Hay funcionarios que han sido ministros y viceministros del Gobierno que hoy están acusados o presos, altos cargos de PDVSA, militares y policías que han cometido delitos de violaciones de derechos humanos que están siendo procesados. Pero nuestro caso es diferente al de España, por ejemplo, donde hay una monarquía. ¿Qué separación de poderes puede haber en un país donde la primera figura es un rey? Así no se pueden dar lecciones de democracia a los venezolanos. Si hablamos de separación de poderes, Venezuela tendrá defectos y errores, pero avanzamos, estamos en transformación permanente.
¿Cuál es su opinión sobre las conclusiones de la visita del comité de derechos humanos de la ONU?
Vinieron, se reunieron con nosotros, les atendimos cortésmente y se les dio la información que pidieron.
Las palabras de Michelle Bachelet no fueron precisamente buenas sobre este asunto.
Debería venir ella aquí personalmente a conversar con todas las autoridades, conocer y oír todas las campanas y no esperar informes por escrito de técnicos o medios de comunicación. Recibimos a su comisión, pero su visita no tiene fecha. Lo mejor es que venga y lo vea en el terreno.
¿Qué responde ante las acusaciones de tortura en dependencias policiales?
Que cuando ocurran caerá sobre los responsables todo el peso de la ley. Hay condenados por esto ya.
¿También por el caso del opositor Fernando Albán? Cayó desde un décimo piso cuando estaba detenido por el SEBIN.
Hicimos una investigación en la que todo apuntó a que, lamentablemente, decidió suicidarse. La autopsia, las fotografías y más pruebas llevaron a esa conclusión. Es un caso cerrado, muy lamentable. Por ese caso, los custodios del SEBIN están detenidos por no haber cumplido su labor de custodia.
¿Comprende que esta muerte tan aparatosa genere desconfianza?
Repito que toda la información de carácter médico legal apunta a que fue un suicidio. ¿Qué más puedo decir? No había signos previos de tortura y su muerte se da por politraumatismos y shock hipovolémico, es decir, una gran hemorragia.
Siendo usted poeta, ¿qué recurso literario elegiría para describir la situación actual de Venezuela?
No podría resumirlo en una palabra. Venezuela es una país que resiste el asedio de la primera superpotencia militar del mundo. Defendemos nuestra soberanía y este pueblo ha permanecido pacífico y cívico ante los sabotajes eléctricos, por ejemplo. Se quería una explosión social artificial para que acabara en una guerra civil. Desde 1999 esto es un laboratorio diario de eventos, y se ha intensificado a partir de la muerte de Chávez en 2013. Este país resiste las amenazas de ocupación militar y va a vencer. Los tramos más difíciles los hemos ido superando, aquí daban horas y días para que cayera el Gobierno tras la aparición de este sujeto no electo por nadie [Guaidó]. Ya han pasado tres meses y no ha podido hacer nada de lo que pretendía. Pero han pasado cosas lamentables, como el bloqueo financiero y económico a Venezuela, el robo de nuestro patrimonio por EEUU, que fueron los 7.000 millones que vale la empresa Sitgo, el robo de nuestro oro por Inglaterra… Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CLAG), el robo financiero potenciado entre 2013 y 2017 suponen pérdidas para el país de más de 300.000 millones de dólares. Es duro, te bloquean líneas de crédito, el acceso a bancos, la compra de alimentos y medicinas. Esa así, se ha querido derribar un gobierno legítimo por la vía del bloqueo económico.
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