Fiscal General: Van 26 personas muertas en hechos de violencia

Foto: AVN (Wilmer Errades)

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, ofreció una rueda de prensa este martes informando que el organismo que dirige repudia todos los hechos de violencia ocurridos en el país. Ofreció un resumen de los casos más emblemáticos de personas asesinadas en las manifestaciones recientes, e hizo un llamado a los dirigentes de cualquier tendencia a bajar el tono de confrontación y dejar de usar descalificaciones y deshumanizaciones del otro sólo por pensar distinto, así como discursos racistas, xenófobos y descalificaciones. Hay un total de 437 personas lesionadas, 65 personas privadas de libertad y 1.289 personas aprehendidas.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Escuche la rueda de prensa completa

“Soy una mujer de paz. No puedo tolerar la violencia”. Lamentó la muerte de 26 personas. “Duele mucho la muerte de una persona, sea de gobierno o sea de oposición. En cualquier manifestación pública o en cualquier acción, siempre la muerte de una persona es lamentable”.

Expresó su más firme rechazo a la violencia como arma de acción política. “La política no debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del diálogo y la negociación. Es la confrontación de ideas en el marco del respeto a las diferencias que pueden darse en una sociedad, sobre todo en una como la nuestra, de larguísima tradición democrática, republicana y libertaria”, dijo recordando que nuestro patriotas salieron a libertar a otras naciones.

Han perdido la vida 4 adolescentes y 22 adultos. Recordó que sólo en seis estados de los 24 han habido focos de violencia.

Ocho de los fallecidos murieron por electrocución el 20 de abril de 2017, mientras ingresaban a una panadería en la calle San Andrés Cajigal en El Valle. Destacó que, de acuerdo a las experticias realizadas, estas personas estuvieron en contacto con cables de electricidad y agua, lo que produjo el detonante y causó la muerte por shock cardiogénico por electrocución.

Foto: AVN (Wilmer Errades)

Sobre el caso de Paola Ramírez, informó que motorizados civiles armados ingresaron a una vivienda porque supuestamente allí los estaban grabando. “Ingresaron a esa vivienda, robaron ese inmueble y huyen al lugar donde lamentablemente estaba esta joven, Paola Ramírez. Y muere de un disparo”.

Se pensó inmediatamente que la muerte tuvo que ver con este grupo civil armado, pero “luego de las experticias hechas por el Ministerio Público, allanan el inmueble de donde se presumía que salió el disparo, de acuerdo a la trayectoria y planimetría hecha por expertos del Ministerio Público. Allí se hallan evidencias y fue aprehendido Iván Pernía, quien reconoce de manera inmediata que había efectuado los disparos y entrega otras evidencias: la balística dio perfectamente. El proyectil que se le extrae a la joven y los recolectados en el sitio del suceso concuerdan conel arma homicida, que fue entregada por este joven”.

También relató los casos de Jairo Ortiz y Daniel Queliz, por quienes están aprehendidos tres funcionarios policiales. En el caso del joven larense Gruseny Canelón, existen 14 órdenes de captura, señaló Ortega Díaz.

Foto: AVN (Wilmer Errades)

Señaló que, en las próximas horas, se colgará en la página web del Ministerio Público una lista identificando las personas asesinadas, el día que ocurrió la muerte, así como algunas circunstancias que rodearon el hecho que le produjo la muerte, el Fiscal que está investigando y algunas diligencias de la investigación.

Lamentó que entre ayer y la madrugada de hoy haya 4 personas fallecidas más. “Estamos trabajando para que se sancione a los responsables y que no haya impunidad. Que haya respuesta, que haya justicia”.

También indicó que se está ayudando y acompañando a los familiares de las víctimas, con atención psicológica en el proceso de duelo y verificando sus condiciones socioeconómicas.

Señaló que tienen registradas un total de 437 personas lesionadas, cuyas investigaciones están avanzando. De ellas, 182 por delitos comunes y 247 por derechos fundamentales. “en los próximos días también será colocada esta información en la página web del Ministerio Público”, señaló.

Se están investigando también los daños a la propiedad privada y pública. Señaló los daños a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, por el cual hay 9 personas privadas de libertad.

Foto: AVN (Wilmer Errades)

Sobre los hechos de saqueos y violencia en El Valle, hay 10 personas privadas de libertad. “Como parte de la investigación estamos evaluando los testimonios de los vecinos en el barrio San Andrés, en los que señalan que, al parecer, grupos delictivos del sector formaron parte de los destrozos de la zona, aprovechando el ambiente de crispación política  que se generó por las protestas de algunos ciudadanos que se encontraban caeroleando. Eso lo estamos investigando”.

Privados de libertad

Ortega Díaz dijo que hay 65 personas privadas de libertad y que 217 personas van a ser presentadas este martes. En total han sido aprehendidas 1.289 personas. Este balance también será colocado en la página web de la institución. También ha solicitado la libertad plena de algunas personas que no formaban parte de los hechos o ha solicitado medidas sustitutivas. Ha velado por la integridad de las personas privadas de libertad, trasladándose a las dependencias donde se encuentran detenidos para constatar su situación.

Recordó que el Ministerio Público no es órgano de seguridad ciudadana, es el titular de la acción penal. Cuando hay situaciones de calle, protestas, obstáculos en la vía, corresponde a los órganos de seguridad ciudadana abordar ese tema, no al Ministerio Público”.

Detenidos en flagrancia deben tener actas

Sobre un caso registrado en Nueva Esparta, donde se aprehendieron 38 personas por la Guardia Nacional Bolivariana. Aseguró que, según la ley, las detenciones en flagrancia deben ser sustentadas por un acta policial que detalle exactamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fue sorprendido el aprehendido, narrando los hechos. Sin embargo, en ese caso “la Guardia Nacional hizo unas detenciones y se las entregó al Cicpc”, que no conocía las circunstancias en las que fueron aprehendidos. “En el informe que recibimos no estaba detallado qué estaban haciendo esas personas”, lo que impide imputar delitos.

Por esa razón, hubo que solicitar la anulación de la detención; el tribunal optó por dejarlos detenidos hasta que ocurralapresentación de fiadores. “Yo me pongo a la disposición de todos los cuerpos de seguridad, comos iempre lo hemos hecho, en la elaboración de las actas policiales para revestir de seguridad todos los procesos penales y que no haya impunidad”.

Ortega Díaz reiteró que está obligada a garantizar el debido proceso. “El país necesita seguridad jurídica, por eso hay que determinar si una persona cometió delito”.

En contra de los grupos violentos

Señaló que existen multiplicidad de actores entre los grupos opositores y partidarios del gobierno. “Unos manifiestan sus ideas de forma pacífica; eso es lo correcto, haciendo valer la Constitución. Pero también nos encontramos grupos violentos, que son minoritarios, con excesiva violencia política. Promueven enfrentamientos entre los venezolanos y cuerpos de seguridad. Promueven acciones vandálicas que nadie puede celebrar ni convalidar. ¡Nadie puede estar de acuerdo con eso! ¡Es imposible que estemos de acuerdo con acciones vandálicas y delictivas! ¡No se pueden apoyar!”

Se mostró en contra de que se incentive la destrucción de la propiedad pública y privada, que se desestimule el trabajo productivo o se promuevan discursos de odio. “Y mucho menos descalificar a quienes piensen distinto a nosotros”.

Foto: AVN (Wilmer Errades)

Pidió a los dirigentes de cualquier tendencia bajar el tono de confrontación y elevar las discusiones de nivel. Pidió dejar de usar descalificaciones y deshumanizaciones del otro sólo por pensar distinto, así como discursos racistas, xenófobos y descalificaciones que no nos van a llevar a ningún lado.

“Requerimos volver al diálogo, con interlocutores válidos, con poder de decisión, para construir una agenda de acuerdos que permita salidas democráticas e institucionales que resguarden el estado de derecho”.

“Nadie desea para este país ―y menos quien le habla aquí― un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera. Esto sería un retroceso. Yo lo repudio. Lo rechazo. Además, que generaría un dolor profundo en nuestra sociedad”.

Instó a construir la paz con actuaciones y predicando con el ejemplo, y con instituciones fuertes que garantices el ejercicio del derecho de los ciudadanos, “sin ningún tipo de discriminación política”.