Por ser contraria a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este martes nula la designación del vicefiscal General de la República, Rafael González Arias, quien fue designado el pasado 17 de junio por la fiscal General, Luisa Ortega Díaz. “En consecuencia, son nulos de nulidad absoluta y no tienen por tanto efectos jurídicos, los actos y actuaciones realizadas por el prenombrado ciudadano, en las cuales haya fungido como ‘vicefiscal general de la República”, expresa la sentencia publicada en el portal web del Máximo Tribunal.
Texto: AVN
Ante esta situación, en el que la fiscal General designó al vicefiscal sin cumplir con lo establecido en la Constitución, la Sala Constitucional informó que “designará de manera temporal al Vicefiscal General de la República”.
“Se ordena remitir copia certificada del presente fallo a la Sala Plena de este Alto Tribunal y al Consejo Moral Republicano, para que ejerzan las actuaciones que correspondan, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general, dado los errores graves e inexcusables evidenciados en este fallo”, indica la sentencia
Más temprano, el Movimiento Nacional de Abogados Patriotas acudió al TSJ para interponer un recurso de nulidad contra la designación del vicefiscal general de la República.
De acuerdo con los abogados, la designación del Vicefiscal se realizó de manera ilegal porque el numeral 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece el nombramiento “previa autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional”, a través de un concurso abierto.
Tomando en cuenta la situación de desacato en la que se encuentra el Poder Legislativo actual, la fiscal Ortega Ortega debió consultar al TSJ cómo proceder a la designación del funcionario.
Asimismo, en dicha sentencia, el TSJ declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto tanto por Ortga Díaz, González Arias y Zair Mundaray, Director General de Actuación Procesal, contra el decreto presidencial del 23 de mayo de este año, que establece las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente, en vista de que ya el máximo juzgado declaró previamente la constitucionalidad del decreto.