El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la designación de la Fiscalía 67ª Nacional para investigar a cinco personas nombradas por Juan Guaidó como “funcionarios” de su supuesta presidencia interina, por negociar un contrato para apoderarse de activos pertenecientes al Estado venezolano en países del Caribe.
Texto: Prensa MP y Alba Ciudad
Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal indicó que supuestos “funcionarios” designados por Juan Guaidó -quien se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019- estaban a cargo de negociar con el consorcio Caribbean Recovery Assets (conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management) un acuerdo presentado a Guaidó el año pasado, para “apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos, cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe”.
Los directores de Caribbean Recovery Assets, Jorge Reyes y Pedro Antar, “habrían solicitado como contraprestación por sus servicios, el derecho de apropiarse del 18% de todo que pudiera ser despojado al Estado venezolano”, expresó la máxima autoridad del órgano garante de la legalidad en el país.
Pero además, los representantes de Juan Guaidó “solicitaron un pago por la cantidad de 750 mil dólares para la adjudicación del mencionado contrato, y además exigieron que una vez se hubiese iniciado la apropiación de los bienes del país, se les diera la mitad del 18% solicitado por la Sociedad Mercantil Consorcio Caribbean Recovery Assets”.
Indicó que los investigados son:
- Fernando Javier Blasi-Blanchard, Director de Asuntos Comerciales de la írrita e ilegal Embajada virtual de Venezuela en EE.UU.
- Magin Eduardo Blasi-Blanchard, hermano de Fernando Javier Blasi-Blanchard y responsable material de llevar a cabo el cobro de los 750.000 dólares solicitados para la adjudicación del mencionado contrato.
- Javier Leonardo Troconis, Comisionado Presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos, nombrado ilegalmente por Juan Guaidó
- José Ignacio Hernández González, exprocurador designado ilegalmente por Juan Guaidó
- Luis Augusto Pacheco Rodríguez, presidente de una ficticia Junta Directiva Ad Hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), nombrado también ilegalmente por Guaidó.
En este caso “se presume la comisión de los delitos de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir”, comentó el vocero institucional.
También están bajo investigación los representantes la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), Jorge Reyes y Pedro Antar.
Sobre las empresas involucradas, el alto funcionario adicionó que “estas firmas con nombres tan rimbombantes no son más que empresas de koala, ni siquiera de maletín, utilizadas por estos dos supuestos empresarios para hacer negocios de dudosa legalidad”.
Las indagatorias hechas sobre Reyes y Antar han revelado que contra ellos “pesan graves acusaciones de actividades ilícitas en los EE.UU. y otros países. Uno fue sancionado por fraude a inversores y el otro aparece vinculado con una investigación por lavado de activos en exportaciones fraudulentas desde Ecuador a Venezuela utilizando el Sucre”, reveló el Fiscal.
Atentado contra Venezuela
En opinión del Fiscal General, “se trata de una nueva versión del contrato firmado por Guaidó y Juan José Rendón con Jordan Goudreau para que invadiera Venezuela con un ejército de mercenarios. En esta oportunidad se pretendió contratar a unos pillos para que robaran activos del país en el Caribe. Igual que con los mercenarios, se pretendió firmar un contrato para cometer un delito contra nuestro país, el cual al final no cumplieron”.
“Esa es la clase de personas que dicen ser luchadores por la democracia, que dicen ser la Venezuela de bien, pero vemos cómo vienen actuando”, puntualizó Saab.
Negociación de bonos
Con respecto a la negociación de deuda con tenedores de bonos de Pdvsa y la Electricidad de Caracas, el titular de la acción penal envió un mensaje de apoyo a la propuestas presentada por la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, cuyo objetivo es “evitar que los inversores que legítimamente han adquirido estos papeles resulten afectados por las sanciones unilaterales que impone EE.UU. a Venezuela”.