Informe de Red de Apoyo demuestra que más del 50% de los 142 fallecidos en guarimbas de 2017 no participaban en manifestaciones

Foto: @ANC_ve

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión de la Verdad, Delcy Rodríguez, dio cuentas este lunes de la reunión con la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización no gubernamental (ONG) con 32 años de existencia, que presentó el informe especial “Memoria de la Violencia, período abril-julio 2017: nos faltan 142”, un trabajo sobre las guarimbas o hechos violentos de 2017. La ONG revisó caso por caso y entrevistó a todos los familiares de los 142 fallecidos. Determinó que más del 50 por ciento de las víctimas fatales no participaban en las alteraciones del orden público, sino que pasaban por el lugar. Contrario a lo que se cree fuera del país, sólo 36 por ciento de los fallecidos fueron víctimas de funcionarios del Estado, y casi todos los victimarios están siendo procesados.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Delcy Rodríguez destacó la inactividad del Ministerio Público para la época, y que, a través de la impunidad, se promovió que continuaran los hechos violentos.

También destacó la determinación de la responsabilidad de agentes del Estado que pudiesen haber incurrido en violaciones de derechos humanos, haciéndolo “de forma aislada y atendiendo a motivaciones personales”. Señaló también el número importante de funcionarios que resultaron heridos o perdieron su vida en el cumplimiento de sus funciones.

Red de Apoyo presenta a Comisión de la Verdad informe sobre 142 muertos en guarimbas 2017

Mire este video en Youtube.

Soraya El Achkar, miembro de la Red de Apoyo y de la Comisión, agradeció a todas las víctimas y sus familiares por abrirles las puertas, indistintamente de su preferencia política, así como a las instituciones que permitieron revisar expediente por expediente. “La Red de Apoyo recogió los casos de 142 víctimas fatales (…) pudimos revisar los expedientes asentados en el Ministerio Público y las causas de la muerte, y con esa información armamos la investigación”.

Se abarcó el período entre abril y julio de 2017. “Hay muchos datos en el informe, que poco a poco será revisado en la Comisión, y lo iremos publicando paulatinamente”.

Indicó que el 36 por ciento de las personas fallecidas son responsabilidad del Estado y el resto son responsabilidad de civiles, “asunto que nos llama poderosamente la atención y hacemos el llamado a la sociedad venezolana, porque la responsabilidad que tenemos como sociedad para que estos hechos no ocurran de nuevo es enorme”. Destacó que todos somos responsables como sociedad para que eventos como estos no sigan ocurriendo.

“Hay mucha evidencia de que los eventos en los que ocurrieron víctimas fatales, fueron financiados especialmente por grupos viculados a la oposición venezolana“. Calificó esto de ser muy doloroso, porque muchas de las personas que perdieron la vida “no estaban participando en la manifestación de manera activa. Más del 50 por ciento pasaba por el lugar y, producto por la violencia enquistada en lugares que hemos llamado ‘guarimbas’, terminó con la vida de la gente”.

“El trabajo que tenemos como sociedad venezolana es que estas cosas no ocurran. Debemos exigirle a todos los partidos políticos, especialmente a los partidos de oposicióny a quienes ejercían responsabilidad de gobierno, asumir como la responsabilidad que estas cosas no se pueden repetir en el país”. Señaló que hay evidencias de que alcaldías y gobernaciones, gobernados por la oposición venezolana, financiaron a grupos y gente vinculadas con delincuencia, así como a la violencia que terminó con la vida de la gente.

El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, destacó que el informe contiene el informe contiene el testimonio sistematizado de más de 140 familias que dicen al país y al mundo que “esto no puede volver a ocurrir; nunca más se puede usar la violencia y la eliminación física de quien piensa distinto distinto como forma de lucha política”.

 

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