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A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela ratificó su rechazo categórico a la decisión de un juez en Estados Unidos, que autoriza a la empresa petrolera ConocoPhillips a ejecutar un laudo arbitral por 8.700 millones de dólares en prejuicio de la nación. El Estado Venezolano expresó que la decisión “fue fraguada violándosele a la República Bolivariana de Venezuela su derecho a la defensa”.
Texto: Agencias
Según el sitio web Bloomberg, el juez de distrito estadounidense Carl Nichols emitió este viernes una orden según la cual el gobierno de Venezuela deberá pagar unos 8.700 millones de dólares a ConocoPhillips, como compensación por supuestamente haber confiscado los intereses de la compañía energética en proyectos petroleros. “La moción de la compañía para que se dicte sentencia en rebeldía fue concedida porque Venezuela no ha comparecido ni ha respondido con presentaciones judiciales”, escribió Nichols.
Según la presentación del juez, Venezuela debería pagar 8.500 millones de dólares por daños y perjuicios, además de unos 22 millones de dólares por el reembolso de los gastos legales.
A continuación el contenido del comunicado del gobierno venezolano:
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la decisión dictada el día de hoy por un Juez de la Corte Estatal de Washington, en la que se autoriza a ConocoPhillips a ejecutar un laudo arbitral hasta por 8,7 mil millones de dólares en perjuicio del patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas.
Esta injusta decisión ha sido fraguada violándosele a la República Bolivariana de Venezuela su derecho a la defensa y en complicidad con extremistas venezolanos entre los que se encuentran Juan Guaidó y José Ignacio Hernández quienes, usurpando funciones públicas, actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso en cuestión.
Con esta irrita e ilegal decisión se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras, mediante fraudes procesales donde se le impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales.
En este sentido, hacemos un llamado ante la comunidad internacional sobre las evidentes maniobras con las que se pretenden justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana. Con esta medida Estados Unidos no sólo viola el Derecho Internacional, además pone en evidencia la ausencia de garantías y de justicia para cualquier Nación.
La República Bolivariana de Venezuela jamás renunciará a la defensa legítima de sus derechos e intereses en las instancias que correspondan, y ratifica que continuará activamente con las acciones legales contra los apátridas que participaron en este fraude, con el firme compromiso de preservar el patrimonio de la República cuyo único propietario es el pueblo venezolano.
Caracas, 22 de agosto de 2022