La abogada Rocío San Miguel aparece en un documento incautado a los organizadores de la trama Brazalete Blanco, denominado “orden de operación”. En las páginas 3 y 5 del texto, se indica que la abogada sería “la encargada de de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación”. Tal información fue suministrada por el Fiscal General de la República Tarek William Saab, en rueda de prensa esta lunes.
Texto: Últimas Noticias
El titular de la acción penal en el país destacó los pormenores de la citada trama, cuyos involucrados planificaron un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero, ambos ubicados en Táchira. Saab mencionó que el fin de estas acciones era hacerse con el parque de armas de este cuerpo, así como atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal e iniciar una escalada violenta hasta cometer un magnicidio contra el Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros.
De acuerdo con el Fiscal General, los ejecutores calcularon que el parque de armas que iban a capturar consistía en 482 fusiles AK-103, 51 pistolas y 10 escopetas. Refirió que en este caso fue clave la detención del terrorista Anyelo Heredia, lo que permitió develar quienes estaban involucrados con esos hechos.
Saab también mostró un video en donde se observan varias evidencias –según señaló–, que incluyen 18 mapas cartográficos con las coordenadas de instalaciones militares, zonas de seguridad y ZODIs (Zonas Operativas de Defensa Integral), lo que pertenece a la reserva de la inteligencia del Estado venezolano, indicó.
Recordó que, al momento de detener al ex militar Anyelo Heredia, se pudo determinar mediante pesquisas en la agenda telefónica del mismo que tenía como contacto a la ciudadana Rocío San Miguel.
Con respecto a la orden de operación en donde está mencionada la misma, recordó que uno de los primeros detenidos es el oficial Guillermo Enrique César Siero, en cuya residencia se encontró un documento militar conocido como “Orden de Operación”.
“Se especificaban allí todas las acciones que se iban a ejecutar, a desarrollar en esta brutal trama terrorista Brazalete Blanco. Él va mencionando qué papel va a jugar cada persona que él consideraba”, incluyendo los aspectos propagandísticos que cumplirían determinadas ONG para apoyar la conspiración.
“Allá aparece explícitamente mencionada Rocío San Miguel como responsable de algunas actividades”, entre ellas ser el enlace con algunos de los medios de comunicación digitales con el fin de “que comuniquen al pueblo venezolano y a la comunidad internacional”, los resultados de la operación y demostrar a los “países aliados” los avances.
En tanto -prosiguió- en la página 5 se indica que la “periodista Rocío San Miguel será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real con los avances de la operación, crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo, coordinar con organismos internacionales para, a través de la ONG Control Ciudadano, asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas involucrados en la operación y promover ante la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos y bombardeos en contra de los integrantes de la operación”.
Mapas y listados de perfiles militares
Saab precisó que las evidencias encontradas en la residencia de San Miguel son comprometedoras ya que las mismas contienen información que es exclusiva del Estado.
Entre los mapas, indicó que habían de Puerto Cabello y Borburata, en el estado Carabobo. “Aquí vemos demarcadas, a la izquierda la zona de seguridad del Comando de la Aviación Naval, y a la derecha, la zona de seguridad de la Base Contraalmirante Agustín Armario. Además, podemos ver que tiene resaltadas en verde varias zonas de interés. Para hacer estas demarcaciones se unieron dos mapas distintos. Se trata de una tarea compleja, pues se realiza mediante coordenadas geográficas que incluso se adentran en el mar”, señaló.
Explicó que se encontraron más de 24 zonas militares demarcadas, incluyendo la zona de seguridad del Palacio de Miraflores, indicando que esto no corresponde a las funciones de una ONG. “Esta información ha sido recabada y señalizada de forma sistemática, con apoyo de personas con conocimientos de geografía y cartografía. Nadie puede hacer algo así de nada”, afirmó,
Saab dijo que los familiares reconocieron que dichos materiales eran de Rocío San Miguel y que la misma tenía un “protocolo” para hacer desaparecer las evidencias en caso de que ella fuera detenida. “Ese protocolo se activó al momento de su captura y fue ejecutado por su entono más cercano, que tienen medidas cautelares y están en libertad”.
Dijo que los equipos habrían “sido trasladados por diversas locaciones tratando de eludir la acción de la justicia”. Los mismo fueron trasladados “a La Guaira, a El Marqués en Caracas; y de la capital fueron trasladados luego hasta Higuerote, donde fueron escondidos en un maletero. Fueron a parar después en Guárico. ¿Por qué usted tiene que hacer todo esto?”
“Tenía numerosas medidas de seguridad para sus comunicaciones. Por ello, todavía hay varios dispositivos a los que estamos en proceso de tener acceso”, afirmó.
También “había listados y perfiles de los mandos militares del país, y de sus comunicaciones se desprende que posee listados de todo el personal militar”, dijo agregando que más que una defensora de Derechos Humanos, parece ser un “agente”.
Habría recibido pagos e informado a países europeos
Otra de las aseveraciones de Saab, durante la rueda de prensa, es que San Miguel habría recibido pagos de una trasnacional petrolera. ” Se consiguió un cobro en dólares”. Añadió que la misma había suministrado información “a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país”, y que hubo “intercambios similares” con embajadas de otros tres países.
El pago que recibió de la trasnacional, dijo, que fue por un “análisis de entorno”.
Enfatizó que no se está ante un caso de desaparición forzada y que “su ONG es una fachada para hablar mal en contra de la FANB, incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado venezolano”.
Por otra parte, señaló el Fiscal General que éste fin de semana San Miguel fue visitada por sus familiares en el lugar de reclusión que le fue asignado.
Por qué no es una “desaparición forzada”
Indicó Saab que sólo se puede hablar de “desaparición forzada” cuando los efectivos secuestran a la persona sin participar a los órganos correspondientes, como el Ministerio Público, y el mismo culmina con la perdida de la vida de la persona. Saab señala que, en este caso, ha habido comunicados, informaciones de prensa, orden de aprehensión y el fin de semana la familia pudo visitarla, cuando les correspondió la visita.
Deploró que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se haya pronunciado de forma inapropiada, y reiteró que el que una persona lidere una ONG de derechos humanos no le brinda inmunidad. Señaló que él se reunió en numerosas ocasiones con el personal de esa oficina técnica, y comenzaron a preocuparse de forma muy extraña por personas que no tienen nada que ver con derechos humanos, sino de conspiración o asesinato.
Señala que la oficina de la ONU se comportaba como si estuvieran auditando expedientes, solicitando algunos vinculados a casos de lucha contra la delincuencia o casos de asesinato como el del músico Tirone González “Canserbero” y Carlos Molnar.
Señaló que a la oficina se les informó la ubicación, el estado y las razones de la detención de Rocío San Miguel y, a pesar de eso, mantenían la versión de la desaparición forzada.