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Si bien William Contreras, Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos (Sundde), no señaló específicamente que “procesarán a Lorenzo Mendoza”, como aseguran algunos medios este jueves, sí indicó que el presidente de Empresas Polar y otros empresarios tienen gran responsabilidad por el bachaquerismo, o reventa de productos regulados a precios estafalarios. “Es tan responsable Lorenzo Mendoza de que sus productos, con su marca, se estén vendiendo fuera de los canales de distribución, como ocurre en Petare, como la persona que vende el producto. Habría que preguntarse: ¿cómo llegó ese producto allí? Ellos (los empresarios) se hacen los locos”.
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Texto: Alba Ciudad (LBR)
Entrevistado telefónicamente en el programa “La Lámpara de Diógenes” de YVKE Mundial, Contreras señaló el pasado miércoles que Lorenzo Mendoza y los dueños de los grandes grupos económicos tienen gran responsabilidad en el fenómeno del “bachaquerismo” o compra de productos regulados de primera necesidad para su reventa a precios estafalarios. Señaló, en conversación con Diógenes Carrillo, que 736 bachaqueros han sido detenidos en las operaciones realizadas en los últimos días, pero que la acción no puede limitarse a quienes realizan estas prácticas en la calle.
Setecientos bachaqueros detenidos
Contreras explicó que se realizó una toma de inventario en locales de la cadena Farmatodo para hacerle seguimiento a la distribución de productos, “porque sabemos que hay desvíos”. Se hizo una operación en todos los Farmatodo del Distrito Capital y del estado Miranda para determinar dónde están los desvíos. “Aprovechamos esa acción, que fue continuada y la empezamos a las 7 de la noche hasta el día siguiente en tres momentos: la toma de inventario, el momento en el que (empiezan las colas) a las 2 ó 3 de la mañana”, y el momento en el que abren los locales a las 7 de la mañana, para verificar que los productos estuviesen disponibles para la venta.
Indicó que se detuvieron 736 personas en estas operaciones, por estar presuntamente vinculadas en acciones de bachaquerismo. Sin embargo, no todas han sido pasadas a la Fiscalía. Indicó que “es un poquito complicado” poder demostrar “el elemento de prueba de la actitud de compromiso con el bachaquerismo”, desde el punto de vista penal y jurídico procedimental. “Allí se aplica flagrancia o resistencia a la autoridad, sobre todo cuando se determina que hay personas organizadas haciendo listas, marcando a la gente o reteniendo documentos de identidad usurpando funciones de autoridad”.
Solamente en el supermercado Sigo, en el estado Anzoátegui, en una acción conjunta entre la gobernación y la Sundde, fueron detenidas 236 personas vinculadas a las formas de organización vinculadas con el bachaquerismo, explicó el Superintendente. “Nosotros pensamos que cualquier actor involucrado en eso tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley. El ejercicio de autoridad del gobierno revolucionario tiene que imponerse”, señaló.
Pueblo contra pueblo, fomentado por empresarios
Sin embargo, Contreras señaló que las acciones contra el bachaquerismo no pueden quedarse únicamente en sancionar a las personas que organizan estas acciones de reventa ilegal en las puertas de los negocios y locales comerciales. Estos “bachaqueros” generalmente son personas que provienen de sectores populares, pero que perjudican a otras personas que también provienen de los sectores populares y que son quienes más necesitan estos productos.
“Hemos detectado cierta intencionalidad de los grandes grupos económicos, de ponernos a confrontar al pueblo contra el pueblo. Acabas de nombrar a uno, El Pelucón Mayor”, dijo refiriéndose a Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar, denunciado por Diógenes Carrillo. “En ese marco de la obligación del Estado de hacer el ejercicio de autoridad, queda invisibilizada la responsabilidad principalísima que tienen, sobre todo con el tema del bachaqueo como fenómeno de la guerra económica”, y solamente se arresta al pueblo llano que está en la calle bachaqueando. “No estoy justificando a los bachaqueros. A esas personas se les tiene que aplicar todo el peso de la ley. Pero también hemos detectado la intención de estos señores empresarios de hacerse los locos”.
“He señalado en diferentes entrevistas que es tan responsable Lorenzo Mendoza de que sus productos, con su marca, se estén vendiendo fuera de los canales de distribución, como es el caso de Petare y otras ciudades del país, como a la persona que vende el producto en sí mismo”, dijo Contreras.
En la redoma de Petare, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, una gran cantidad de comerciantes informales revenden productos de primera necesidad que las empresas producen a precios regulados, pero que caen en las manos de mafias de “bachaqueros” organizados y revenden a 10 ó 20 veces su precio. Para la población es casi imposible conseguir los productos en los establecimientos, y muchas veces se ven obligados a comprar esos productos “bachaqueados”… si es que pueden pagarlos.
Bachaquerismo corporativo
Los bachaqueros obtienen los productos comprándolos en los locales, organizando ellos mismos las colas, amenazando y echando a compradores legítimos, u obligándolos a ceder sus puestos. A menudo están armados o utilizan la violencia física para lograr sus intenciones. Pero también abundan las denuncias en las que empresarios y dueños de locales venden los productos directamente a mafias de bachaqueros, con un precio superior al legal, como forma de burlar la regulación y obtener mayores ganancias. Se trata entonces del “bachaquerismo corporativo o empresarial”.
“Habría que preguntarse: ¿cómo llegó ese producto allí?”, señala Contreras. “Ellos (los empresarios) se hacen los locos, y sus gerentes justifican que ‘nosotros entregamos los productos a nuestros aliados estratégicos, nuestros franquiciados, y ya después es responsabilidad de ellos’. Nosotros les hemos dicho que no es responsabilidad de ellos nada más: ustedes tienen una responsabilidad solidaria, de acuerdo a lo que dice la Ley de Precios Justos y de acuerdo a lo que dice la Constitución en su artículo 326 sobre la corresponsabilidad”.
“No se pueden excusar en que entregan el producto y después se desentienden”, señala Contreras. “Es su marca y su producto lo que está en la calle, y de acuerdo a lo que dice el proceso constituyente venezolano, tienen responsabilidad sobre la actividad económica que generan y garantizar el acceso a las y los venezolanos a productos y servicios esenciales”.
Señaló Contreras que la organización y empoderamiento del pueblo a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) es importantísimo en la lucha contra la especulación y el acaparamiento.
Curiosamente, una de las peticiones que Fedecámaras y otras cámaras de empresarios hacen al gobierno nacional, es la de eliminar la regulación de precios, una medida que el gobierno mantiene con un conjunto de productos de primera necesidad para asegurar que la población más necesitada tenga acceso a ellos.