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Foto: Archivo
Este martes un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, sentenció al expresidente Rafael Correa, a 8 años de prisión por el presunto delito de “cohecho agravado”, al ser considerado como “autor mediato” junto al exvicepresidente Jorge Glas. La sentencia no solo condena a Correa a pasar tiempo en la cárcel, sino que inhabilita su participación política en Ecuador, por 25 años, hecho que ha venido denunciando el exmandatario ecuatoriano y que ha calificado como una persecución política por parte del actual presidente, Lenín Moreno.
Texto: AVN y RT
De acuerdo con la sentencia, emitida por los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, en el caso denominado “Caso Sobornos 2012-2016”, se considera a Correa y a Glas como “autores mediatos por instigación al cohecho agravado”.
La autoridad judicial León, precisó que la víctima en este caso, es el Estado y que esto, fue probado por la Fiscalía. “Se ha probado que los pagos eran reportados al nivel jerárquico superior, liderados por Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas”, leyó León, durante la sentencia.
“No aprenden de la historia. No entendieron nada de Lula, Cristina, Evo. ¡Claro que con esta persecución hacen daño en el corto plazo! Pero en el largo plazo solo nos vuelven invencibles. No podrán cambiar el curso de la historia. ¡Resistiremos y venceremos!”, escribió Rafael Correa en la red social Twitter, luego de conocer la sentencia.
Por la supuesta participación de los otros 20 exfuncionarios involucrados en la financiación de actividades proselitistas del partido político de Correa, Alianza PAÍS, con empresarios contratistas estatales que sobrepasan los 7,5 millones de dólares, entre el período 2012 a 2016, fueron declarados coautores y con la misma sentencia de 8 años.
Entre los juzgados también se encuentran el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.
Respuesta de Correa
Correa aseveró que el proceso de juicio y sentencia obedece a un show que solo buscaba impedir su participación en las próximas elecciones presidenciales.
Posteriormente, en declaraciones al portal RT, Correa señaló desde su casa en Bruselas (Bélgica): “Lo esperábamos, estaban desesperados para condenarme por algo”. En ese tono, el dirigente sudamericano opinó: “En un estado de derecho, sería imposible”.
Desde su punto de vista, la determinación judicial se produjo para limitar sus aspiraciones electorales y desviar la atención pública de la emergencia sanitaria que atraviesa la nación, en medio de la pandemia del coronavirus: “Distraen las energías del país, deberíamos estar preocupados de la crisis, de los muertos insepultos“.
Al respecto, el entrevistado insistió en que ahora las autoridades deberían enfocarse en “cómo está subiendo la epidemia”.
“Lo vamos a ganar en cortes internacionales”
En ese tono crítico, Correa consideró que esta circunstancia solo refleja el “odio político” contra su figura, “incluso en esta crisis”. Sin embargo, adelantó que va a llevar el caso a etapas superiores de la Justicia: “Lo vamos a ganar en cortes internacionales”, confió.
Para desestimar el proceso, el dirigente repasó: “Esto no tiene ni pies ni cabeza. Su principal prueba eran unos archivos que estaban en la carpeta de una asesora. Nosotros logramos tenerlos y con peritaje internacional demostramos que fueron ‘hackeados’ en 2016 y modificados hasta 2018, algo totalmente forjado”. De hecho, ese elemento irregular finalmente no pudo ser tenido en cuenta, destaca el político latinoamericano.
También subrayó: “Ayer hubo una filtración de miles de documentos, demostrando que la secretaria del fiscal estuvo en permanente contacto con el presidente del Tribunal”. Sobre ello, aclaró que, si bien es cierto que había un vínculo afectivo entre ellos, cometieron la irregularidad de enviarse información sobre el juicio: “No intercambiaban facturas eléctricas o cuentas de teléfono. ¡No! ¡El proceso! Eso es asociación ilícita”.
Sobre la coyuntura política y judicial de Ecuador, el exjefe de Estado sostuvo que “no existe Justicia, y Europa no dice nada”. En efecto, lo ejemplifica con otras causas que debió afrontar: “Me acusaron de haber asesinado a una persona, aparece la persona viva, pero me siguen acusando de asesinato, diciendo que resucitó. Ya es irracional”.
Ricardo Patiño, quien ejerció la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Defensa durante la presidencia de Correa, denunció la persecución, en medio de una pandemia como el Covid-19 que tiene en crisis al pueblo ecuatoriano. “Ecuador atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes. Sin embargo, la persecución no para ya que tienen pánico de que Rafael Correa y la revolución ciudadana vuelvan a vencer en las urnas. Basta de tanto atropello”, expresó en un tuit.
#Ecuador atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes. Sin embargo, la #PersecuciónNoPara ya que tienen pánico de que @MashiRafael y la #RevoluciónCiudadana vuelvan a vencer en las urnas. Basta de tanto atropello.#LawfareNoPara pic.twitter.com/l8PsRVo3YY
— Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) April 7, 2020
El Caso Sobornos inició en mayo de 2019, cuando el portal web La Fuente publicó una investigación en la que se expone que mediante aportes económicos de empresas multinacionales, entre ellas Odebrecht, colaboraron para la campaña presidencial del partido Alianza PAÍS de Correa.
En esa investigación se precisa que Pamela Martínez, entonces asesora de Correa, recibía en 2014 los aportes económicos, sin embargo; el exmandatario asegura que la misma abusaba de su posición y la descubrieron, pero para quedar libre le dijeron: “Si acusas a Correa, te dejamos libre”, y en efecto; fue puesta en libertad meses más tarde. No obstante, Martínez recibió este martes una pena de 38 meses de cárcel, gracias a su cooperación durante el caso.
Al emitir esta sentencia, Correa no podrá postularse para ningún cargo en las elecciones legislativas y presidenciales de 2021 y esa inhabilitación política quedará vigente por 25 años.
No existen precedentes en el país de un juicio de tal magnitud. El proceso que se le iguala es por el caso Odebrecht, en 2017. Este duró 14 días, luego el tribunal se tomó cinco días más para deliberar y sentenció a seis años al exvicepresidente Jorge Glas.