El Consejo Presidencial de Campesinos y Pescadores del país advierten que detener la aprobación de la Ley de Semillas, tal como lo planteó la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, (Fedeagro), significaría “un fuerte retroceso” para el país en materia agrícola porque permitirá que se introduzcan semillas transgénicas que desmejorarán la fertilidad de los campos venezolanos. La pretensión de detener la Ley de Semillas fue presentada por el presidente de Fedeagro, Antonio Pastana, quien alegó que solicitará a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional (AN) frenar los avances del proyecto, aprobado en 2014, pues a su juicio desmotiva la investigación, la producción nacional y aumenta la dependencia a la importación de semillas.
Texto: AVN
No obstante para Isabel Martínez, vocera del Consejo Presidencial Campesino por el estado Barinas, la desaprobación de la Ley de Semillas puede generar un fenómeno de libre comercio que permitirá a sectores productivos del país negociar con empresas como Monsanto, transnacional acusada de promover la producción de alimentos modificados (transgénicos) y de expender insecticidas que destruyen la fertilidad de los suelos agrícolas.
“¿Por qué quieren detener la Ley de Semillas?; Porque quieren invadir a nuestro país con los transgénicos. Los transgénicos dan mayor capacidad de producción y mayor rendimiento ¿pero que ocasiona? Pues envenenas a tu pueblo, envenenas a tu patria y a tu país”, recalcó Martínez desde el Parque Ezequiel Zamora, en Caracas.
Martínez aseveró que Fedeagro ha demostrado históricamente que es un círculo vicioso anárquico “que toda la vida ha estado en contra de las políticas agrarias que ha establecido la Revolución Bolivariana”, aunque refirió que en el poder popular campesino está dispuesto a defender la Ley de Semillas.
Algunas organizaciones ambientalistas han denunciado que ingerir derivados y productos transgénicos de forma regular puede producir cáncer, enfermedades del riñón, trastornos cerebrales y pérdida de las funciones reproductivas.
Tal es el impacto de los transgénicos y de los agroquímicos que en la década de 1960 las transnacionales Monsanto, Dow Chemical y Diamond Shamrock, fueron contratadas por el gobierno de Estados Unidos para producir un herbicida llamado agente naranja utilizado por las tropas norteamericanas en la invasión a Vietnam, con el objetivo de destruir las cosechas de los pobladores.
Por esta razón la dirigente campesina agrega que la Ley de Semillas, que se prevé sea aprobada en segunda discusión en la Asamblea, obedece a un mandato del pueblo campesino que busca proteger la salud de la población venezolana, la fertilidad de las tierras y las semillas autóctonas.
“Nosotros los campesinos y campesinas apostamos por el quinto objetivo del Plan de la Patria, que es la conservación del ambiente y la preservación de la especie humana. Hacia allá apunta esta ley”, enfatizó Martínez.
Por una agricultura sustentable
El proyecto de la Ley de Semillas fue construido en colectivo desde 2013 y aprobada en primera discusión de 2014. Desde entonces la Comisión de Finanzas inició la consulta pública del proyecto, paso previo a su posterior autorización en segunda discusión de la plenaria del Parlamento, tal como lo establecen las leyes venezolanas.
La Ley está fundamentada en el artículo 305 de la Constitución, que establece que el Estado debe promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, para garantizar la seguridad alimentaria.
Orailene Macarri, vocera de la Confederación Socialista de Pescadores y Campesinos Hugo Chávez, coincide con Martínez y alega que no aprobar la ley de semillas representa “un fuerte retroceso para el país” luego de los grandes avances que se han alcanzado desde la promulgación de la Ley de Tierras hace 14 años.
“Nos estaríamos jugando a que se introduzcan en el país los paquetes de semillas transgénicas que están secando nuestra tierra. Cuando los campesinos vamos por la ley de semillas, vamos por la salud, por el bienestar humano porque todo depende de lo que consumimos”, manifestó Macarri.
Esta norma busca consolidar la soberanía alimentaria nacional, regular la producción de semilla híbrida y rechazar la producción, distribución, importación e investigación de semillas transgénicas. Estas últimas son aquellas que han sido generadas a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro ente para producir las características deseadas.
“Nuestro aporte a la Ley de Semillas es que sea autóctona, que sea nuestra semilla la que se proteja y esté en nuestra siembra, por ello estamos desplegados 9.700 productores a nivel nacional en asambleas para defenderla”, subrayó la vocera campesina.
Sistema Nacional de Semillas
La Ley de Semillas propone la creación de un Sistema Nacional de Semillas que fiscalice y controle, a través de un centro especializado, “con capacidad y fuerza, tanto en lo técnico como en lo organizativo e institucional, para prevenir, identificar, detectar, corregir, evitar y sancionar las violaciones a esta prohibición”, refiere el proyecto.
La institución tendrá como objetivo fundamental proteger la semilla campesina, que es aquella que ha formado parte de la cultura del pueblo durante años de cultivos y diversidad de cruces.
La propuesta jurídica proyecta la instalación de un centro con laboratorios y personal capacitado para identificar la semilla transgénica y de esta forma proteger la campesina, indígena y afrodescendiente, que garantiza, además, la producción de alimentos de mejor calidad nutritiva, dado que los híbridos y los transgénicos son altamente contaminantes.