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Con miras a profundizar el diálogo y la reconciliación nacional, fundamentos centrales del período de gestión 2019-2025 del presidente de la República, Nicolás Maduro, este viernes la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública anunció el otorgamiento de beneficios procesales a privados de libertad vinculados a la violencia política. A través de medidas otorgadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 39 ciudadanos y ciudadanas recibieron beneficios procesales, entre los que destacan: libertades plenas, medidas cautelares de presentación, prohibición de salida del país y fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.
Texto: AVN / Fotos: Zurimar Campos, AVN
Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal, estado Táchira, procesado por la presunta comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento, es uno de los beneficiados con la concesión de una medida cautelar de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y de declaraciones a medios y redes sociales.
En el primer grupo de procesados que recibieron beneficios, también se encuentran personas presuntamente involucradas con las manifestaciones e irregularidades ocurridas entre 2014 y 2018; así como aquellos que participaron en los hechos violentos del 2 de abril de 2018, fecha en la cual resultó herido el diputado opositor Teodoro Campos.
En el caso de los procesados bajo la justicia militar, como el general de brigada retirado Ángel Vivas, detenido por incitar a la violencia durante las acciones sediciosas del año 2014, serán los tribunales militares los que determinen las medidas sustitutivas correspondientes.
Según medios privados, entre las personas que recibirán beneficios se encuentran: Yessica Cordero, Ramón Ruiz, Yancer Soto,Diego Medrano, Jorge Galan, Luis Orozco, Luis Acosta, Hoffman Díaz, Junior Pérez, Gabriel Vega, Alexis Alcalá Duque, Gregori Pulido, Edisson Pichardo, Jairo Peñuela, José Alexis De Los Santos, José González León, María Elena Uzcátegui, Carmen Alicia Gutiérrez Acevedo, Carmen Briones Donoso, Angelis Quiroz, Ninoska Josefina Bolívar, Stefanny Salazar, Diannet Blanco, Brigitte Herrada, María Angelina Salcedo Torres, Nazareth Vásquez, Virgen Liliana Quintanillo, Erika Palacios Alfonzo, Melanye Álvarez Castro, Geraldin Chacón, Marianyelis Sánchez Delgado, Gregory Hinds Rodríguez, Juan Pablo Giraldo, Juan Pedro Lares, Fermín Cocchioni, Diego Gómez, Ender González y Dylan Canache.
Por la reconciliación nacional
La primera tanda de anuncios forman parte de un proceso de renovación política, impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para consolidar la paz y la reconciliación nacional, afianzando el debate franco como un mecanismo para dirimir conflictos políticos.
“Desde la diversidad podemos pensar distinto, podemos creer diferente, sé que es así. Pero podemos entendernos por vías distintas a la violencia”, expresó Delcy Rodríguez, presidenta de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.
Bajo esta premisa, invitó a los beneficiarios de las medidas a “sumarse a los esfuerzos por la paz”, recordando así el exhorto que realizara el Jefe de Estado, el pasado 24 de mayo, donde pidió a los sectores que incurrieron en acciones violentas a “dejar las armas” y comenzar “hacer política”.
Postura similar asumió el Ejecutivo, representado por el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, quien ratificó su aspiración de que la decisión afiance el camino hacia la reconciliación.
“El presidente Nicolás Maduro hace votos para que estas medidas conduzcan a un proceso de pacificación verdadera y envíe un mensaje para que sean el debate franco e intenso de ideas, así como las vías constitucionales, legales y electorales, los únicos medios a los que recurran en el futuro todas y todos quienes tengan intención honesta de participar en la vida política de la robusta democracia venezolana”, dijo en lectura de un comunicado oficial.
El proceso de otorgamiento de beneficios procesales, principalmente dirigidos a quienes no hayan incurrido en crímenes graves, contó con la participación de dirigentes políticos de oposición, quienes fungieron como garantes de la aplicación de medidas.
El grupo está integrado por Pedro Pablo Fernández, dirigente de Copei; Javier Bertucci, excandidato presidencial; y los gobernadores Ramón Guevara, del estado Mérida; Antonio Barreto Sira, de Anzoátegui;, y Laidy Gómez, del estado Táchira.
La conformación de la agrupación de garantes del proceso de otorgamiento de beneficios procesales ocurre luego de la reunión que sostuvieran, por separado, cada uno de los dirigentes con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas.
