El Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público envió una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, para ofrecer información al Congreso de ese país sobre los hechos relacionados con la incursión militar denominada “Operación Gedeón”, que tenía como fin derrocar al gobierno legítimo venezolano. Desde la sede del órgano garante de la legalidad en el país, Saab comentó que la misiva forma parte de una serie de acciones emprendidas por el Estado venezolano ante instancias internacionales para dar a conocer y sancionar los ataques en contra de la institucionalidad nacional y sus autoridades.
Texto: Prensa FGR
Con respecto al documento enviado desde Caracas, el alto funcionario explicó que tiene como objetivo “aportar (…) formalmente un relato detallado de los hechos en cuestión, basado en pruebas y testimonios recabados de los involucrados en la incursión armada (…) y que, de comprobarse ciertos, contemplarían delitos gravísimos, tales como tráfico de armas y drogas, y terrorismo”, según el texto oficial.
“Esto ante los graves hechos que se han develado tras la incursión fallida, los cuales vinculan a ciudadanos y autoridades colombianas y estadounidenses en la organización y financiamiento de este ataque”, precisó el titular de la acción penal.
Contra la ley
Tras los hechos que iniciaron el pasado 03 de mayo en el estado La Guaira, el Fiscal General reveló que el Congreso estadounidense “inició una investigación para determinar si las leyes estadounidenses fueron violadas por ciudadanos y compañías estadounidenses y si algún elemento del gobierno de EE.UU. sabía lo que estaba sucediendo”.
Agregó que “el Congreso exigió información sobre todos y cada uno de los contratistas de seguridad privada que sostuvieron reuniones en los EE.UU. relacionadas con una posible incursión armada en Venezuela, y si la administración de Donald Trump estaba al tanto de estas interacciones”.
De igual manera, la carta enviada a Pelosi invita a cuestionarse la presunta vinculación de Trump, el vicepresidente Michael Pence, el enviado especial de EE.UU. a Venezuela Elliot Abrams, y el Secretario de Estado Mike Pompeo en los planes terroristas en contra de la soberanía nacional. “Consideramos que las pruebas que mencionaremos a continuación (en la carta), vinculando los eventos antes mencionados con organizaciones criminales oriundas de Colombia, son de su preocupación y más alto interés”, expresó Saab a través del texto.
En tal sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público reiteró que “nuestra institución hará todo lo necesario para que se haga justicia conforme a nuestras leyes soberanas y se compromete en lo que sea menester para colaborar, como poder soberano, con cualquier institución norteamericana que busque la verdad y sea fiel a ella”.
Balance
Como parte de las acciones emprendidas por la justicia venezolana, el Fiscal General recordó que hasta el momento se han concretado 66 detenciones y se han librado 99 órdenes de aprehensión, de las cuales aún quedan 63 por materializar debido a que varios de los implicados se encuentran fuera del territorio nacional.
Además, añadió que se han celebrado 11 audiencias de delación que permitieron la identificación de la Fundación Futuro Presente como encargada “del financiamiento de la logística, alimentación y arrendamiento de los campos de entrenamiento para los mercenarios”, comentó Saab.
Por tales hechos, se libraron órdenes de aprehensión contra Yon Goicoechea y los integrantes de la mencionada organización, sumado a la ejecución de 17 órdenes de allanamiento.
Caso Directv
Sobre el cierre de las operaciones de la empresa de televisión por suscripción Directv, el máximo funcionario analizó la situación como “el resultado de las presiones del Departamento de Estado y de la oposición”, lo que ha derivado en “una nueva agresión al pueblo venezolano que se suma a las cientos de medidas dirigidas por el gobierno estadounidense contra nuestro país”.
“Este ataque se suma a todas las agresiones que buscan dejar al país sin medicinas, sin alimentos, sin combustible, y ahora sin televisión. El objetivo de estas medidas es hacer sufrir al pueblo venezolano, para generar desestabilización y justificar cualquier acción contra las autoridades venezolanas”, sentenció Saab.